Monólogo de Alsina: "Pablo Iglesias despeja todas las dudas"

¿Quién dijo que había ley del silencio? Que nadie del gobierno diría nada sobre no diría nada sobre lo de Dina.

Ante el aluvión de preguntas que se acumulan sobre su actuación en la peripecia de la tarjeta con fotos y pantallazos personales de Dina Bousselham, el vicepresidente segundo del gobierno de España, señor Iglesias, quiso decir ayer esto.

A renglón seguido, y de inmediato, añadió esto otro.

Afirmó además, en referencia a la indagación del juez sobre el uso que él hizo de la tarjeta de memoria los meses que la tuvo en su poder, lo siguiente.

No eludió el vicepresidente segundo la controversia sobre la acusación directa que él hizo al comisario Villarejo como inductor del robo del teléfono móvil de su colaboradora. En concreto, a la pregunta de qué pruebas tenía para atribuirle al comisario el robo, dijo Iglesias...

Atendidas todas las cuestiones que le quiso plantear la prensa, y una vez despejadas todas las dudas, el vicepresidente segundo, agradeció a los medios su papel crítico...

...y reafirmó su compromiso con la verdad y la transparencia.

A la misma hora la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se deshacía en elogios al vicepresidente segundo y ponía, por él, la mano en el fuego.

Ah, pues no. No la ponía. Pero lo hará, seguro, el presidente Pedro Sánchez en la entrevista de televisión que mañana ha concedido a La Sexta. Se espera una exposición vehemente del presidente negando que pueda atribuirse a su socio de gobierno (más que un socio, un hermano) el intento de entorpecer el esclarecimiento de posibles delitos en un juzgado.

El juez García Castellón es el mismo del que habló maravillas el coro de palmros morado cuando tomó declaración a Iglesias en 2019 y le agradeció que le hubiera explicado tan bien lo de las maniobras de Villarejo para perjudicar a Podemos. Y es el mismo juez, por cierto, que investiga lo de la operación kitchen y que en enero imputó al número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez. Investigado por haber pagado con fondos reservados la maniobra para colocarle a Bárcenas un chófer que le sonsacara información y obtuviera los móviles y discos duros en los que Bárcenas pudiera tener pruebas que incriminaran a terceros. Es el mismo juez que en abril estuvo interrogando en la cárcel de Aranjuez al tipo aquel que haciéndose pasar por cura asaltó la casa de Bárcenas y amenazó a su familia porque sospecha que pudo formar parte también (el falso cura) de la mascarada para espiar al tesorero al margen de la ley y no para ayudar a la justicia sino todo lo contrario, para impedir que ésta avanzara.

O sea, que sí, es el juez que investiga las cloacas y la llamada policía patriótica, a la que se refirió Sánchez hace un par de semanas en el Congreso para sacar pecho porque su gobierno colabora con la Audiencia Nacional para el esclarecimiento de la verdad.

Ahora que se ha levantado el secreto de este sumario se ha sabido, por ejemplo, que el juez anterior, De Egea, solicitó al consejo de ministros en noviembre de 2018 (gobernando ya Pedro Sánchez) que desclasificara información policial secreta para saber si se pagó todo aquello con fondos reservados sin base legal. El gobierno contestó que no hay constancia de ninguna operación policial similar a la descrita. Es decir, que todo se hizo fuera del radar. O tal como concluyó el juez, que el espía que le colocaron a Bárcenas consiguió el material que buscaba pero éste nunca fue aportado a ninguna causa judicial. O traducido: que no se intentaba encontrar pruebas para acusar a Bárcenas, sino las pruebas que él tuviera contra dirigentes del PP para destruirlas. Presuntamente. Cloacas hubo y se están investigando. Pero nada de todo eso tiene que ver con las preguntas sin respuesta que se sigue haciendo el juez García Castellón respecto del caso Dina.

Lo que le faltaba a Podemos esta semana es que Nicolás Maduro vuelva a ser noticia. Y que acuse al gobierno de España (por tanto, también a Podemos) de amparar un intento de golpe armado.

Ay, Venezuela, el gobierno venezolano que a los Iglesias y Errejón de antes de vestir chaqueta les parecía el modelo del que debía aprender Europa.

Hay curvas en el horizonte. Maduro anunció el lunes la expulsion de la embajadora de la UE en Caracas (le dio 72 horas para abandonar el país, que terminan hoy). Borrell respondió ayer convocando a la embajadora de Venezuela en Bruselas, a la que llamó 'embajadora del régimen', en un indicio claro de que la intención es invitarla a que se suba a un avión rumbo a Caracas. Pero es que, además, Maduro señala ahora al embajador de España en Venezuela.

'Esperen noticias' es la manera de decir que el siguiente en ser invitado a irse es el nuestro, Jesús Silva. Se ampara Maduro en una información del Wall Street Journal que el pasado fin de semana sostenía que Leopoldo López sondeó a mercenarios para intentar organizar un asalto armado que acabara con Maduro. Y en el hecho de que Leopoldo Lopez lleve más de un año acogido, o refugiado, en la residencia del embajador Silva. El viepresidente de Maduro ve culpable al gobierno español.

En el ministerio de Exteriores español, de momento, calma, silencio y a esperar acontecimientos. Que Venezuela regrese como foco de tensión a cuento de Leopoldo López y de Guaidó es una mala noticia para el ministro Ábalos, que prefiere que nadie se acuerde de Delcy Rodríguez.Aquel serial de comienzos de año, cuando el coronavirus aún parecía una cosa de chinos y aún aterrizaban los aviones en Barajas.

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