El monólogo de Alsina: Aún está a tiempo de evitar el ridículo el claustro de la universidad de Girona

Cómo se le ocurre, siendo catalana y habiendo sido bendecida para el puesto por Convergencia, cómo se le ocurre admitir -no una vez sino dos- un recurso del gobierno central sobre la consulta del domingo. Dónde vamos a parar, si nuestra mujer en el Constitucional, eh Artur, se pone del lado del enemigo. Así no hay manera de ganar esta batalla.

El claustro docente de la Universidad de Girona -centro público que presume de buscar la excelencia académica- considera necesario debatir el jueves si se le quita el doctorado honoris causa a la señora Roca. En su día le fue concedido porque era una catalana ejemplar, cum laude en la universidad Autónoma de Barcelona, primera mujer catedrática de derecho civil, magistrada del Supremo, miembro de la Academia de Jurisprudencia de Cataluña y Cruz de Sant Jordi, un currículum abrumador que, de momento, no han igualado los profesores de este claustro que ahora le discuten sus méritos.

No niegan ni su carrera, ni su preparación, ni su prestigio pero, ay, les ha fallado al sumar su voto (hace un mes y también hoy, día de la marmota) a los otros magistrados del Constitucional para admitir a trámite un recurso del gobierno central. Comportamiento inaceptable, a decir de algunos profesores y alumnos de esta universidad, que revela una intolerable falta de compromiso con Cataluña y sus instituciones. ¡Devuelva el birrete y póngase a fregar el suelo de las aulas, castigada, señora, por traidora!

Cuando una institución hace el ridículo, debe ser lamentado. Cuando esa institución es una universidad, el bochorno es aún mayor: es a la universidad a quien se le supone amor por la sabiduría y el conocimiento, no por la tergiversación interesada de la realidad para promover linchamientos de personas altamente preparadas y que no han cometido falta alguna. En rigor, y como debería saber el claustro entero de la universidad de Girona y de cualquier otra, lo que Encarnación Roca, en coincidencia con todos los otros magistrados del Constitucional, ha dicho hoy -y dijo el 29 de septiembre-- es que se dan los requisitos necesarios para que la demanda presentada por una administración (en estos dos casos, el gobierno de la nación) sea admitida.

Admitida para su estudio, debate y posterior decisión, se entiende, porque el hecho de ser admitida, como sabe también el claustro, no presupone cuál será el sentido de la sentencia. Y que fruto de esa admisión a trámite, se produce la suspensión automática de aquello que el demandante ha impugnado, es decir, la consulta remasterizada que el gobierno catalán, sin convocarla formalmente, estaba organizando. Suspensión que tampoco prejuzga si esta consulta B -marca blanca de la genuina- encaja o no en la Constitución, porque sobre éste que debería ser el fondo del asunto, si hacer una consulta como ésta encaja o no en la Constitución que hace posible que el president de la Generalitat tenga ese cargo, no se pronuncia aún.

Que el pleno del Constitucional haya alcanzado estas dos decisiones -la primera suspensión y ésta segunda- por unanimidad de todos sus magistrados carece, en realidad, de relevancia. No cabe sorprenderse de que doce personas estén de acuerdo en que el sol sale cada mañana, o en que dos veces al año se cambia la hora, o en que el timbre suena porque alguien lo toca. Es la misma unanimidad con que se han admitido decenas de demandas que la Generalitat ha presentado en los últimos años contra decisiones de otras administraciones que no compartía, sin que conste que ninguna de esas admisiones a trámite ha provocado que el claustro de ninguna universidad promueva la imposición de una sanción a magistrado alguno.

Concluir, de la aplicación de una norma que no tiene más vuelta de hoja, que el Constitucional se ha pronunciado ya sobre la legalidad de la consulta A o del remedo de consulta, es una estafa intelectual impropia de quien dice buscar la verdad y propia de quien ama la propaganda. Artur Mas-y-compañía podrían haber optado por hacer, en coherencia con su discurso, lo siguiente: dado que el Constitucional pide tiempo para analizar si una consulta como ésta es constitucional (es decir, para valorar los argumentos que ellos mismos le han expuesto porque entienden que sí lo es), esperemos a ver qué resuelve el Alto Tribunal en su condición de árbitro.

Paremos la máquina, tiempo muerto, hasta que el Constitucional resuelva. Después de todo, qué prisa puede tener el 129 president si lleva trescientos años esperando a poder devolverle el golpe a Felipe V. Pero, en contra de lo que tantas veces predicó el president, ha quedado patente que lo prioritario, para él, no es celebrar una consulta con garantías, sino hacerla el nueve de noviembre. No es la consulta, sino la fecha, su fecha, aquella que los promotores de la cosa decidieron. Primero, porque ellos saben desde el primer minuto -se lo hizo ver su Consejo de Sabios para la Transición Nacional- que esta fórmula de alumbrar una ley autonómica como paraguas para una consulta no pactada con el gobierno central es, como poco, discutible desde el punto de vista de su encaje legal.

Y, segundo, porque aunque ellos mismos hayan subrayado cienes y cienes de veces que hasta que el Tribunal no se pronuncie nadie puede afirmar, en rigor, que la consulta sea ilegal, gran verdad, llegados a la semana de autos eso ya ha dejado de interesarles. Se trata de hacer algo el día nueve, lo que sea y aunque sea votando Bob Esponja, para poder decir que a ellos no los frena nadie, nosotros decimos, nosotros decidimos.

El gobierno central, que inicialmente no veía muchas razones para impugnar esta otra consulta puesto que no pasa de ser una manifestación en fila india, cambió de idea y acabó recurriéndola. Es fruto de eso, no del Constitucional, por lo que ahora tiene el president la ocasión de presentarse como un jugador rebelde que sigue avanzando hacia la portería aunque el árbitro haya parado el partido de solteros contra casados. Y aunque el gol no valga. La consulta, sucedáneo o remedo de consulta, se hará el domingo aunque carezca de valor alguno y haya quedado reducida a la condición de movilización o puesta en escena.

No se preocupen los promotores, habrá colas ante la urna de cartón y estarán los fotógrafos de las agencias internacionales para inmortalizarlo. El rey Artur podrá presumir de haber salvaguardado la libertad de expresión del pueblo oprimido rebelándose ante una decisión administrativa que sólo buscaba silenciarlo. Ya está el guión escrito, sólo queda representarlo.

Quien aún está a tiempo de evitar el ridículo es el claustro de la universidad de Girona. Aún está a tiempo de olvidar esta pavada de quitarle el honoris causa a una señora que sólo ha hecho su trabajo. Aunque el mero hecho de que haya profesores de universidad que interpreten de manera tan retorcida los hechos pone en cuestión la solidez intelectual del centro en el que trabajan.