El primero, que es el del Consejo del Poder Judicial es inclusivo, digamos: incluye un voto particular, siete en contra, doce a favor y mete a Dolores Delgado en vía ya para su nombramiento como fiscal general del Estado. El gobierno ya tiene el dictamen preceptivo del Consejo, no es unánime en favor de la señora Delgado pero sí es favorable (12 a siete). Lo fuera o no lo fuera el gobierno iba a seguir para adelante, pero la votación desmiente el salmo ése que dice que el Poder Judicial es de derechas y que el PP lo controla a su antojo. Para ser de derechas el Consejo, le ha dado su bendición a la elegida de Sánchez.
El otro dictamen (que aún permanece secreto) también es inclusivo. Incluye las consideraciones de los académicos de la lengua sobre la forma en que está redactada nuestra Constitución. Este encargo que le hizo la vicepresidenta para tener un criterio experto, digamos, sobre cómo reescribir la Constitución para que refleje que somos hombres y mujeres.
Recordemos cómo empezó este asunto. Hace un año y medio. Carmen Calvo recién llegada al gobierno.
La Constitución dice 'diputados, ministros, españoles, ciudadanos' y el gobierno entiende que es mejor que diga 'diputados y diputadas, ministros y ministras, presidentes y presidentas', etcétera. La vicepresidenta quiere reescribir la Constitución (no ella personalmente, o sí) pero busca que sean quienes más saben del idioma los que le digan cómo hacerlo.
Como se ve, el encargo tenía trampa. Quien lo encarga, que es Calvo, ya dice lo que quiere recibir: el lenguaje correcto y verdadero es el que dice 'españoles y esañolas'. Si no, no le vale. Por eso cuando algunos académicos opinaron que no había necesidad de cambiar nada, ella se apresuró a decir que la Constitución se reescribiría con la RAE o sin la RAE. Como lo del Poder Judicial: se le pide opinión pero en el fondo da igual lo que opine.
Los académicos, en todo caso, asumieron en encargo y han dedicado a ello unas horas. El dictamen lo conoceremos el lunes. Pero que se ha filtrado que, en esencia, dice que el lenguaje de la Constitución ya es inclusivo. ¿Significa eso que no puede cambiarse? No. Probablemente la Academia también diga eso: no somos quienes para decir cómo deben escribirse los artículos, solo decimos que en español al decir 'los ministros' se entiende que son los ministros y las ministras.
Es decir, que si la vicepresidenta (y no sólo ella) consideran positivo que se explicite que hay hombres y mujeres hacen muy bien en defenderlo. Pero el argumento correcto es ése: que desdoblar el lenguaje tiene efectos positivos, no que tal como está redactado ignore a las mujeres. Naturalmente que la Constitución incluye a las mujeres, lo contrario sería un disparate. Dices: pero viene bien que se diga españoles y españolas. Vale. Pero no exprésese usted con claridad, que tampoco cuesta tanto. Y no olvide que, al final, los cambios en la forma de expresarnos son fruto del hábito, no de los decretos o las leyes. Hoy todos decimos la presidenta, o la vicepresidenta, pero nadie dice la siguienta, ni siquiera Irene Montero. Hay quien dice jueces y juezas, quien prefiere los jueces y las juezas y quien entiende que con decir los jueces ya incluye a todos. Jueza está muy extendido y fiscala, sin embargo, casi nadie lo usa. ¿Por qué? Porque el idioma sigue cauces a menudo ingobernables. Use el gobierno las expresiones que desee, si le parece urgente reescribir la Constitución póngase a ello, pero admita con naturalidad y sin satanizar al personal las opiniones discrepantes. Es ridículo que un gobierno le declare la guerra a la RAE.
Que igual lo primero que harían bien en tener presente los gobernantes es que el lenguaje tiene que servir para entenderse. Para que los gobernados entendamos lo que dice.
El lenguaje político acostumbra a ser lo contrario del lenguaje común. Porque no está concebido para hacerse entender sino para hacer camuflaje. Unos camuflan lo que piensan envolviéndolo en palabras ambiguas, otros camuflan que no tienen gran cosa que decir estirando las frases y amontonando palabras. Ya hemos visto lo que ha pasado con los nombres de los ministerios: cuanto más largos, mejor. Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Sabe la mayoría de la sociedad qué es la agenda 2030? Me arriesgo: ni de broma.
La batalla de cambiar las expresiones es muy legítima. Si la ministra de Igualdad, por ejemplo, considera relevante que le llamemos a las cosas de otra manera, es coherente que persevere en ello. Si entiende que es importante que la 'Dirección General de Igualdad de Trato' pase a llamarse 'Direccion Gral De Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial' hace muy bien en rebautizarla. Pero lo principal es que la gente entienda de qué está hablando. Si considera que es importante que dejemos de decir 'personas de tal o cual raza', negras o blancas, o amarillas o rojas, y empecemos a decir 'personas racializadas' hace muy bien en usar ella misma esa expresión, siempre que antes se acuerde de explicar qué significa y por qué la prefiere.
La ministra de Igualdad había anunciado a una señora blanca, Alba, como directora general de Diversidad Étnico Racial pero se quejó un colectivo y cambió a la elegida por otra señora, ésta de raza negra.
Lo primero es que que te entienda. Porque si la mayoría del país no sabe qué es una persona racializada, al decirlo sin más explicación sólo estás consiguiendo que se te vea como alguien tan acostumbrado a hablar sólo con gente de su círculo político-ideológico y terminológico, con vuestro lenguaje de madera, que olvida a quien no forma parte de la burbuja y con tanta innovación en el lenguaje inclusivo se queda fuera. No hay nada tan excluyente como que no se entienda una palabra de lo que dices.
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