Monólogo de Alsina: "Ayudaría a combatir esta etapa de inestabilidad que Sánchez empezara por estabilizar su propio discurso"

Pero ahora que está en el poder, resulta que a él le horroriza que pueda ser ministro alguien que no tenga una experiencia de gestión acreditada. O eso dijo anoche, en La Sexta, para justificar que naufragara su intento de gobierno en coalición con Podemos.

El 95 %, nada menos, señora. Hombre, Podemos sacó el 15 % del voto. Se le ha ido la mano con la hipérbole al economista.

Uno entiende que al candidato del PSOE le valga cualquier coartada para defender su posición ---sólo faltaba---, pero él es el primero en saber que no fue el currículum de los ministros que quería nombrar Podemos lo que hizo descarrilar el casamiento. De hecho, ¿quiénes son esos ministros tan torpes, tan inútiles, que quería colocar Iglesias? Denos nombres, presidente, denos nombres. ¿Y qué experiencia de gestión tiene la vicepresidenta que él ya había aceptado, Irene Montero? ¿Por qué ella sí valía? Se lo preguntó Ferreras pero nos quedamos sin respuesta.

Paréntesis: la señora Montero, reaparecida, llegó a decir ayer que ellos, los de Podemos, nunca han querido sillones.

Vaya que no. Claro que los querían. De hecho, el acuerdo descarrilló porque querían sillones más grandes, con más presupuesto y más autonomía para gestionarlo al margen de la presidencia.

Uno entiende que a Podemos le toca convencer a quienes le votaron en abril con la bandera aquella de la alerta antifascista, la alianza de las izquierdas y todo aquello, que hayan hecho naufragar un gobierno de coalición de izquierdas porque les pareció poco lo que Sánchez llegó a ofrecerles. Pero eso fue lo que pasó. Creyeron que apretando obtendrían más y se quedaron a dos velas.

Volviendo a Sánchez, anoche con Ferreras, ahora le vale como coartada hasta Ada Colau. Qué interesante pasaje: cuando Sánchez afirma que un gobierno de coalición con Podemos hubiera entrado en crisis ayer mismo porque Colau, que no es Podemos pero como si lo fuera, llama a movilizarse a los catalanes contra la sentencia del Supremo.

Que Iceta puede compartir el gobierno de Barcelona con Colau aunque ella se tire al monte pero él no puede gobernar con Iglesias porque viene la sentencia del Supremo. Pequeño recordatorio sin ánimo de molestar: hace siete meses Sánchez le estaba ofreciendo una mesa de partidos nacionales con relator empotrado a Puigdemont y a Junqueras. No le incomodaban tanto entonces ni Colau ni Iglesias.

Resumen de la entrevista: que el presidente que ofreció un trozo del gobierno de España a Podemos creyendo que así amarraba su investidura declara que no dormiría tranquilo si Podemos hubiera formado parte del gobierno de España. O sea, la esencia misma de lo que es Sánchez. Lo que hoy vendo como la mejor solución para el país mañana a mí mismo me horroriza. Con razón vivimos una etapa de inestabilidad. Ayudaría a combatirla que el presidente empezara por estabilizar su propio discurso.

En marzo de 2018 escuchamos en este programa a Patricia Ramírez, recién confirmada la muerte violenta de su hijo Gabriel, pedir que no hubiera ni declaraciones de odio ni de rabia contra Ana Julia Quezada. Que lo que tuviera que pagar con la Justicia lo pagara.

En la tarde de ayer, recién comunicado el veredicto del jurado que declara a Ana Julia Quezada asesina de Gabriel, con alevosía y sin atenuante, Patricia dio por conseguido aquello que en 2018 confiaba en tener: justicia.

En la historia, desoladora, del crimen de Gabriel, sólo queda por escribirse un capítulo. Ahora que ya hay veredicto de culpabilidad –-culpable de asesinato y culpable de haber prolongado el dolor y la angustia de los padres ocultando lo que había sucedido— queda por anunciarse la pena. Los años de prisión que habrá de cumplir esta mujer, por la que nadie va a derramar una lágrima, o la pena de prisión permanente, lo más cercano que en nuestro código penal existe a pasar el resto de sus días en una celda. La pena le corresponde decidirla a la juez.

La prisión permanente revisable llegó al Código Penal con un grado de rechazo parlamentario muy alto (sólo la defendía entonces el PP), pero seguirá en el Código porque ya ningún partido hace bandera de su retirada. Sólo si el Tribunal Constitucional dictaminara que es contrario a la Constitución mantener a un recluso (o reclusa) en prisión indefinida dejaría de existir esta máxima pena. Y el Constitucional, como sabemos, lleva cuatro años y medio sin querer menearlo.

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