Uno se pone en la piel de Puigdemont ---con todo el esfuerzo que eso supone cuando nunca has intentado atropellar los derechos políticos de tus conciudadanos---, uno se pone hoy en la piel de Puigdemont y entiende que el hombre tenga hoy la incómoda sensación de que le han tangao.
Él contaba con pasar el verano limpio de polvo y paja, extinguidas todas sus responsabilidades penales por obra y gracia de la amnistía que le ordeñó (con eñe) a Sánchez a cambio de hacerle presidente y se encuentra con que, entrado ya el verano, sigue en busca y captura por corrupto, o sea, malversador, y sigue investigado por terrorismo.
Es natural que esté pensando que no era esto lo que estaba planeado. Cuántas veces no le habrán dicho en estos meses tú tranquilo, que gracias a García Castellón y a Aguirre vemos dónde puede haber agujeros y retorcemos un poco más el texto de la ley ---estiramos por aquí, estiramos por allí--- para que la manta protectora de la amnistía te cubra, da igual de lo que se te acuse.
Tanto darle vueltas al texto de la ley entre Boye y Bolaños, ley a medida ---que si distinguimos la malversación inaceptable de la disculpable, que si nos inventamos un terrorismo duro y uno light---, para acabar en el mismo sitio en el que estaba, es decir, en Waterloo.
El Tribunal Supremo no ve necesidad de consultarle al Tribunal Europeo si hay que amnistiar a quienes ya están condenados por malversación, Junqueras, Romeva y compañía.
Puigdemont no está condenado porque no ha podido ser juzgado, pero la doctrina se le puede aplicar a él también porque está procesado en rebeldía por malversación. (Lo estaba también por sedición hasta que Sánchez borró el delito del Código Penal desinformando a la opinión pública con el falso argumento de que en Europa nos lo estaban pidiendo a gritos).
El Supremo, digo, no ve necesidad de consultarle al Tribunal Europeo lo de la malversación porque es la propia ley de amnistía la que, según la interpretación del Supremo, deja casos como el de Puigdemont, o el de Junqueras, fuera del olvido penal. En una de las primeras redacciones de la ley se amparaba toda clase de malversaciones, las que fueran, pero en las siguientes se distinguió entre malversaciones amnistiables y no amnistiables precisamente para evitar que, llegado el caso, el Tribunal Europeo lo tumbara por ir en contra de la legislación europea anticorrupción.
Ésta es la ironía de la historia: la operación quirúrgica que hicieron los ingenieros legislativos del gobierno para protegerse del revés europeo es la que ahora sirve al Supremo español para proclamar que la malversación del procés no es amnistiable.
Donde la ley de amnistía dice que no se puede amnistiar a quienes hayan desviado dinero público para beneficiarse personalmente, el Supremo dice que justo eso es lo que hicieron los condenados: beneficiarse personalmente. Si el procés se lo hubieran pagado ellos de su bolsillo les habría costado un dinerito; como usaron el dinero de todos se evitaron desembolsar ellos nada; y eso es justo lo que se llevaron a casa, el dinero que habrían dejado de tener si se hubieran pagado ellos la aventura.
¿Es una interpretación? Sí, claro. ¿Caben otras interpretaciones? Desde luego. Pero éstas son las reglas del juego.
El PSOE no entra a valorar las consideraciones políticas del Supremo
Los jueces del Supremo aplican la ley de amnistía y concluyen que la malversación que cometieron Junqueras y Puigdemont no es amnistiable. Visto así, el gobierno debería estar encantado. Porque fue justo esto, que la última palabra es de los jueces, lo que alegó como prueba máxima de que la ley era impecable.
Pero ocurre que ahora que los jueces del Supremo han aplicado la ley, el PSOE, en lugar de proclamar que es la prueba de que hay separación de poderes lo que ha hecho es tirar piedras contra el Supremo.
Cuando se conoció la noticia, ayer, estaba la portavoz del PSOE, Esther Peña, en su mítin de los lunes contra el PP. Le preguntó Ainhoa Martínez qué le parecía. Pero como aún no le habían pasado el argumentario pasó palabra.
Luego ya sacó el PSOE un comunicado que dice que no entra a valorar las consideraciones políticas sorprendentes e innecesarias que ha hecho el Tribunal. Y que la ley es clarísima. Y que el Tribunal Superior de Cataluña ha dicho que la malversación sí se amnistía.
