Monólogo de Alsina, sobre las cámaras en las aulas: "El debate entre el equilibrio de la privacidad y la seguridad"

Mira el Tribunal Constitucional, que lleva cuatro años sin ventilar si la prisión permanente revisable (la pena que le puede caer a Ana Julia Quezada, por ejemplo) es constitucional o no. O la ley de plazos del aborto, que está en vigor desde hace nueve años sin que el Tribunal haya resuelto el recurso que presentó el PP. El que esté libre de retraso que tire la primera piedra.

Muchos de los debates que acabaron traduciéndose en una reforma de nuestras leyes empezaron en un documento como éste que presentó ayer María José Segarra, una mujer cuyo nombre a usted es probable que ni le suene pero que ocupa uno de los puestos más relevantes de nuestra vida pública: es la fiscal general del Estado. Quizá la fiscal general del Estado más breve de la historia, porque su cargo caduca cuando caduca el gobierno que la propuso. No consta que Sánchez vaya a ofrecerle a Podemos la fiscalía general del Estado en la tómbola ésta que se ha inventado para tenernos distraídos a todos, pero bien sabe la señora Segarra que en cuanto haya nuevo gobierno —con elecciones entre medias o sin ellas— su puesto podría ser encomendado a alguien que no sea ella.

De momento, en todo caso, la fiscal general ejerce y ayer se extendió sobre algunas propuestas que, de entrada, levantan revuelo pero que podrían acabar formando parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las cámaras en las aulas y los despachos de los colegios. No sólo de los colegios, pero también de los colegios.

Plantea la fiscalía su preocupación por un hecho: hay más abusos sexuales a menores que el año anterior, o —en rigor— hay más delitos probados como tales en los que un menor es la víctima. El incremento es lo bastante acusado como para que los fiscales expongan esta sospecha: 'Precisamente por ser actos que suceden en la intimidad, no hay que descartar que se mantenga un indefinido índice de impunidad, cometiéndose con gran frecuencia aprovechando las relaciones próximas entre la víctima y el agresor: la familia, el colegio, los clubs deportivos, por ejemplo'.

Los delitos denunciados y probados como tales aumentan, a la vez que aumenta la percepción de la fiscalía de que hay muchos casos que no llegan al juzgado y que quedan sin castigo. El agresor —lo sabemos— aprovecha la intimidad (no hay testigos) para cometer el abuso. Y a la acusación le genera la dificultad de probar, ante el tribunal, los hechos. Es frecuente que la víctima sienta vergüenza y que la denuncia se produzca mucho tiempo después de ocurrido el abuso, es decir, que faltan pruebas. O la revés (se menciona también): personas, inocentes, que sufren acusaciones públicas y que no logran refutarlas porque parece que se les exige probar que no ocurrió lo que no ocurrió, ya me dirás cómo se hace eso.

Y ahí es donde introduce la fiscalía su propuesta: normalizar la presencia de cámaras de vídeo en los espacios cerrados, dice, despachos, aulas, para contar al menos en esos recintos con material probatorio del abuso. O en su caso, de la inexistencia del abuso.

No profundiza más en la idea ni alcanza a llevar el debate a donde tendría que acabar llegando, que es: quién tiene acceso a las imágenes que graban esas cámaras, quién controla el uso que se les da, quién decide lo que se hace con eso. El equilibrio entre la privacidad y la seguridad, una vez más.

A estas hora ya sabrá la fiscal Segarra que su propuesta ha merecido el rechazo de los sindicatos de docentes (CSIF, Anpe) y de la confederación de padres Concapa.

Éste es el argumento principal de quienes se oponen: entienden que se convierte al profesor en sospechoso. Los partidarios se preguntan sospechoso de qué, hasta qué punto lo que suceda en un aula, o en un despacho, en donde esté presente un menor tienen derecho a conocerlo, a verlo, a supervisarlo, los padres de ese niño.

Somos más abrir debates que de cerrarlos, pero bienvenidos sean los debates que sirven para recordarnos que los cambios legales afectan a nuestros hábitos diarios.

De lo de Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, ni contigo ni sin ti, qué quiere que le cuente. Que están sometiendo al país a una prueba de resistencia. De resistencia ante la monserga. Una prueba de paciencia nacional. Tres meses y medio llevamos con este serial. Y ya se ha convertido en un tostón.

Sí, hoy se vuelven a reunir. La señora Calvo, contorsionista argumental. Y el señor Echenique, que tampoco se queda corto. Ambos ejecutando las órdenes que les llegan desde sus cuarteles generales: la Moncloa y la Navata. Madrid y Galapagar.

En Podemos empiezan a dar señales claras de que jugársela a la ruleta de las urnas genera vértigo. Dice el líder galapagueño, sufridor en casa: seguro que al final Pedro nos ofrece una coalición.

Igual que hicieron en julio. Ésta es la cosa, Pablo, que ya te lo ofrecieron y no te pareció suficiente. Humillante dijiste que era. Cómo ibas a aceptar una vicepresidencia y tres ministerios.

Dice Noelia Vera: que nos ofrezcan lo de julio y nos ponemos de acuerdo en un momento.

¿Seguro? A ver si os van a ofrecer una coalición y entonces le ponéis pegas al nombre de los ministerios. En Podemos la canción de la semana es 'ofréceme lo mismo que en julio y, sin pensarlo, te lo compro'. En el PSOE, la canción es 'disimula, disimula, que no parezca que ya hemos encargado el catering para la noche electoral de noviembre'.

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