La última vez que se le preguntó a Fernando Simón quiénes eran los expertos que decidían si una región podía cambiar, o no, de fase (en los tiempos de la desescalada) él respondió que no iba a dar los nombres.
Simón asumió como propia la decisión ---ni un nombre--- y añadió este argumento que ya entonces resultó polémico: preservar a los técnicos del ministerio de la presión que dificulta su trabajo en libertad. Como si el hecho de que esos nombres trascendieran fuera a traer consigo que sus decisiones fueran peores.
El Consejo de la Transparencia, organismo público que vela por esto que se llama el Buen Gobierno (o sea, que los gobernados tengan la información a que tienen derecho) ha dado diez días al ministerio de Sanidad para facilitar esos nombres a un abogado que los reclamó y al que se le respondió no exactamente lo que dijo Simón en público pero parecido: que la ley de protección de datos impedía facilitar esas identidades. Ahora el Consejo le dice al ministerio que la respuesta carece de pies y de cabeza. Porque la información que se le ha pedido no afecta a la vida privada de nadie y sí a la toma de decisiones sobre la salud pública.
Este asunto de los expertos fue uno de los episodios más chuscos de la primavera. Los dos comités de expertos de los que habló el gobierno. Uno que existió y otro que no.
El que sí existió fue el primero, los científicos convocados por el gobierno de urgencia en marzo para ver qué se hacía. Allí estaban Antoni Trilla, la señora Vanaclocha, el doctor Portela. Eran los expertos que todo el tiempo invocaba como fuente de autoridad el presidente Sánchez en sus comparecencias. Él sólo hacía lo que le indicaban los expertos, la ciencia.
Luego llegó el otro comité, el fantasma. Que fue el de la desescalada. El gobierno pidió criterio a especialistas en unas cuantas disciplinas para diseñar el plan aquel de las fases, pero una vez diseñado terminó la participación de todos ellos. Lo que vino luego fue el examen aquel que tenían que pasar las comunidades autónomas para cambiar de fase. Y ahí el gobierno aludía a unos expertos que nunca se supo quiénes eran.
En este programa dije yo una mañana que el comité no existía, que era el propio ministerio con los funcionarios de Simón. Y en efecto, luego se supo que así era. Estos fueron los nombres por los que se le preguntó al portavoz y estos son los nombres que el ministerio, hasta hoy, se ha negado a difundir. ¿Pueden ser secretos los nombres de los funcionarios de un departamento ministerial? No parece. Tenga el dato mucha relevancia, poca o ninguna (y en este caso es más bien lo último) la obligación del gobierno es no ocultar información que no hay razón alguna para que permanezca oculta. Aunque diga la vicepresidenta Calvo que tienen que estudiarlo.
Mucha voluntad de transparencia no está acreditando el gobierno. Ni en esta materia ni en muchas otras.
Cada mes el Consejo del Buen Gobierno publica la lista de peticiones que se le han hecho a los ministerios y la respuesta que esas peticiones han tenido. En octubre, de las 92 peticiones formuladas más de la mitad han merecido o el silencio o la negativa amparándose en la seguridad del estado o la protección de datos. En el caso del ministerio de Sanidad, no ha respondido a ninguna. Suspenso en transparencia.
También fue ayer cuando la Fundación Maldita.es difundió la carta que la comisión europea envió a los gobiernos europeos el 3 de abril explicándoles que no se iba a sancionar a quien bajara el IVA de las mascarillas. En aras de la transparencia, Maldita solicitó acceso a los documentos oficiales y se le ha dado. Y ahí está la carta del director general de Impuestos de la Unión que confirma que desde abril tenían en su mano los gobiernos la opción de bajar el IVA. Por más que aquí la ministra de Hacienda repitiera que hasta primeros de noviembre no tuvo respuesta.
El tres de abril se recibió en el ministerio de Hacienda la carta. Entre el tres de abril y el 12 de noviembre recaudó la Agencia Tributaria por este concepto un dinerito. Y acuérdese lo que dijo Adriana Lastra cuando le recordaron que Italia había dejado el IVA al 0% ya en mayo.
Se ve que aquella armonización fiscal, la del IVA de las mascarillas, no le resultó atractiva al gobierno de España. Hay armonizaciones y armonizaciones, y aquí cada cual se apunta a la que más le conviene.
Al vicepresidente segundo le preguntó ayer Carlos Segovia en La Sexta si la armonización de impuestos debería afectar también al País Vasco y Navarra, que es la forma de preguntarle a un líder que predica la equidad si le parece equitativo que haya comunidades con un régimen fiscal distinto al resto. Eludió, por supuesto, el vicepresidente del asunto amparándose en la perogrullada de que las instituciones vascas (y el concierto) es legal.
Sino por Madrid. La armonización está acotada. Se trata sólo de que Madrid cobre impuesto de patrimonio. No hay cómo aclarar los debates, ¿verdad? ¿Cuánta armonización le pongo? Preguntarse hasta dónde alcanza el deseo de armonizar no es eludir hablar de Madrid, es eludir la campaña reduccionista, e interesada, de los partidos gubernamentales. A ver si va a ser el vicepresidente quien no quiere que se hable nada más que de la comunidad de Madrid. Donde él, por cierto, tiene su residencia.
Si piensa que los contribuyentes con más posibles, como es su caso, están pagando pocos impuestos en Madrid, tiene en su mano predicar con el ejemplo. Calcule cuánto más debería pagar en impuestos un contribuyente con su renta y su patrimonio y haga mañana mismo una donación a Hacienda. Armonía personal.
