Magdalena Álvarez, antes partía que doblá, busca con qué avalar, o quién le avale, treinta millones de euros. La juez Alaya, perseverante como hormiguita-gotamalaya, da un pasito más y fija, para la imputada, fianza civil ante la “probabilidadcierta” de que acabe siendo condenada. El caso, claro, es el de los EREs. El escándalo que levantó del sillón a Pepe Griñán pero que no ha conseguido apartar del cargo, aún, a la ex ministra que hoy ejerce de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, nada menos. Magdalena Álvarez, de formación economista, de profesión inspectora de Hacienda y de currículum exministra de Fomento y exconsejera del gobierno de Andalucía, se pasó tres horas en el despacho de la juez Alaya (el pasado octubre) negando que tuviera conocimiento, mientras fue consejera andaluza de Economía y Hacienda (diez años), de irregularidad alguna cometida en su departamento. Y tampoco en el departamento de al lado, la consejería de Empleo en la que ejercía como director general Javier Guerrero, cabeza visible del escándalo de los EREs y repudiado por todos aquellos de quienes fue subordinado (un jeta, dicen, un caradura, un aprovechado). Magdalena Álvarez no dirigía la consejería de Empleo (la que aprobaba la financiación de EREs) pero sí era la responsable de los presupuestos de la Junta, la que los hacía, como consejera de Hacienda. En sus tres horas ante la juez, y en sus tres horas ante la comisión del Parlamento andaluz, mantuvo siempre esta tesis: ella se limitó a aplicar la normativa, lo que la normativa permitía para trasvasar recursos desde una consejería hasta un organismo público, el Instituto de Fomento de Andalucía, que a su vez hacía los pagos a terceros.
Donde la ex consejera Álvarez ve un procedimiento perfectamente válido y alega, en su favor, que todo fue avalado por el Parlamento, la juez ve una maniobra de camuflaje para desviar recursos al margen de la ley y recuerda que el Parlamento aprobó los Presupuestos, pero no las modificaciones que se introdujeron luego: éste es el truco, viene a decir, para colar la financiación de EREs irregulares bajo la apariencia de transferencias financieras corrientes. En síntesis, éstas son las dos versiones sobre el mismo asunto. La de Álvarez –todo correcto, ninguna preocupación, todo ajustado a la norma. Y de Alaya - todo irregular y perfectamente calculado para eludir precisamente la norma, calculado por ella en compañía de otros, urdidora, cerebro del engaño. Hasta que el proceso judicial no acabe, con los procesamientos, el juicio y la sentencia, no cabe adelantar cuál de las dos acabará siendo la versión avalada por la Justicia, pero de momento quien tiene la iniciativa es la juez de instrucción y a Álvarez no le queda otra que acudir a declarar cuando es citada, asumir su condición de imputada y, desde hoy, atender la fianza civil que le ha impuesto la juez por si se diera el caso de que, al final el camino, acabara siendo condenada. Esto es la fianza civil, un por si acaso. Por si acaso acaba condenada a desembolsar cierta cantidad, asegurémonos hoy de que cuenta con ella. La fianza civil ha resultado ser una señora fianza: casi treinta millones de euros. ¿De dónde saca uno treinta millones de euros así, de golpe? Dices: bueno, son avales, no hay que desembolsar efectivo. Ya, ya, pero avales por treinta millones de euros, qué patrimonio has de tener, quién te respalda. Si la fianza no queda presentada, se lee en el auto, “se ordena el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades”. Es decir, que llegado el caso se le pedirá a Álvarez que informe al juzgado de todo lo que tiene.
Cuando Alaya imputó la primera vez a la ex ministra (mes de julio) le llovieron piedras, a la jueza digo. Salió en tromba medio PSOE de ahora y todo el antes (Griñán, Chaves, Felipe González), a insinuar que a esta señora le puede tanto el afán (político) de hacer daño al partido que imputaba ya sin ton ni son, al por mayor, a bulto, sin explicar siquiera qué supuestos delitos achacaba a la ex consejera.
No eran las primeras críticas que le caían a la señora Alaya, cuya habilidad para imputar sólo a personas no aforadas (señalando a otras que sí lo están pero sin acusarlas formalmente de nada) es ya legendaria. A la juez le arreó un capón la Audiencia de Sevilla cuando imputó a Magdalena Álvarez: le demandó que explicara mejor la acusación y ella lo hizo. Prevaricación y malversación de dinero público: destinar dinero de todos a beneficiar a particulares (EREs irregulares con intrusos) y montar el andamiaje necesario para hacerlo a conciencia de que aquello era un engaño. O, en palabras que emplea hoy la juez, que para saltarse los controles se aprovechaba “la complejidad del lenguaje presupuestario”, esto de los conceptos y subconceptos sólo es accesible para los expertos. Nada como el obtuso y enredado lenguaje burocrático para disfrazar el caminito que, en realidad, iba a realizar el dinero: del presupuesto público a los bolsillos privados.
En esta institución que, aunque se llama Banco Europeo de Inversiones, no es un banco sino un órgano político de la Unión Europea que presta dinero a instituciones y empresas, manejan una doctrina distinta a la de los partidos políticos españoles respecto de cuándo debe un cargo público, investigado por un juez, quitarse de en medio. Aquí se lleva (más de postureo que en todos los casos) esto de que el cargo imputado debe presentar su renuncia. En el Banco Europeo de Inversiones va a ser que no. Magdalena Álvarez lleva imputada desde hace meses. Todo lo que ha dicho este órgano, y su máximo responsable, a este respecto es que prevalece la presunción de inocencia y no hay motivos para sugerirle que se aparte. No consta que tampoco se lo haya sugerido, y por cierto, el gobierno de España.
