Según nos vamos acercando al final de la alarma, el final de la desescalada, parece que las noticias se conjuran para que generar inquietud más que confianza.
Un brote en Pekín que las autoridades de allí califican de grave. Un matadero en Alemania en el que hay setencientos contagiados (y sus familias, que aún no han sido testadas). Un incremento de los contagios y los fallecimientos en España (no para echarse las manos a la cabeza, pero tampoco para despacharlos como si no significaran nada). Un llamamiento del gobierno de Madrid a la Moncloa para extremar la precaución en Barajas, puerta de entrada de turistas y esperemos que no de casos importados. Y una sensación general de que se ha acelerado el paso para poder achicar la última fase y llegar al domingo con todo el país aparentando normalidad. Incluyendo Barcelona, que hoy entra en fase tres, e incluyendo Madrid.
Habrá que confiar en que todas las administraciones, y sus vigías en las torres de alerta, hayan escarmentado de lo de febrero y marzo y anden rápidos en la toma de decisiones si el riesgo lo motivara. Y habrá que confiar en que esta vez sí acierte en el diagnóstico temprano la vicepresidenta Calviño, que sostiene que hay indicios de que la recuperación económica ya ha empezado. No dice con cuánto fuelle ni si va a ser suficiente para que ella misma mejore las previsiones económicas que tiene hechas. Un nueve y pico por ciento de caída del Producto Interior Bruto.
Pero es verdad que la epidemia va dando paso a viejos asuntos que quedaron pendientes y que ahora vuelven. Han vuelto a la actividad los juzgados y eso afecta, para empezar, a Villarejo, el comisario cloaca. Perejil en todas las salsas. La lista de juicios que tiene por delante es larga. Para empezar, el tráfico ilícito de información reservada. O cómo, en alianza con el comisario García Castaño, presuntamente, usaba datos confidenciales fruto de la labor policial para hacer negocio privado vendiéndoselos a empresas que contrataban sus servicios. El Villarejo policía y el Villarejo sus negocios. 57 años de cárcel pide Anticorrupción.
Luego vendrá Corinna. El juicio por las presuntas calumnias a Sanz Roldán en la entrevista que le dio Villarejo a Jordi Évole. Aquello que contó de que el CNI amenazó a la amiga del rey para que se estuviera callada. Asuntos pendientes.
Y esta otra pregunta que aún no tiene respuesta:
¿Veremos a un vicepresidente del gobierno investigado en el Supremo por haber metido en el microondas la tarjeta de memoria del teléfono móvil que le fue robado a una colaboradora suya? Presuntamente.
Cosas raras hemos visto en España, pero ésta es para nota.
¿Puede acabar un vicepresidente del gobierno teniendo que dar explicaciones, con su abogado, de por qué se quedó durante meses una tarjeta de memoria que no era suya habiendo visto el contenido personal e íntimo que ésta contenía?
El juez García Castellon resuelve que Pablo Iglesias no es parte afectada, ni damnificada, por el robo y divulgación de material privado de Dina Bouselham. No es a él a quien le robaron el móvil ni es la intimidad de él la que fue traicionada. Él fue quien recibió la tarjeta de memoria, no de quien la robó, sino de Interviú, y quien decidió quedársela durante meses sin informar de nada a su propietaria. Eso sospecha el juez. Que, de momento ahí se queda.
Esta es la historia --un poco de película barata de sábado por la tarde-- que tiene como protagonista a una mujer a la que le roban el móvil y a su jefe y colega, que cuatro años después será vicepresidente del gobierno de España. Sinopsis de la trama.
· Primero de noviembre de 2015. A Dina Bouselham, colaboradora de Pablo Iglesias, le roban el móvil en el Ikea de Alcorcón. No se sabe quién. Denuncia el robo y se abren diligencias que no esclarecen nada. Aparentemente, es un robo más.
· 20 enero 2016, ochenta días después del robo. Antonio Asensio, máximo responsable del grupo Zeta, le entrega la tarjeta de memoria de un teléfono móvil a Pablo Iglesias. La tarjeta ha llegado a la redacción de Interviú y han creído que se trata de imágenes de su novia. Asensio le informa de que no se va a publicar nada y le invita a ver él mismo el contenido. Iglesias comprueba que no se trata de su novia, sino de Dina Bousselham. Entre las imágenes hay capturas de conversaciones suyas por Telegram. Agradece a Asensio que se la entregue y se la lleva. No le cuenta nada a Dina. Aun sabiendo, dice el juez en su auto de ayer, que contiene información personal e íntima propiedad de ella y que ha sido obtenida de manera ilícita.
