Al presidente del gobierno de Cataluña le cuesta entender (o lo entiende pero prefiere que no se note) que en los estados democráticos, como el nuestro, la ley es la garantía de que lo sigan siendo. Se presenta interesante, por ello, la cena del próximo domingo en la feria del Mobile. Cuando coincidan en la misma mesa Torra y el rey Felipe. El de Puigdemont predicando esto de la gente por encima de la ley y el monarca soltándole esto otro que ayer introdujo en un discurso.
Es falsa la contraposición que hace el movimiento nacional independentista entre democracia y ley. Como es falso el cuento de que ellos tienen un mandato popular que cum-plir y eso les blinda frente a cualquier reclamación de la España fascista, franquista, opresora y borbónica.
El rey no dijo ayer nada distinto de lo que ya dijo el tres de octubre de 2017 —el discur-so más importante de su reinado—. Y lo que dice no es una opinión. Es un hecho que en la España democrática la ley es fruto precisamente de la democracia. La ley es el resultado del debate, la negocación y el diálogo político en el Parlamento. Ir contra la ley es ir contra el diálogo político que la hizo posible. Por más que uno se camufle de demócrata puro que escucha el clamor del pueblo reclamando la proclamación de la República.
Del discurso aquel del rey en 2017, que tanto significó para tantos ciudadanos, habla el presidente Sánchez en este libro que hoy se presenta. Pero a diferencia de otros pasajes en los que aparece el monarca, y donde Sánchez revela incluso conversaciones privadas, es éste es muy cauteloso.
Sólo dice que le llamaron de Zarzuela un par de días antes (si el discurso fue el tres tendrían que haberle llamado el mismo día del referéndum) para explicarle cómo iba a abordar el rey el asunto y pedirle opinión. No debía de ser tan es-trecha y tan personal la relación entre ambos cuando no fue el rey en persona quien le comentó sus planes. Todo lo que dice Sánchez es que le pareció el discurso propio de un jefe de Estado que defiende la integridad del mismo. Al independentismo le pregunta: ¿que esperaban ustedes, que santificara la ruptura del país? Olvida el presidente en su repaso caprichoso por los acontecimientos de aquellos días lo que opinó sobre el discurso su hombre en Cataluña, el asesor áulico, Miquel Iceta, poco entusiasta con la decla-ración del monarca.
Claro que tampoco cuenta en su libro el presidente cómo habría impedido él que Puigdemont y Junqueras pusieran las urnas chinas en los colegios y procedieran a contar luego los votos. Es crítico (ya lo fue entonces) con la actuación policial, por excesiva. Pero no dice qué habría hecho él para que el referéndum no hubiera llegado a celebrar-se. Con todo, no emplea Sánchez en su revisión de la historia, como no empleó el PSOE de entonces, el verbo consentir. Este verbo que sí hizo suyo ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha ido pasando de atribuir a Rajoy la culpa de que se acabara proclamando la República Catalana por inmovilista a proclamar ahora que fue Rajoy quien permitió a conciencia que el referéndum se celebrara.Sesión de control de ayer.
Consintiendo un referéndum ilegal. Consentir significa permitir. Ya es raro permitir un referéndum y enviar a la policía nacional a impedirlo. Pero Carmen Calvo sabrá porque el resto de los mortales acostumbramos a no entender nunca bien las cosas. Entre ellas, que el referéndum era ilícito porque estaba suspendido por el Constitucional. Pero cuya convocatoria no estaba penalizada porque así lo promovió, en la reforma de 2005, su partido.
Ya estamos viendo estos días cómo los procesados en el Supremo se agarran a eso, que no era delito convocar, para justificarse. Y también, a que nunca ejecutaron del todo la secesión. Y también, a que esto de poner la gente a votar era una forma de coaccionar al gobierno de Rajoy para que tragara.Aquí la tesis de una ex consejera llamada Bassa.
A la sociedad catalana le decía esta señora que el primero de octubre era el mandato popular para alcanzar la República pero en realidad lo que pensaba es que era una palanca. ¿De verdad? En el juicio es otra la evidencia que se ha abierto camino. Estos gobernantes catalanes de 2017, la corte de Puigdemont y Junqueras y sus organizaciones satélites, nunca calcularon los efectos últimos que para ellos tendría el asalto a la legalidad. Nunca creyeron que el Estado fuera a reclamarles tan grave responsabilidad penal por lo que hicieron. Pero saber, sí sabían que era ilegal lo que estaban haciendo. Justo por eso se agenciaron tantas coartadas. Todas las que están repitiendo ahora. Que no firmaron un papel, que no pagaron una factura, que no saben quién compró las urnas ni dónde. Aquí la tesis de un ex consejero de nombre Mundó.
No sabemos quién se ocupó de todo. Nosotros lo hacíamos para negociar. Es que convocar referendos no era delito. Es que buscábamos la independencia de buen rollo.
No es lo mismo dar mítines, hacer declaraciones, camuflar las cosas en comparecencias políticas que tener delante a un tribunal que juzga presuntos delitos muy graves. Cuestionar, por ejemplo, la autoridad moral del TC —como hizo ayer Rull— te sirve para salir del paso en una declaración política, pero ante un tribunal importa poco lo que tú opines sobre la autoridad de una institución con potestad para suspenderte un referéndum. Defina usted autoridad moral. ¿No la tiene el Constitucional y la tiene usted, porque lo dice usted?
Esta historia de ‘no éramos nosotros, era el pueblo’ ya nos la sabemos. Se la inventó Artur Mas cuando la consulta de cartón. No era un referéndum, era un proceso participativo. No era él quien la organizaba, eran los voluntarios. No era su gobierno quien pagaba, eran los donantes generosos. Los días de gloria de la audacia. Mas viéndose a sí mismo como Roberd Redford en El Golpe. El gran timo. Luego llegó Puigdemont y lo que hizo no fue el timo sino el golpe. Y ahí están sus náufragos. Intentando aún flotar.