Monólogo de Alsina: "¿Cuándo ha sentido el Gobierno la llamada de Europa para cargarse la sedición del Código Penal?"

La tamborrada había sido cuatro días antes. El 23 de enero, un día como hoy pero completamente diferente al de hoy, el etarra García Gaztelu, al que apodaban Txapote, entró en el restaurante La Cepa, donde Ordóñez se había sentado a comer con dos compañeros del grupo popular, María San Gil y Enrique Villar, se acercó por detrás a Gregorio, le puso la pistola en la nuca, le pegó un tiro y se largó a la calle, donde estaban vigilando Zapata y Valentín Lasarte. Ordóñez murió de inmediato. Asesinado.

Un día como hoy pero en una España, y un País Vasco, de hace veinticinco años. Aún estaba en la Moncloa Felipe González, el lendakari era José Antonio Ardanza, Herri Batasuna era un partido legal que amparaba, jaleaba, señalaba y ayudaba a cometer asesinatos y secuestros a los etarras (pero era legal, y ahí estaba, en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de San Sebastián, cinco concejales). Eran aquellos tiempos en que si una concejala batasuna, de apellido Garmendia, mostraba su desagrado por el asesinato de un adversario político se convertía poco menos que en una referencia de quienes aún se esforzaban en creer que Batasuna era la conciencia crítica de la banda, o sea, que tenía conciencia. Se destacó mucho entonces que la concejala Garmendia había condenado el crimen de Ordóñez. Se destacó menos que puso en duda que el crimen, al que ella llama acto, lo hubiera cometido de verdad la banda.

Veinticinco años después del asesinato de Gregorio Ordóñez, los herederos de Herri Batasuna, que son los herederos de ETA, no se han dignado todavía a repudiar el terrorismo etarra y reconocerlo como lo que fue: el crimen organizado de una panda de matones que duró lo que duró porque contó con el aliento de una parte notable de la sociedad vasca. En la coalición EH Bildu se alojan hoy los herederos de todo aquello. Se llaman Sortu. Son legales, participan en las instituciones y se suben a la tribuna de los parlamentos a llamar fascista y represor al Estado español y a su monarquía parlamentaria. No le perdonan al Estado que pudiera sobrevivirles a ellos.

Tenemos una ministra feliz. Y hay que alegrarse por ella. Y por los líderes de UGT y CCOO. Y, antes que por ellos, por los trabajadores asalariados que, en nuestro país, cobran el mínimo posible, el salario mínimo, y a los que les acaban de subir el sueldo. Un poco.

El nuevo mínimo en España queda fijado en los 950 euros en catorce pagas. Hasta ahora estaba en 900 y sólo desde el año pasado, cuando Podemos le arrancó al PSOE una subida muy superior a la que los socialistas contemplaban. Ahora ha sido al revés: donde Podemos deseaba subir de una vez hasta los 1000 euros, el PSOE ha enfriado y se ha quedado en los 950. A cambio, se gana el visto bueno de las patronales que renuncian, de momento, a hacer del salario mínimo campo de batalla.

Si usted es uno de los asalariados que cobra lo mínimo, estará calculando esta mañana qué va poder hacer –-qué podrá permitirse que hasta ahora no podía— con estos cincuenta euros más en la nómina. Si usted es uno de los pequeños empresarios (propietarios, por ejemplo, de un bar o de un comercio) que tiene unos pocos empleados en plantilla, estará haciendo cuentas de cuánto más necesita ingresar para poder mantener la plantilla y los márgenes que tiene ahora. Porque estas son las dos partes de esta historia: quien recibe el salario por su trabajo y quien lo paga. El gobierno, mientras se cotice más y no desaparezca ningún empleo, feliz de la vida. Y si desaparecen, con decir que no es por el salario mínimo sino por otra cosa, asunto resuelto. Es curioso que la ministra Díaz diga que no hay relación alguna entre subir el mínimo y que caiga el empleo y que la vicepresidenta Calvo admita que hay que ir con cuidado para no causar problemas graves a algunas pequeñas empresas.

Lo que no cabe alegar es sorpresa. Ésta era una promesa electoral del PSOE y de Podemos, se han sentado con patronal y sindicatos a ver la manera de cumplirla y la han cumplido. Y como tal hay que contarlo y reconocerlo.

Todo lo contrario de lo que pasa con el otro plan en el que anda trabajando (o mejor, maniobrando) el gobierno: montar un código penal a la carta que le sirva para hacer borrón y cuenta nueva a Oriol Junqueras. A él y al resto de los condenados por sedición. A los que no han podido ser condenados porque están prófugos, salvoconducto para regresar cuando quieran. Te cargas el delito de sedición del código penal y se acabó lo que se daba. Lo más que podría caerle a Puigdemont es la malversación de dinero público. El delito por el que estaban dispuestos a entregarlo los jueces alemanes y que rehusó el juez Llarena.

La pretensión del gobierno ---exonerar a Junqueras--- es tan burda que no da para mucho más comentario. La pretensión añadida, que es camuflar la maniobra bajo la coartada de la europeización de nuestro Código Penal sí da para pedirle al gobierno que aporte papeles. Ya que el nuevo estribillo va a ser que la justicia europea nos ha corregido todo porque nuestras leyes se han quedado anticuadas, aparte de explicar qué es lo que nos han corregido, ¿va a contarnos el gobierno fruto de qué profundo estudio, de qué profundísima deliberación, ha llegado a la conclusión de que el delito de sedición nos sobra?

Qué decir de este momento embarazoso en que Fernández Vara, presidente autonómico socialista, se siente obligado a justificar una reforma de la que, en realidad, sabe lo mismo que yo porque nadie en su partido le ha preguntado.

Dado que este asunto no estuvo en su programa electoral (ni en noviembre ni en abril), no estuvo en el programa de gobierno (ni en enero ni en julio), no estuvo en el debate de campaña, ¿cuando ha sentido el gobierno esta llamada de Europa, el mensaje que dijo ayer Carmen Calvo en su sección radiofónica, esta voz que ha escuchado la vicepresidenta y que le dice: sube al monte Sinaí y cárgate la sedición del código penal? ¿Todo eso cuándo ha pasado?

Porque cuando un gobierno asume que hay que modificar un delito del Codigo Penal lo que hace es encargar a los expertos del ministerio de Justicia que le den una vuelta (es lo que hizo Catalá cuando la manada y aún no se ha modificado ese artículo), y no consta que nada de eso haya pasado. ¿Tiene acaso el gobierno un estudio de derecho comparado que aún no le ha enseñado a nadie sobre cómo está tipificada la sedición en los demás países europeos? ¿O tenemos derecho a sospechar que se está inventando argumentos sobre la marcha porque está convencido de que aquí ya se traga con cualquier cosa? ¿Por qué se empeña el gobierno en tratarnos como si fuéramos todos bobos? Con lo desagradable que es sentirse todo el tiempo engañado. Todo el tiempo. Full fake all time. Por decirlo en inglés, que es el idioma que se habla en Davos.

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