Hay debate esta tarde en el Senado. Pero como no va Sánchez, porque está en Bali, y como Feijóo no pregunta nada al Gobierno -porque él si no está Sánchez no habla-, tendrá mucho menos eco, qué le vamos a hacer, en los medios.
Y eso que al debate llegará la vicepresidenta Calviño -estrella parlamentaria emergente- con el dato de inflación definitivo de octubre, más aliviado que el de septiembre y aún más que el de agosto; y eso que al debate llega el ministro Bolaños decidido a seguir cantando las bondades de quitarle delitos al Código Penal en aras de la convivencia de los catalanes; y eso que al debate llega el ministro Marlaska decidido a comprometer, por enésima vez, su palabra en la afirmación de que nada ilegal ni trágico sucedió en la parte española del puesto fronterizo de Melilla el veinticuatro de junio.
Hay marejada entre Ángel Gabilondo y el ministro Grande-Marlaska
Si alguién pensó que el asunto de Nador, y la muerte de veintitrés (o más) inmigrantes asfixiados o aplastados había quedado ya olvidado por la nueva tormenta política que empezó el jueves, abandone toda esperanza porque hay dos instituciones que aún no han dicho su última palabra. Una es la Fiscalía, que tiene ya la respuesta de Interior a su último requerimiento sobre los vídeos; y otra es el Defensor del Pueblo, que discrepa de algunas de las explicaciones que dio Interior en el primer momento.
Devoluciones en caliente, como las llamaba el PSOE en la oposición o rechazos en frontera, como prefiere llamarlas ahora
El Defensor da por probado que agentes marroquíes actuaron en suelo español y que les fueron entregados inmigrantes que habían alcanzado nuestro territorio (devoluciones en caliente, como las llamaba el PSOE en la oposición o rechazos en frontera, como prefiere llamarlas ahora), pero no llega a concretar en qué situación física estaban esas personas. Sí niega que Guardia Civil no tuviera constancia del riesgo en el que se encontraban los inmigrantes amontonados, y en eso sí le lleva la contraria al ministerio.
El ministerio alega que este informe que ahora se conoce es anterior a las explicaciones detalladas que le hizo llegar al Defensor la semana pasada. Digamos que hay marejada, que aún no tormenta, entre Ángel Gabilondo y el ministro Grande Marlaska.
Reforma impulsada con quienes embistieron contra la Constitución
Dijo ayer la ministra portavoz, y dijo bien, en su muy comentada entrevista en este programa que el Parlamento es la institución legítima para modificar el Código Penal. Así es. Y que el procedimiento que han emprendido los grupos gubernamentales para cambiar delitos y penas es perfectamente democrático. En efecto, lo es.
La potestad de la mayoría parlamentaria para modificar los tipos penales no es discutible. Las razones del presidente del Gobierno para impulsar esa reforma, sí, y el hecho de que tenga negociados los términos con quienes promovieron la embestida contra la Constitución hace cinco años, también. Eso, y la vía express que ha elegido para torear al Consejo General del Poder Judicial -qué habrían pensado los tres ministros jueces cuando ellos eran vocales del CGPJ-.
Todo está relacionado: votar a la vez las cuentas de la ministra Montero y la rebaja de penas para los de Esquerra Republicana
Eso, y la ristra de medias verdades, amnesias premeditadas y falsedades notorias con que ha construido un argumentario que les cuesta defender -cómo no iba a costarles- a ministros y ministras que se van enterando de los planes una vez decididos y sin que nadie les haya pedido criterio.
A Patxi López le pregunté aquí hace una semana a qué las prisas para reformar el Código Penal. Y negó la mayor, que diría un tertuliano.
Hay que agradecerle al Gobierno que no disimule
No les quemaba las manos, pero han pisado el acelerador parlamentario en el empeño de que la sedición ya esté borrada del Código cuando empiece el nuevo año. El Gobierno quiere resolverlo todo a la vez: los Presupuestos, el Código Penal y los nuevos impuestos a las energéticas y la banca. Hay que agradecerle, al menos, que no disimule.
Qué mejor forma de admitir que todo está relacionado que votar a la vez las cuentas de la ministra Montero y la rebaja de penas para los de Esquerra Republicana. Que como dijo ayer aquí la ministra portavoz tienen al Gobierno central muy satisfecho porque ahora cumplen las normas democráticas. Cuánto mérito.
Malversar de forma más o menos grave
Lo último, como ya contamos ayer, es lo de la malversación. Aliviar las penas de los malversadores alegando que aunque utilizaran el dinero de todos para fines ilícitos, si no se enriquecieron al hacerlo merecen un trato más suave. Inició ayer la defensa de esta nueva emergencia penal la ministra-juez Margarita Robles.
Cabría pensar que depende, ¿no?, depende de para qué use el dinero público que el malversador no se lo lleva a su bolsillo. Pongamos que el vicepresidente de la Generalitat distrae cien mil euros del presupuesto de su departamento. ¿Es más grave si se los ingresa en una cuenta personal en Suiza que si paga con ese dinero la arremetida contra los derechos políticos del resto de los ciudadanos? ¿Más grave, menos grave, igual de grave?
Destinar unos cuantos miles de euros a comprar voluntades o sustanciar un referéndum ilícito, no es corrupción, es administrar mal los recursos públicos
Éste es el nuevo estribillo que viene. Corrupción es llevártelo calentito. Gravedad máxima. Pero destinar unos cuantos miles de euros a comprar voluntades o sustanciar un referéndum ilícito, pongamos por caso, eso no es corrupción, es administrar mal los recursos públicos. Aunque, por el camino, el administrador corrompa las instituciones, engañe a los contribuyentes y se apropie indebidamente de la Generalitat catalana.
Todas las reformas beneficiarán a los mismos
Pero bueno, debe de ser que la malversación (aguarla) tambien fue un compromiso que asumió en su investidura el presidente Sánchez, de esos compromisos que ahora todos sus ministros recuerdan vivamente pero que hasta anteayer negaban que estuvieran sobre la mesa.
Todas las reformas que se anuncian van en la misma dirección y todas beneficiarán a los mismos. Ni siquiera se molesta en desmentir el Gobierno que, en efecto, los destinatarios son quienes ya delinquieron. En qué quedó aquel alegato de la ministra de Justicia, desparecida en combate, contra las reformas del Código diseñadas a la medida de casos y personas concretas. Ministra Llop, ¿en qué quedó?
Ni siquiera se molesta en desmentir el Gobierno que, en efecto, los destinatarios son quienes ya delinquieron
Alejada de casos concretos. Ya, ya. Jové, Salvadó, Garriga. Griñán. Qué trago debe de ser a veces ser ministra. Y encima, de Justicia.
