El día que Pedro Sánchez anunció que iba a colocar a Dolores Delgado, aún ministra, de fiscal general del Estado demostró hasta qué punto le resbala al presidente que se note su afán por tener todos los puestos relevantes bien atados.
Del consejo de ministros a la fiscalía sin guardar luto. La apariencia de imparcialidad, reventada. El nombramiento de Dolores Delgado fue un escándalo. Pero... no disparen tan pronto contra la fiscal general por estas tres decisiones que ayer anunció la fiscalía porque las tres tienen sentido: la investigación al rey Juan Carlos por corrupción; la rebaja de la acusación a Trapero; y la petición de que se archive la causa del 8-M.
Las tres tienen sentido.
Y son tres las instituciones que han allanado el camino. A saber: el rey Felipe, el Tribunal Supremo y la Organización Mundial de la Salud.
Vayamos caso por caso.
· Primero, lo del rey. El de ahora y el de antes.
El primero en condenar a don Juan Carlos por enriquecimiento ilícito y a la vista de todo el país fue su hijo Felipe. Quince de marzo. El mismo día que entró en vigor el estado de alarma en España ---y sin llegar a explicar nunca por qué eligió ese día y no otro--- el rey de ahora comunicó que renunciaba a la herencia paterna y que le quitaba a su padre el salario del Estado, la asignación. Don Felipe negó haber estado al tanto de que él mismo era beneficiario de dos fundaciones creadas por su padre y recordó los criterios de rectitud e integridad que deben regir la actividad de la corona. Traducido: que levantó el cortafuegos para no salir salpicado de lo que él mismo estaba asumiendo que fue el comportamiento irregular de su antecesor en la jefatura del Estado. Rectitud e integridad. Si lo mencionas en un comunicado es porque lo echas de menos en quien te antecedió en el cargo. Muy sucia debía de ver la herencia para borrarse.
La fiscalía no ha ido tan lejos. Que se investigue al emérito no tiene mayor misterio dados los indicios que existen de que ocultó en Suiza comisiones ilícitas presuntamente cobradas por sus gestiones para el contrato del AVE a La Meca.
¿Qué indicios? Pues los que tiene el fiscal suizo que investiga un ingreso de cien millones de dólares en la cuenta de una fundación que habría sido utilizada como tapadera. La declaración de Arturo Fasana, gestor del dinero regio. La implicación de Corina Larsen, la amiga especial que le contó al comisario Villarejo ---siempre grabando--- que ella hizo de testaferra. Hubo una investigación de la Audiencia Nacional, una más sobre el universo Villarejo, sobre aquella grabación que terminó en nada. Pero luego hubo otra, sobre el AVE a La Meca, que es la que ahora salta al Supremo. Porque afecta al rey que abdicó y porque hay que establecer si existen razones para seguir adelante. Es decir, si cuando ya no era rey, y ya no era inviolable, pudo blanquear el dinero de las comisiones y ocultárselo a Hacienda. Que la investigación siga adelante es una mala noticia para don Juan Carlos, pero no presupone que vaya a terminar en procesamiento o en condena. Aún queda trecho antes de que sepamos eso.
Sí sabemos ya, en contra de lo que tantos papagayos vocearon en otros tiempos, que nunca fue verdad que la familia del rey Felipe estuviera blindada frente a cualquier investigación penal en España. No era intocable. La hermana y el cuñado fueron juzgados –-el cuñado, condenado-- y el padre está siendo investigado. No es poca cosa para una familia que tampoco es tan numerosa.
· Segundo caso. Trapero. La fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja y ya no acusa de rebelión.
Digamos la verdad: era un clamor que este cambio de criterio se haría efectivo desde que, en octubre, el Tribunal Supremo emitió sentencia. Fue el Supremo quien, examinados los hechos de 2017, estableció que no se daban las circunstancias para describir lo ocurrido como una rebelión. Rebelión, no, sedición, sí.
Si a la cúpula política del procés se le aplicó esta doctrina, a la cúpula de los mossos de esquadra, también.