· Seis meses después, 21 de julio de 2016. El digital OK Diario publica capturas de conversaciones en Telegram de Iglesias. Una de ellos ---la azotaría hasta que sangrase, Mariló--- genera notable controversia. Dina Bousselham identifica las capturas como suyas y pide al juzgado que se averigüe quién tiene su teléfono. Ha pasado medio año desde que Interviu le entregó la tarjeta a Iglesias y ella sigue sin tenerla.
· Enero de 2017. En algún momento de comienzos de año, Iglesias comunica a Dina que tiene la tarjeta de memoria. Cuando se la devuelve, ella intenta acceder al contenido y no puede. Está deteriorada. Recurre a una empresa de recuperación de datos en busca de ayuda. No sabe si el deterioro ha sido intencionado. Para la opinión pública, el caso Dina todavía no existe.
· Noviembre de 2017. La policía detiene al comisario Villarejo en una operación contra la corrupción. Se registran sus domicilios. Entre el material que se encuentra hay un disco duro y dos pen drive con carpetas que ha titulado ‘Dina’. Contienen copia del material privado que llegó a Interviú y que el director de la publicación le ha entregado. La copia se ha realizado en abril de 2016, meses antes de la publicación en OK Diario.
· Ésta es la causa que investiga García Castellón. En marzo de 2019 cita a Dina Bousselham y a Iglesias por si desean personarse como perjudicados por la revelación de secretos. Ambos lo hacen. Iglesias atribuye el robo del móvil a un profesional y da por hecho que es Villarejo quien se pasa el material a OK Diario para perjudicarle.La teoría de las cloacas.El robo habría estado organizado con el fin último de desacreditarle políticamente. Han pasado tres años desde la publicación de las capturas. El juez se pregunta ahora: ‘si le pareció que el robo y la publicación estaban conectados, por qué no hizo nada cuando el material fue publicado’.
· Primavera de 2020. Dina Bousselham modifica su versión de los hechos varias veces. Concluye que ella misma pudo enviar las capturas a otras personas de su círculo de amigos, lo que abre el abanico de posibles filtradores. Pero además, declara que la tarjeta que Asensio le entregó a Iglesias en enero de 2016 no la recibió ella hasta 2017. Y que cuando la tuvo no pudo acceder al contenido porque estaba deteriorada.
· El juez cambia entonces su percepción sobre el papel de Pablo Iglesias. Y se hace preguntas. ¿Por qué no informó a Dina, en cuanto recibió la tarjeta, de que la tenía para devolvérsela? ¿Lo habría hecho de no haber trascendido el contenido en prensa? ¿Intentó destruirla cuando pensaba que era la única copia que existía? Destrucción informática.
Concluye el juez: ‘Se desconoce el motivo por el que Dina Bousselham hizo estas capturas, pero resulta acreditado que cuando Iglesias accedió al contenido de la tarjeta en enero de 2016 pudo ver que estaban allí. Es probable que este último apunte pueda ser clave para entender no sólo por qué no devolvió la tarjeta sino lo más relevante, el estado en que se la devolvió’.
A ver, no es el Watergate. Y que Villarejo no salga empitonado de ésta no significa que no hubiera una policía patriótica empeñada en conseguir munición contra dirigentes políticos. No significa que no se falsearan informes para atacar a Podemos y a Iglesias. No desmiente que hubiera cloacas. Sólo significa que eso forma parte de otras causas, no de ésta.
Ésta es sólo la tarjeta de memoria y el porqué de las versiones cambiantes de Dousselham y la ocultación que el juez atribuye a su jefe. Punto. El problema es que hoy Iglesias es vicepresidente del gobierno de España. Su actuación, sugiere el juez, puede tener indicios de delito. Y siendo hoy quien es, el vicepresidente, podría acabar correspondiéndole al Tribunal Supremo determinar si a quien hay que investigarle es a él.
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