Viendo el ritmo al que despacha los asuntos el Tribunal Constitucional, para el 2026 se estará pronunciando sobre el recurso que, contra la nueva ley de Educación, anuncian los partidos de la oposición.
España es una reedición permanente de sí misma. Cada vez que un ministro saca adelante una nueva ley educativa pasan dos cosas:
· Que presume de haber dado por fin con el instrumento que estaba necesitando el país para mejorar la formación de los estudiantes, la autonomía de los centros, los medios que reclaman los profesores.
· Que la oposición le acusa de haber hecho una ley sectaria que en lugar de sumar, resta; privilegia unos colegios sobre otros y discrimina a una lengua. Y anuncia que la recurrirá por inconstitucional.
Y luego acaba pasando siempre una tercera cosa:
Que años después cambian las mayorías en el Congreso y un gobierno de signo político al anterior arrumba la ley que había y pone en pie una nueva. Prometiendo que, ahora sí, se ha dado por fin con el instrumento para garantizar la formación de nuestros estudiantes, etcétera. Luego llega el informe Pisa y nos da un disgusto detrás de otro, pero todos los gobernantes proclaman que tenemos la generación mejor formada de nuestra historia. Sí, tanto la que se formó con la LOGSE, como la que se formó con la LOE, como la que se ha estado formando con la LOMCE. El resumen, escuchando a los partidos, sería que tenemos la generación mejor formada de la historia a pesar de las leyes de Educación que ha habido.
Como ayer advirtió la ministra Celaá, la nueva ley aún no está en vigor. La ha aprobado, por la mínima, el Congreso. Todavía falta el Senado. Saldrá aprobada, no hay duda a ese respecto, y entrará en vigor para el curso que viene. Lo hará porque cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad española representada en el Parlamento. Mayoría, sí; consenso, no.
De los dos objetivos que se planteó este gobierno, hacer una ley nueva y que contara con el consenso de los partidos y la comunidad educativa, sólo ha conseguido el primero. 177 diputados de 350. La escuela concertada y la confederación de padres católicos en contra. No parece un comienzo muy prometedor, pero iremos viendo. Para saber si esta ley es el impulso sanador que requería nuestro sistema educativo habrá que esperar… a ver cómo de bien preparada sale la generación que ahora está en las aulas.
La alianza de la izquierda y los nacionalismos (que hoy son la mayoría de la sociedad española) ha conseguido por fin torcerle el brazo –--que diría Rufián--- al ministro Wert, su bestia negra. Bien es verdad que lo han conseguido siete años después de que se aprobara su ley y cinco años después de que su jefe Rajoy lo convirtiera en un árbol caído. En realidad la ley Wert nunca llegó a aplicarse en su integridad porque Rajoy primero lo dejó estar y después cambió de ministro y le encomendó al nuevo que la desmontara. El brazo de Wert lo desenroscó Rajoy, más que torcerlo. Diluyó las reválidas y evitó dar batalla con el asunto de la lengua. Quedó ahí, como si fuera un tablón flotando tras el naufragio, la referencia al español como lengua vehicular que ahora definitivamente se borra. La línea roja que puso Ciudadanos para apoyar los Presupuestos ha sido superada.
Al portavoz parlamentario del gobierno Echenique ---conocido tuitero petardero--- le ha faltado tiempo para mofarse de Ciudadanos por seguir queriendo negociar a pesar de todo. Como diría la vicepresidenta Calviño…
La ley Wert era de 2013. La ley mordaza, bautizada así por el PSOE, era de 2015. También ésta fue recurrida ante el Constitucional. Era una vulneración de los derechos fundamentales uno detrás de otro. O eso decían la izquierda y los independentistas, que hicieron tantos aspavientos entonces como el PP y Vox con la ley Celaá ahora. Ayer el Tribunal avaló la ley mordaza. O dicho de otro modo, estableció que no era tal mordaza. Lo único que declara fuera de la Constitución es que pueda impedirse que alguien grabe a los policías y use esas imágenes sin permiso. La censura previa, recuerda el Tribunal, no es aceptable en España. Tomen nota quienes pretendan hacer pasar la censura previa por lucha contra la desinformación.
Las devoluciones en caliente, viejo caballo de batalla del PSOE y Podemos contra el PP en 2015… quedan avaladas. Ya tiene coartada el gobierno de coalición para no tumbar la ley que prometió tumbar y para seguir haciendo las devoluciones en caliente que censuró cuando no gobernaba.
En esto de la seguridad ciudadana (y las devoluciones en caliente) Sánchez ha abrazado el marianismo. Como ha abrazado la prisión permanente revisable, que antes le parecía inaceptable y ahora no quiere que se toque. Que una ley sea constitucional no significa que tenga que ser mantenida. Si el gobierno PSOE-Podemos no ha hecho una ley nueva que sustituya a la ley mordaza que tanto denostaron es… porque no le ha dado la gana.
