Dos mil fallecidos que, según la explicación del ministerio, estaban duplicados y que sólo ahora que se ha modificado por enésima vez la forma de recoger y difundir los datos se han detectado. Si hasta ahora les habíamos contado que el sábado fallecieron setenta personas, o el viernes cuarenta y ocho, ahora resulta que en toda la semana pasada los muertos no pasan de cincuenta. De cincuenta al día a cincuenta a la semana.
No dudo de que el ministerio, y los gobiernos autonómicos, tienen un motivo fundado para cambiar las normas a estas alturas de la epidemia y revisar los datos, pero alguien tendrá que asumir el despropósito que supone haber estado informando cada día a la opinión pública de números que ahora nos dicen que no eran válidos. Un gobierno no puede pasar de contarle a la sociedad que están falleciendo cincuenta personas al día a decir que han sido cincuenta en toda la semana sin dedicar un rato a conseguir que todos los entendamos. No es serio. No es científico. No es aceptable. La obligación del ministerio es hacer entender los cambios de criterio, no puede despachar el asunto diciendo que esto pasa en todas las epidemias, que es una cosa muy técnica, que es normal que nos sorprenda un poco y que es ahora cuando tenemos los datos que verdad reflejan cómo están las cosas.
Todo eso está muy bien. Pero ni los contagiados ni los fallecidos pueden aparecer y desaparecer de un día para otro. El caos estadístico se compadece malamente con el conocimiento riguroso de lo que está pasando hoy y de lo que hasta hoy nos ha pasado.
Fue el 23 de abril en el Congreso. La polémica de entonces era el supuesto trabajo encomendado a la Guardia Civil para minimizar las críticas al gobierno en las redes sociales. Salió el ministro a defender el honor de la Benemérita porque, según él, estaba siendo cuestionado.
Una orden ilegal no debe cumplirla nunca ni la Guardia Civil ni nadie. Gran verdad. Si a un mando de la Guardia Civil se le exige que traicione la confidencialidad exigida por un juzgado para informar al gobierno de lo que se ha averiguado esa orden no debe ser cumplida.
Por eso debe una explicación el ministerio del Interior. Sobre el relevo, destitución, castigo al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, coronel Pérez de los Cobos. Alegar que te lo cargas –-como hizo ayer la directora de la Guardia Civil-- porque has perdido la confianza en él obliga a que ahora expliques qué hizo el destituido para merecer ser apartado del cargo. Por qué lo han fulminado.
La juez Rodríguez Medel investiga si altos cargos de la administración prevaricaron al autorizar la manifestación del 8 de marzo a sabiendas de que era contraproducente para la salud pública. Para la juez Medel trabajan los investigadores de la Guardia Civil en su condición de policía judicial. A final de la semana pasada le entregaron un informe cuyo contenido afectaba al delegado del gobierno en Madrid y al doctor Fernando Simón, sin que ello presuponga ni que ellos dos sean responsables de nada ni que la investigación vaya a terminar en ellos.
Esto es lo que sucedió el domingo, según el relato de la periodista María Peral en El Español:
‘El coronel recibe la llamada de su superior inmediato, general Berrocal. Éste le pregunta si sabe qué diligencias han entregado los investigadores al juzgado de instrucción número 51 de Madrid. El coronel responde que no. Fin de la conversación. Acto seguido, una nueva llamada. Ésta vez es un mando por encima de Berrocal. La misma pregunta: qué sabes del informe que han entregado. La respuesta es también la misma: nada. Y un añadido: la propia juez ha advertido de que los investigadores sólo pueden informar de sus averiguaciones a ella; son policía judicial, sólo responden ante la juez. El alto cargo que ha llamado a Pérez de los Cobos le dice que sí, que vale, pero que él seguro que se puede enterar de lo que han puesto en el informe, la superioridad está interesada. El coronel responde que no, no se puede enterar ni va a hacer por enterarse. Es un asunto entre los investigadores y la jueza. La tercera llamada que recibe el conmigo el coronel ya es de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Le comunica su destitución. ¿La razón? No haber informado a sus superiores del contenido del informe. El coronel se defiende: el contenido no lo conozco ni yo. La directora general replica: tenía que haber articulado los mecanismos adecuados para que el ministerio supiera lo que los investigadores llevaban al juzgado. Y añade: ésta es una investigación delicada para el gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre’.
Punto final. La mañana del lunes se comunica formalmente la destitución de Pérez de los Cobos. Las primeras informaciones, o filtraciones, atribuyen la pérdida de confianza a un motivo distinto: el exceso de vigilancia en La Navata para custodiar la residencia de los Iglesias-Montero. A la vista de lo que se ha sabido luego, bien pudiera haber sido una maniobra de distracción. O una causa menor a la que achacar la decisión para diluir la polémica.
¿Ha intentado el gobierno tener acceso ilícito a una investigación judicial? La juez así lo sospecha, porque ha advertido de que actuará si tiene indicios de que la destitución de Pérez de los Cobos se ha debido a su negativa a inmiscuirse en el trabajo del juzgado.
El doctor Simón, mencionado en el informe, dice que él está tranquilo, que ha hecho su trabajo lo mejor que sabe (esto casi nadie lo duda) y que el 8 de marzo no tuvo gran impacto en la expansión de la epidemia.
La epidemia, en efecto, no empezó el ocho de marzo ni hay evidencias para afirmar que la manifestación funcionó como centrifugadora. Tampoco para afirmar lo contrario.
Pero el asunto no es ése. No se trata de que el 8M influyera mucho o poco en la expansión de la epidemia. Se trata de que la primera semana de marzo ya había focos de contagio en España, de origen no establecido y sin saber a cuántas personas alcanzaba, y juntarse cientos de miles de ciudadanos en una manifestación bien apretaditos todos no parece que esté en ningún manual de prevención de riesgos. No se trata, en fin, de cuántos contagiados provocó la manifestación, sino de examinar qué análisis hizo el ministerio de Sanidad de los riesgos de juntarse tanta gente en la calle y si hubo deliberación y decisión al respecto. O dicho de otro modo, si hubo decisión política de mantener las manifestaciones pese a la existencia de focos locales de contagio. Si se decidió mantener las marchas aun sabiendo que el virus ya estaba entre nosotros, fue una negligencia consciente, incluso si de esa manifestación no hubiera salido nadie nuevo contagiado.
Hasta ahora esta investigación judicial no tenía más horizonte que ése. Desde ayer, guillotinado el coronel por no tener al tanto al gobierno de lo que sus hombres iban averiguando, el recorrido político del asunto ha aumentado notablemente.
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