Para ser Navidad, sí que está complicado lo de verse. Verse entre diferentes, como dice la salmodia gubernativa de este tiempo.
Lo del ministro de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo va camino de convertirse en serial de sobremesa. Se iba a haber visto la semana pasada, y el presidente del Supremo suspendió a última hora. Se iban a haber visto hoy y el ministro ha cancelado por razones de agenda. Se ve que en su agenda el presidente del Supremo es relegable cuando le surge otra tarea. Sólo los malpensados podrán decir que se la está devolviendo: tú me relegas para que todo el mundo sepa el globo que tiene el tribunal con esto del lawfare y nuestros nuevos compadres de Junts, tan progresistas ellos y tan de hacer la lista de jueces que deben ser linchados, y yo te relego para que todo el mundo entienda que al gobierno no se le hacen, gratis, estos feos. Seguro que nada de eso hay, no sólo porque el ministro habrá persuadido ya, a estas alturas, de que no hay riesgo alguno para la independencia judicial mientras Sánchez sea presidente (y mientras no cambie de opinión), sino porque es Navidad. Y en Navidad la tradición es verse y echar un rato de conversación agradable aunque sea con tu peor enemigo y de quien no te crees una palabra.
No hay Gobierno como éste para defender la independencia del Poder Judicial
Apúrense el juez y el ministro en consumar ya lo suyo porque cuanto más lo aplacen más expectativas generará el encuentro. Y lo probable es que la montaña acabe pariendo un ratón porque ambos saben ya lo que hay. El Supremo está lleno de agujeros porque el CGPJ no puede hacer nombramientos, aquella brillante idea del Gobierno para forzar a la renovación del Consejo que no logró renovar pero sí provocó un estropicio de vacantes no cubiertas. Y el gobierno sostiene que la solución a todo es siempre la misma: que el PP acepte de una vez pactar los vocales a la vieja usanza, tantos para ti, tantos para mí, tú pones los tuyos, yo pongo a los nuestros. Ayer proclamó el ministro, un día más, que no hay Gobierno como éste para defender la independencia del Poder Judicial.
Igual si el PSOE no le hubiera firmado a Junts un papel que falsea el procés y dice que hay que actuar contra el lawfare no tendría el ministro que insistir tantas veces en lo mismo. Es verdad que Junts es quien ha ido más lejos al hacer listas de jueces con nombres y apellidos, pero no es la única manera de cuestionar decisiones judiciales. Neutralizar los efectos de una sentencia aprobando indultos contra el criterio del tribunal sentenciador es una forma más sutil de cuestionar, sobre todo si a quien se opone a los indultos se le tacha de revanchista, vengativo y enemigo de la concordia. Vaciar el Código Penal de los delitos por los que están condenados socios políticos es una forma sutil de cuestionar, porque deja sin sentido las condenas. Amnistiar a los procesados por terrorismo abortando causas judiciales que aún no han llegado al final es otra forma sutil de cuestionar, porque ata de manos a los jueces que las instruían.
Pero bienvenido sea el compromiso del Gobierno con la independencia judicial. Aunque el crédito del Gobierno a la hora de cumplir compromisos esté bajo mínimos.
Tampoco terminan de verse Sánchez y Feijóo, y no será porque la vicepresidenta uno no lo dejara claro el domingo: a ver, Feijóo, si el presidente te llama, vas. Como hacen los ministros.
Tanto quejarse Sánchez de que Feijóo le da largas y tiene a Puigdemont deseando verle
El PP se hace de rogar y alega que el presidente trama otra de sus operaciones de camuflaje. Verse con Feijóo para fingir que desea entenderse con él mientras le entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona. Se han cansado ya de recordar los del PP que ellos hicieron alcalde a Collboni en Barcelona y a la señora Etxebarria en Vitoria, socialistas ambos. En un caso para impedir que gobernara Junts, en el otro para que no gobierne Bildu. Los dos compadres por los que ahora bebe los vientos el PSOE: Puigdemont y Otegi. Tanto quejarse Sánchez de que Feijóo le da largas y tiene a Puigdemont deseando verle. Aproveche el presidente para formalizar, con fotógrafo casamentero, su muy afianzada relación de pareja con el prófugo al que ahora llaman exiliado.
Lo de Bildu no amaina. Al paso que va, el ministro Óscar Puente va a acabar pidiendo el ingreso.
Que Bildu sea un partido legal no obliga al PSOE a darle una alcaldía
A ver, que Bildu sea un partido legal no obliga al PSOE a darle una alcaldía, no sé si me entiende. Y el motivo de esta última controversia no es que Bildu esté en los ayuntamientos, es que el PSOE, incumpliendo su palabra, le regale uno. Dice el ministro que las manifestaciones en contra no las entiende. Quiere decir que no las comparte, porque entenderlas, claro que las entiende. Como para no entenderlas. Y una cosa es que no las comparta, no tiene por qué hacerlo, y otra que le niegue la condición de acto democrático. A ver si Bildu va a ser democrático porque cumple con la ley y los manifestantes de Pamplona no son democráticos, aun cumpliéndola. ¿O es que hay dos varas, una para Bildu y otra para los manifestantes siempre que éstos no sean de izquierdas?
Se ha extendido una obsesión, a derecha e izquierda en nuestro arco político, por repartir cada día certificados de democracia. Lo que es democrático, lo que no lo es. Lo que es aceptable, lo que no lo es. Lo que es constitucional, lo que no lo es. Dejen que cada uno opine lo que quiera, y se movilice por las causas que le parezcan justas, siempre que respete los derechos y libertades del prójimo.
Ya es paradójico que un ministro cuestione la condición democrática de la protesta contra un pacto el mismo día que Sumar lleva al Congreso una reforma legal que se quedó pendiente la legislatura anterior y que llevó, entonces, la firma de Podemos. Una reforma pertinente en muchos casos porque hay comportamientos castigados en el Código Penal que entran de lleno en la libertad de opinión a que todos tenemos derecho. Por ejemplo, las ofensas contra los sentimientos religiosos. Que algo le ofenda a alguien no puede convertirlo en delito. Quizá en otro tiempo lo pareciera, pero no, desde luego, en este tiempo nuestro. Por ejemplo, el llamado ultraje a la patria.Silbar cuando suena un himno es una falta de respeto a quienes ese himno representa (y por eso lo silban quienes nunca tolerarían que se burlara nadie del suyo), pero una falta de respeto no debería ser un delito.
Ensalzar un asesinato, no es expresar una opinión, es incitar a que se sigan produciendo
El aspecto más polémico, y resbaladizo, de la propuesta se llama despenalización del enaltecimiento del terrorismo. En otro tiempo se le llamaba apología. Y nunca se consideró un delito de opinión porque no era una opinión lo que manifestaba quien ensalzaba el terrorismo, era su sintonía, su respaldo, su aliento. Su inducción para que siguiera ejerciéndose. Exaltar a quien coloca bomba, ensalzar un asesinato, celebrarlo, justificarlo, recibir con homenajes a los asesinos, no es expresar una opinión, por miserable que ésta sea, es incitar a que se sigan produciendo. Así, al menos, lo vio la sociedad española representada en su Parlamento cuando legisló en ese sentido. Como legisló después contra el ensalzamiento del genocidio y contra la justificación de ataques cometidos por razones de raza, ideología o identidad sexual. Como legisló contra el enaltecimiento de la violencia machista. Ensalzar la violencia machista no es libertad de opinión, es delito.
