El lunes, a esta hora, les conté la historia del secuestro de más de trescientos niños y adolescentes de un internado de Nigeria. No iba a tener –les dije—la repercusión que hace seis años tuvo una historia gemela: las chicas de Chibok, doscientas setenta y cinco capturadas (y maltratadas), cien de las cuales permanecen, aún hoy, desaparecidas.
Anoche el gobernador de Katsina anunció la liberación de 344 niños. Sostiene que todos ellos se encuentran bien y que a lo largo del día serán trasladados a su pueblo y devueltos a sus familias. No ha ofrecido detalles de la liberación pero se sabe que el gobierno estaba negociando desde el miércoles con los secuestradores. Que según el gobernador no eran Boko Haram, sino una filial adiestrada por el fanático que lidera a esta banda, el tal Shekau.
La coartada de los yihadistas para justificarlo el secuestro es la misma que usaron con las niñas de Chibok: una escuela en la que no se educa en el yihadismo es una ofensa a dios. El procedimiento para aterrorizar al resto de los padres, de los profesores, de los estudiantes de las otras escuelas también ha sido idéntico al de entonces: obligar a los niños secuestrados a grabar un vídeo en el que disuadían a sus familias de seguir buscándolos.
'Tenéis que disolver los grupos de seguridad en las escuelas y cerrar todas salvo las coránicas'. El crío que habla tendrá unos quince años. ‘Retirad los soldados enviados a buscarnos, por favor’. Detrás de él se ve a veinte o treinta niños. Boko Haram dice que son más de quinientos los que secuestró el viernes. Entre ellos estaba Mustafa, el hermano (mellizo) de Abdulhadi.
Este niño que ha contado a la BBC que él consiguió escapar, pero que a su hermano se lo llevaron y que temía no volverle a verle. Si todo va bien, y si la información que ha dado el gobernador es cierta, hoy Abdulhadi podrá reunirse de nuevo con Mustafa y esperarán juntos a que sus padres les informen de cuándo se vuelve a abrir la escuela.
Qué tal, cómo están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 18 de diciembre de 2020. El día del trastorno.
A una semana justa de la Navidad, hay familias obligadas a rehacer sus planes. Varios gobiernos autonómicos rebajan el número máximo de asistentes a la cena de Nochebuena y la comida de Navidad.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el nuevo límite es de seis personas. Y los familiares que residen en otras regiones no podrán desplazarse para comer o cenar en Navidad.
Ninguna reunión podrá ser de más de seis personas, pertenecientes sólo a dos hogares, y con toque de queda desde las once de la noche. La única excepción será que el toque de queda en Nochebuena empezará en la medianoche.
Esta misma medida, seis como máximo, se ha anunciado ya en Baleares y en Canarias. Otros gobiernos autonómicos la están barajando. Cataluña lo confirmará seguramente esta mañana. Hoy tienen previstas comparecencias el presidente de Castilla y León, Mañueco, y la señora Díaz Ayuso en Madrid. La primera de estas regiones presenta una incidencia acumulada inferior a la media de España; la segunda ha pasado a ser ahora la que tiene la mayor incidencia de la Península. El tono de sus gobiernos es bien distinto. Díaz Ayuso no prevé ni el cierre de la comunidad ni el cierre de la hostelería: apuesta por intervenir sólo en los barrios donde hay más repunte, como hizo en octubre y noviembre. Igea, el vicepresidente de Castilla y León, anima a los ciudadanos a ir más allá de las obligaciones y evitar moverse y juntarse estas navidades. Reitera este gobierno autonómico que debería haber un plan común para todo el país y que tiene poco sentido que el gobierno central anuncie severidad cuando luego les pasa la patata a los gobiernos regionales.
Lejos de haber armonización navideña, va habiendo cada día menos homogeneidad, con el trastorno que eso está generando a las familias que tienen a los hijos trabajando en una región distinta a donde viven los padres, por ejemplo, y andan planeando viajes y echando cuentas de los que son para comer o para cenar. El ministro Illa convocó anoche una declaración ante la prensa para este mediodía sobre la que el ministerio no ha adelantado aún nada.
La incidencia acumulada en el país (la media nacional) tiene ya una clara tendencia hacia arriba. Con el puente de la Constitución terminó aquel bajón sostenido que tantas esperanzas generó en noviembre y empezó este repunte en el que ya estamos. De momento aún tenue en la estadística oficial (el lunes estábamos en 193 casos por cien mil, hoy en 207) pero con la impresión general de que difícilmente se le va a poder dar la vuelta hasta que no pasen las fiestas navideñas, y mucho después de que terminen si no se logran contener estos días los contagios.
Lento significa que no se dispara la incidencia pero que al menos hasta la segunda mitad de enero no volveremos a tener buenas noticias. Y ello aunque dentro de nueve días pudiera estar empezando a administrarse ya la vacuna. Que es la mayor inyección de moral que tenemos a la vista: el hecho de que vayamos a terminar el 2020 habiendo empezado ya a vacunar (mucho antes de lo que en primavera preveía la Organización Mundial de la Salud). La Unión Europea confirmó ayer que el 27 estarán las primeras decenas de miles de dosis de la Pfizer en manos de los gobiernos nacionales. La farmacéutica, por contrato, entregará su material en tantos lugares distintos como el gobierno del país haya establecido y, a partir de ahí, serán los gobiernos nacionales los que se encarguen. En lo que hace a España, Pzifer entregará sus vacunas a la administración en cada una de las provincias y desde el punto de entrega partirán los vehículos custodiados por la policía que repartan las vacunas por los centros de salud, que es donde en España se harán las inyecciones. El lunes hablábamos de la cabalgata de camiones repartiendo el remedio contra el coronavirus por las casas de salud y hoy sabemos que la cabalgata vacunífera se adelanta.
Hay silencio administrativo sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (subrayemos, Tribunal de Cataluña integrado por jueces que residen y trabajan en Cataluña) que establece que han de aumentarse las horas de clase que se dan en español en las aulas catalanas. Ni el gobierno central ni el gobierno autonómico han dado a la sentencia relevancia suficiente como para abrir la boca. (Salvo que se considere abrir la boca a filtrar a algunos medios la intención del gobierno catalán de recurrir la sentencia).
El Tribunal no rechaza, ni tumba, el modelo de inmersión lingüística (todos los alumnos, independientemente de cuál sea su lengua materna, recibiendo la misma enseñanza en las lenguas oficiales de Cataluña) pero sí obliga a incrementar el porcentaje de horas en que la materia se imparte en español. Porque califica de residual el uso del español en los colegios. Lo que ocurre es que el tribunal está respondiendo hoy a la queja que presentó el gobierno central hace cinco años, por incumplimiento de la ley educativa que fijaba que tanto el catalán como el español eran lenguas vehiculares. Es decir, que el tribunal lo que está diciendo es que se incumple la ley que está en vigor. Ley, se lo recuerdo, que va a dejar de regir en cuanto empiece a hacerlo la ley Celaá. Que oportunamente elimina la referencia al español como lengua vehicular. Si no tiene por qué ser vehicular, no hay posibilidad de declarar su uso residual. A la luz de sentencias como ésta, que confirman que el uso del español es la escuela es mínimo, se entiende mejor el interés de Esquerra Republicana, gobierno de Cataluña, en exigirle a Sánchez este repliegue en pago por sus trece votos favorables a los Presupuestos del Estado.
