Su problema no es que la oposición reclame su cabeza, su problema es que el gobierno no le hace ascos a la idea. Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil desde el penúltimo día de 2011. El PSOE exige su destitución como precio para abrirse a un pacto. El gobierno -reacio casi siempre a los cambios- le viene dando una vuelta a la idea de agradecerle los servicios prestados y ponerle a hacer otra cosa. En tiempos de rumorología creciente sobre cambios de ministros y efecto dominó por la lista europea, el relevo en la Guardia Civil ha entrado ya en el bombo de los grandes premios.
La paella de la saga Tejero en Valdemoro ha incomodado al ministerio del Interior no sólo por el motivo de la kedada -”todo el mundo al suelo”- sino también, o sobre todo, porque nadie se había enterado de nada. Poco informado está el director general de lo que se cuece en el cuerpo si se le escapa un episodio tan chusco como éste. Pero el mar de fondo viene de antes, viene -como poco- de Ceuta, de aquella versión inicial, tan averiada, que facilitó Fernández de Mesa día y medio después de producirse el ahogamiento.
El día que pasó todo -6 de febrero- el director general de la Guardia Civil no dijo nada. Fue el delegado del gobierno en Ceuta quién atendió el requerimiento de los medios de comunicación y se puso -también con relato incorrecto- al teléfono. Fernández de Mesa empezó a hablar al día siguiente porque entendía -así lo dijo- que la Guardia Civil estaba siendo injustamente cuestionada, irresponsablemente atacada. La piedra angular de su discurso fue ésta: a nadie se le ocurriría disparar pelotas de goma hacia el mar, eso sólo se contempla en tierra.
Al ministro que es su jefe, Fernández Díaz, le tocó acudir al Congreso unos días después a decir lo contrario: que las pelotas se utilizaron, que se lanzaron hacia el mar y que, en todo caso, los agentes habían hecho su trabajo y éste no tenía por qué ser reprobado. La posición en que quedó el director general de la Guardia Civil, por más que su equipo de comunicación es esforzara en convencernos a todos de que no había contradicción entre lo que él había dicho y lo que luego contó el ministro, fue, desde ese momento, delicada. Desautorizado y desmentido. Y elegido por el Partido Socialista como la pieza política que cobrarse, la cabeza que, desde ese día, están reclamando.
Lo que hace un mes consideraba el ministerio atacar a la guardia civil -cuestionar el uso de balas de goma en el agua- lo considera ahora el ministro una reflexión constructiva y pertinente -él mismo dijo hace cuatro días que no le parece razonable el uso, en esas circunstancias, de las pelotas-. Si lo dice otro, es ataque a la institución; si lo digo yo, es una forma de ayudar a que se hagan mejor las cosas. Que los guardias civiles que controlan la frontera en Ceuta y en Melilla están quemados con todo este debate es cosa conocida. Aún resuena la voz de Marcelino Iglesias, en el Senado, diciendo aquello de “quince personas murieron tiroteadas” (este señor fue presidente autonómico y número tres del PSOE, ahí es nada); su frase resuena también en la cabeza de Rubalcaba, que aún no entiende como se puede ser tan torpe en una intervención parlamentaria.
Que exista alguna relación entre ese estado de ánimo y la entrada, ayer, de quinientos inmigrantes de una tacada en Melilla es pura especulación, aunque está en la obligación de las autoridades examinar cómo sucedió, o cómo pudo suceder, un salto tan numeroso; siendo el propio gobierno quien viene recordando -y es verdad- que la misión de la Guardia Civil en la frontera es impedir que sea violada, cuando eso sucede de una manera tan abrumadora hay que estudiar también qué es lo que ha fallado. Y eso también es responsabilidad, va en el cargo, de Arsenio Fernández de Mesa.
El número dos del ministerio, Francisco Martínez, secretario de Estado, está haciendo esta tarde de ministro en la comisión de Interior del Congreso. Lo ha enviado Fernández Díaz con la encomienda -eso dijo- de hacer un ejercicio de transparencia sin precedentes sobre el suceso de Ceuta. Y el ejercicio, en efecto, lo ha hecho. Con mayor aptitud para el relato ordenado y la labor explicativa que la que tiene acreditada el ministro -parece más ministro el secretario de Estado que el ministro-. Martínez ha ido ofreciendo a sus señorías (aunque sea un mes y medio después, ¿verdad?) los vídeos y los audios de que dispone el gobierno, todo lo que está registrado de cuanto sucedió, y cómo sucedió, aquella amarga mañana.
De esas grabaciones se desprenden dos conclusiones: uno, que los inmigrantes que se ahogaron no son los que vieron volar las pelotas de goma hacia el agua, los que se ahogaron lo hicieron antes, a poco de meterse en el mar y sin haber superado el espigón del Tarajal; dos, que sí hubo pelotas de goma en el agua y que el ministerio asume ahora que eso fue equivocado. “No todo se hizo bien y tenemos que sacar lecciones de ello”, ha dicho el secretario de Estado, “pero carece de rigor atribuir la muerte a la acción de la guardia civil”.
En el fondo ha llegado el ministerio a la misma conclusión que, en las horas siguientes al suceso, expresaron ya organizaciones socialistas y comentaristas sosegados: es compatible considerar inadecuado el uso de balas de goma, incluso con carácter disuasorio habiendo personas en peligro, con asumir que el ahogamiento de los quince no lo causó la guardia civil. No murieron “tiroteados”, por emplear la terminología marcelina. Reconforta ver que el Parlamento sirve también para un ejercicio como el de esta tarde: difusión pública de documentos y datos necesarios para esclarecer un episodio doloroso y polémico. El interés con el que siguieron los diputados de la comisión (casi todos) lo que se vio y se escuchó -Errekondo, el de Amaiur, estuvo poco atento porque el discurso ya lo traía hecho- ese interés da buena cuenta de que en esto consiste, en efecto, el derecho de la opinión pública a estar informada. No debería haberle costado tanto al ministro, y al gobierno, aceptarlo así desde el primer momento.
Fernández Díaz ofreció transparencia total y el PSOE aceptó el compromiso como primer paso para enfriar definitivamente este asunto y sentarse a pactar cambios en la ley de Extranjería. El pacto de Estado que el ministro tiene todo el tiempo en la boca y cuya ausencia, según él, nos debilita en Europa a la hora de pedir que se tenga nuestra frontera sur más en cuenta. La próxima palabra la tiene Rubalcaba.