Deja abierta la fiscalía, eso sí, la opción de que se condene a Trapero solo por desobedecer resoluciones judiciales u órdenes superiores. Es decir, la vía para que se castigue su actuación con multa e inhabilitación, sin cárcel. Hay quien ve en esta vía alternativa un favor de la fiscalía al independentismo catalán. De haber favor, será a Trapero, no al independentismo. Porque al gobierno catalán, y al independentismo catalán, Trapero les importa cero. Lo usaron cuando les vino bien, el héroe contra el yihadismo que mandaba a paseo a un periodista extranjero que pedía que se informara en español, lo subieron a los altares y de los altares lo despeñaron el día que declaró en el Supremo que advirtió a Puigdemont del riesgo de desórdenes públicos y que tenía un plan dispuesto por si había que detenerle. Lo que le ocurra al comisario, a Torra y a Puigdemont y a Rufián les da igual.
· Y tercer caso: el 8M. La fiscalía pidiendo que se archive la causa porque no ve que haya base para acusar de nada al delegado del gobierno en Madrid.
Recordemos que esta denuncia la presenta un abogado, contra el gobierno de España y sus delegados en cada región: la juez Medel investiga al delegado del gobierno en Madrid porque es el único que a ella le compete. El fiscal, en sintonía con la abogacía del Estado, pregunta qué decisión tomó el delegado que le haga susceptible de haber incurrido en prevaricación. La respuesta, para fiscal y abogacía, es ninguna. Al delegado se le comunica la convocatoria de una manifestación y él no la prohíbe. Y sostiene el fiscal que no tenía por qué prohibirla porque no estaban prohibidas las manifestaciones ese fin de semana en España. La fiscalía, que se ha leído el informe de la Guardia Civil, dice algo que ya apuntamos aquí el viernes: la Organización Mundial de la Salud ni exige ni ordena nada a los gobiernos, porque no puede. Hace recomendaciones. Y el dos de marzo recomendaba evitar las concentraciones en la calle en lugares que estuvieran en el escenario 3 de la epidemia, en una clasificación que tiene de cero a cuatro en orden de menos a más gravedad. Pero a la vez decía que la UE estaba en escenario 1 o 2. Ni 3 ni 4.
En realidad, pretender encontrar en un documento de la OMS, o del Centro Europeo, la base para sostener que el gobierno incumplió una norma es misión imposible. Y el delegado del gobierno, ni te cuento. Lo más que se puede encontrar es argumentos para atribuir al gobierno imprevisión o incompetencia. Eso es lo que hizo la juez de lo social de Teruel con el gobierno de Aragón, basándose en las recomendaciones de la OMS y, recordemos, con el visto bueno de la fiscalía.
El recorrido del caso 8M sigue siendo bastante incierto. Porque tanto el informe de la Guardia Civil como el del médico forense que se conoció ayer apuntan a la negligencia de dos personas contra las que no se dirige la causa: el doctor Simón y el ministro Illa. El forense, en un documento en el que hace valoraciones, o interpretaciones, de lo que Sanidad debía de saber, atribuye al ministro imprevisión e incluye esta frase a modo de pedrada que hoy merece algunos titulares: 'La hecatombe se venía venir'.
Bueno, es la interpretación de un médico que trabaja para el juzgado. No es la palabra de Dios ni supone tampoco una sentencia. La juez verá cómo sigue la historia. Si es que sigue.
Entretanto, ya se ocupa el vicepresidente segundo, perejil de todas las salsas, de cargar contra la guardia civil fingiendo que la defiende.
Cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados. Pues no será por ti. Se le olvida a Iglesias su opinión sobre la investigación de la Guardia Civil en Alsasua. O sobre la investigación del procés. Al vicepresidente sólo le han gustado las investigaciones de la guardia civil sobre la corrupción del PP. A ésas nunca les puso un pero, aunque incluyeran recortes de diarios o teorías que luego no pudieron probarse. La calidad de los informes, para el número tres del gobierno de España, depende de si él comparte o no las conclusiones.
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