La frase original es regia, pero de entonces a hoy se han animado otras figuras públicas a hacerla suya, versionándola. 20141028-NEW-00267-false|||esta tarde Mariano Rajoy. “Comparto la indignación de los ciudadanos”, dijo Aguirre, “comparto el hartazgo”, ha dicho Rajoy. “Pido perdón por haber confiado en este señor”, dijo Aguirre (eludiendo nombrar a Granados). “Pido perdón por haber a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a quienes han abusado de ellos”, dice Rajoy.
En el caso del presidente del partido, y del gobierno, es la segunda versión que hace de la frase regia, porque también fue suya, agosto de 2013, esta otra formulación: “Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía”. Tampoco en aquella ocasión puso nombre a la persona a quien él había situado en puesto de responsabilidad, Luis Bárcenas, tal como ayer Esperanza Aguirre aludió a Francisco Granados como “este señor”.
En la petición pública de disculpas Rajoy gana, por tanto, a Aguirre por dos a uno. Y dado que en ambos casos están pidiendo que se les perdone por haber aupado políticamente a quien no debían, cabe preguntarse cuántas veces más habrán de disculparse si surgen otras operaciones, otras tramas y otros casos.
Ni Aguirre ni Rajoy han alcanzado a explicar qué se supone que hicieron ellos mal para que gente que no lo merecía fuera promocionada. Qué controles fallaron para que esto que ahora ven ambos con tanta claridad -que Granados no era de fiar, que Martínez no debió ser presidente de Diputación, que los alcaldes de Valdemoro y Collado Villalba no eran dignos de serlo- no hayan sido capaces de verlo hasta que ha actuado la UCO para detenerlos a todos. Antes de la redada de ayer hubo muchos otros casos en los que dirigentes del PP fueron imputados e incluso procesados y condenados (Jaume Matas está en prisión), pero nunca antes consideró necesario el presidente del partido pedir perdón a los ciudadanos.
La causa de que ahora sí haya disculpas no es ni la enjundia de la operación de ayer ni el hecho de que la mayoría de los políticos detenidos sean del PP. La causa es la aparición de la corrupción, del hastío por la corrupción, como impulso principal entre los votantes a la hora de decidir a quién confían, la próxima vez, su voto. Rajoy pensaba que sería la economía, la recuperación económica, lo que más influyera en el ánimo de los votantes y ahora se encuentra con que es la corrupción lo que ha ocupado en los periódicos de cada día el lugar que en otros tiempos tuvo la prima de riesgo. Un país harto de corrupción a menos de una semana de que el CIS publique su encuesta de intención de voto.
La sensaciones son así, no tienen por qué responder a una verdad estrictamente objetivada. Es la sucesión de noticias, día tras día, relacionadas con episodios de evasión, abuso de poder y uso desahogado del dinero de otros -cuándo no es fiesta- lo que genera esta impresión tan asqueante, ¿verdad?, de que la corrupción, de pronto, nos asfixia hecha metástasis. En sólo unas semanas se han agolpado en los informativos las andanzas de la familia Pujol Ferrusola -evasor el padre, investigados por negocios sospechosamente prósperos tres de los hijos e iracunda la madre (esto último, admitámoslo, no es delito sino mal talante)-, los gastos que los tarjetistas cargaron a las tarjetas chollo de Caja Madrid, las pesquisas del juez Ruz sobre la caja B del PP, el denodado impulso reformista de este partido que le llevó a reformar y reformar y volver a reformar su sede pagando (presuntamente) todo en negro, y ésta que es la última de ayer, la operación púnicacon sus alcaldes, empresarios y presidente de diputación leonesa detenidos.
El amontonamiento de casos produce esta impresión de que nunca habíamos estado tan invadidos de corrupción, nadando en aguas fecales. Si hacemos memoria, sin embargo, descubrimos (y no resulta agradable) que la basura forma parte del paisaje.