Traducido, éste es el tribunal bueno y el Supremo es el que hace oposición al gobierno, pobre criatura acosada por todos.
Como el comunicado es anónimo, ha podido redactarlo lo mismo un reputado jurista que, qué te digo yo, un periodista en comisión de servicios del departamento de persuasión y propaganda. O sea, alguien cuyo currículum jurídico es tan irrelevante como el mío.
El gobierno sabía que esto del Supremo iba a llegar. Puede que no tuviera claro si sería cuestión prejudicial, consulta al Constitucional o interpretación de la ley de manera contraria a como desearía el gobierno, pero que el Supremo no iba a ponerle las cosas fáciles estaba en el guion previsto. Después de todo, llevamos dos años asistiendo a este pulso entre poderes del Estado que son independientes.
El Ejecutivo y el Legislativo se propusieron neutralizar los efectos de la sentencia del procés y hacer naufragar todas las causas judiciales abiertas
Primero fueron los indultos, después la derogación de la sedición, el abaratamiento de la corrupción, y finalmente, la amnistía.
El Supremo ha ido haciendo lo que legalmente está en su mano para defender el trabajo realizado y evitar que la neutralización prosperara.
Si el gobierno tiene acreditada una aptitud ---incluso una cierta adicción--- a la ingeniería legislativa al servicio de las urgencias gubernativas, el Supremo no tiene menos acreditada su aptitud para interpretar las normas en sentido adverso a los intereses del gobierno.
Si el gobierno dice que todo lo que hace es legal y que el Legislativo es quien hace las leyes, el Supremo dice que todo lo que hace, naturalmente, es legal y que la aplicación de las leyes que hace el Parlamento les corresponde a los jueces.
Como dice Bolaños. A quien se le habrá torcido el gesto al ver cómo el Supremo invoca a la Comisión de Venecia y su famoso informe para reprocharle al legislativo la falta de nitidez y comprensibilidad de algunos aspectos de la norma.
¿Conclusión?
Que Junqueras sigue inhabilitado y no podrá presentarse a las elecciones autonómicas en caso de que éstas se repitieran. Y que quien quiera reunirse con Puigdemont tendrá que seguir viajando al extranjero. Junqueras incluido. Porque Junqueras también se ha visto ya con Puigdemont, pelillos a la mar o a la fuerza ahorcan, para no quedar desterrado del todo en la negociación de la investidura. Juntos, o junts, los dos cabecillas del procés. Enemigos íntimos. A esto le llamaría Sánchez hacer de la necesidad, virtud.
¿Quién paga las multas que le están cayendo a altos cargos del gobierno por abuso de poder?
Pagará de su bolsillo el presidente Sánchez, entiendo, los mil quinientos euros que le ha impuesto la Junta Electoral por no saber distinguir un viaje oficial como presidente de un acto de partido.
Pagará de su bolsillo Pilar Alegría los dos mil doscientos euros por apropiarse de la sala de prensa del Consejo de Ministros para dar mítines. Pagará de su bolsillo Tezanos los tres mil euros que le han caído por hacer, en campaña, una encuesta sobre la carta de San Pedro a los corintios sin comunicárselo a la Junta Electoral. De uno en uno pueden parecer casos puntuales, pero juntos son un síntoma de la apropiación de la institución del gobierno, y sus recursos, para la batalla partidista.
El presidente del gobierno invasivo se permitió ayer opinar sobre lo que debe o no debe hacer el fiscal general del Estado si es imputado por el Tribunal Supremo. Se empeña el presidente en hablar de García Ortiz como si fuera un miembro más de su equipo.
Desinforma el presidente a la opinión pública transmitiendo esta idea falsa ---no lo llamemos bulo--- según la cual se imputaría al fiscal por defender a la fiscalía. No, hombre, no. Si le imputan será por vulnerar la ley, presuntamente, para defender a la fiscalía y desmentir una intoxicación. Porque el delito no es desmentir un bulo, es revelar datos reservados al hacerlo. Dice el presidente que el fiscal no tiene que dimitir porque cuenta con el apoyo del gobierno. A este paso volverá a decir lo de ‘la fiscalía de quién depende’.
El fiscal general no tiene que contar ni con el apoyo ni con el no apoyo del gobierno.
El fiscal general no es un ministro, aunque Sánchez hiciera fiscal general a su ministra. Deje que el fiscal general se defienda solo. Se empeña el presidente en hablar de García Ortiz como si fuera un subalterno, su encargado.
Y así le va a García Ortiz.