Si hiciéramos un viaje en el tiempo, de hoy hacia atrás, nos iríamos encontrando con todas estas estaciones: el caso Noos de Urdangarín Torres con la infanta de estrella imputada; los EREs, los cursos de formación, Mercasevilla; la operación Pokémon, que tumbó alcaldes y concejales en Galicia (qué decir del ayuntamiento de Santiago), la Campeón, la Emarsa en Valencia, el Palau de la Música en Barcelona (máquina de desviar dinero de una constructora a Convergencia), la Gurtel, por supuesto -Correa, Crespo, Pérez, adjudicaciones amañadas, contratos, comisiones, regalos a dirigentes políticos, el Jaguar- (Gürtel no es una más, es la más gorda de los últimos tiempos). Pero yendo hacia atrás el viaje continúa: la operación Malaya -corrupción en la Costa del Sol, Cachuliy Roca-, la Poniente en Almería, Pallerols en Unió Democrática, Gescartera (lo de Anrtonio Camacho), el caso Naseiro, el del BOE (Carmen Salanueva), el caso Estevill, el Gran Tibidabo (con Javier de la Rosa), el caso Filesa, el caso Flick, las comisiones del AVE y, por supuesto, el icono de la corrupción en España, Luis Roldán, un director general de la Guardia Civil con pretensiones de ministro que se quedó con los fondos reservados y las comisiones por obras de los cuarteles, una incesante actividad delictiva, como dijo la sentencia, que incluía la ocultación de su dinero a Hacienda con testaferros y cuenta en Suiza.
Admitamos que la corrupción, en España, nueva no parece que sea. Y que el elevado número de detenciones realizadas ayer es más impactante que el modus operandi de la presunta trama, bastante corriente en sus procedimientos (es lo que tiene haber acumulado tanta experiencia patria: empresario con pocos escrúpulos que aspira a ganar una adjudicación municipal ya sabe lo que tiene que hacer: encontrar a un concejal de urbanismo o un alcalde receptivo y hacerle una buena oferta, en efectivo o en transferencia a paraíso fiscal, y si no encuentras al alcalde búscate un intermediario, un conseguidor con buenos contactos).
Lo que cambiado en España no es la corrupción, sino la percepción que tenemos de la misma y la celeridad e intensidad con que ahora, en comparación con otros tiempos, se percibe la exasperación de los ciudadanos. Hoy el hartazgo se manifiesta de inmediato en los medios y las redes sociales. Y eso es lo que tiene a los partidos afectados (que no son todos) abrumados y sobrepasados por el desafecto creciente que perciben no sólo entre los ciudadanos en general, sino entre su propia militancia.
Pronuncian frases que pretenden ser contundentes e improvisan decisiones para levantar un muro de aislamiento: ni un minuto con un corrupto dentro, nos dicen, aunque a la vez admitan que, en realidad, aún no saben lo que el presunto corrupto, hasta ayer magnífico compañero, ha hecho. Porque ésta la frase que se añade a todas las declaraciones de estos días: nunca jamás tuvimos el menor indicio de que pudiera estar metido en algo turbio o poco honrado. Por supuesto, sólo faltaría. Nunca se ha visto a los grandes partidos destapar ellos un caso de corrupción de los propios sin esperar a que dén el primer paso el juez o la fiscalía.
Duró menos de una tarde la idea aquella de crear un departamento de asuntos internos que se ocupe de indagar en los indicios de enriquecimiento, las sospechas que de repente surgen sobre este compañero que, de la noche a la mañana, se nota que maneja dinero. Ese secretario de Estado que invita a sus compañeros de partido a la inauguración de su nueva casa en las afueras de Madrid y salen todos de allí diciendo: “madre, qué casoplón, ¿de dónde habrá sacado la pasta?”
Es verdad esto que hoy dijo Alfonso Alonso, que durante todos estos años han sido los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, los que han jugado a tirarle a la cara al adversario los casos que afectaran al otro. No hay nada extraño en pedir explicaciones, en política, a quien se ve afectado por un caso de corrupción. Lo extraño es pedir explicaciones al adversario y no hacer lo mismo con los corruptos propios. Éste es el juego que han practicado por años socialistas y populares: sus contundentes reglas contra la corrupción las diseñaron para exigírselas a los de enfrente, no para aplicárselas a los propios.
La vehemencia en demandar limpieza ajena fue pareja a la falta de voluntad para limpiar en serio la casa propia. Cuántas investigaciones internas han abierto el PSOE o el PP sobre indicios de irregularidades que hayan desembocado en detección de corruptos no se conoce. Pero no porque sea confidencial, sino porque nunca ha habido. Se han empeñado en convencernos de que la solución son reformas legales (leyes nuevas) para castigar al corrupto, cuando la solución empieza por detectar al corrupto y llevarle al juzgado de las orejas. El deseo de limpieza se demuestra limpiando.
