Hay vía libre al manguerazo de dinero europeo. Los gobernantes de la Unión han recurrido a la tradicional ingeniería verbal para amansar al primer ministro húngaro y al polaco y conseguir que ambos aparquen el veto.
En realidad, quienes se han amansado no han sido el húngaro y el polaco sino todos los demás. Son los demás los que aparcan la severidad que habían predicado sobre la calidad democrática de los estados de la unión y aceptan ahora tantas condiciones a ese examen que, en la práctica, lo han diluido. Y lo han diluido tanto, que al polaco y al húngaro ha dejado de inquietarles.
¿Qué es lo que les inquietaba? Se lo recuerdo: que su empeño continuado en recortar la independencia judicial en sus países y aumentar el poder hegemómico del gobierno les dejara sin fondos europeos. Ésta ha sido la batalla: desligar los fondos del examen democrático. Sobre el papel sigue vigente ese examen, pero ahora se le añade que no tendrá efecto mientras el Tribunal Europeo no se pronuncie y que incluso si un gobierno suspende el examen, los demás pueden decidir que se haga la vista gorda. Oye, con esas nuevas reglas Orbán y Morawiecji dicen que amén, que al final son ellos los primeros en necesitar el grifo del dinero para salir adelante.
Hay vía libre para el surtidor y es una muy buena noticia para el Estado español. Que ve así despejada su financiación para el año que viene y se asegura el dineral al que ha confiado nuestra recuperación en 2021.
A esa buena noticia se añaden otras dos que despejan del todo la financiación del estado: el Banco Central Europeo mete más combustible a la máquina de comprar deuda nacional (más dinero barato para los estados) y el Tesoro español coloca los bonos a diez años a tipo negativo, que ya no es que sea financiación barata, es que se le saca una rentabilidad añadida.
El ministerio de Economía sostiene que ésta es la prueba más sólida de la confianza de los inversores en la solvencia de nuestro país y tiene razón. Es un hecho que estamos en recesión y que las previsiones de 2021 están todas cogidas con alfileres, pero el respaldo del mercado es también un hecho. Y un hecho positivo que aleja el peligro de que la crisis económica fruto de la crisis epidémica desembocara en una crisis de deuda. Que fue la crisis que tuvimos en 2010 y que provocó casi todo lo que vino luego, empezando por reforma de la Constitución que pactaron Zapatero y Rajoy para garantizar el pago de la deuda.
En lo que sigue suspendiendo el gobierno es en transparencia.
Puede entenderse que haya buscado una coartada que nadie cree para justificar que Pedro Sánchez suspenda su viaje a Marruecos. La coartada es la situación epidemiológica, que en realidad es hoy mejor que cuando se anunció este viaje. No es un secreto que el hecho de que ayer Trump se alineara con Marruecos y declarara que, para EEUU, el Sahara Occidental es territorio marroquí (la soberanía que Marruecos se atribuye), España tiene que hacer algún gesto que muestre su discrepancia, porque para el Estado español el Sáhara no es de soberanía marroquí, como ha recordado la ministra González Laya.
España no admite que el Sáhara sea marroquí aunque tampoco reconoce a la República Saharaui. Y aunque el Polisario viene acusando al gobierno español de ponerse de perfil cada vez más cerca de la posición marroquí.
Puede entenderse que lo del viaje (o no viaje) de Sánchez se despache con una excusa tan mala como ésta del covid. Se entiende menos la desinformación que está practicando el gobierno con el asunto de los inmigrantes trasladados a la península. La ministra portavoz dice que al gobierno no le consta que haya traslados organizados mientras el ministro Ábalos sí parece conocerlos, qué extraño todo.
El gobierno no sabe quién organiza los traslados de inmigrantes que organiza el gobierno. No sabe cómo ni quiénes llegan pero sí sabe que son personas vulnerables y no repatriables (retornables, se dice, como si fueran una mercancía en mal estado). El gobierno presume de su política de acogida y se desentiende de cómo han de ser acogidos los trasladados. Desinformación. Y anti transparencia.
El gobierno sigue suspendiendo en Buen Gobierno.
Quince días después de que el Consejo de la Transparencia reclamara a Sanidad que publique quiénes fueron los técnicos que evaluaron el cambio de fase en la desescalada el ministerio sigue haciéndose el loco. Salvador Illa sigue pasando olímpicamente del tema.
Vamos a llegar a la última quincena del año de la pandemia con los contagios a la baja en España (salvo que el puente haya dado la vuelta a la tendencia) y con el ministro Illa calculando que en la primera quincena de enero podremos ya estar vacunándonos.
La incidencia acumulada se sitúa a niveles de primeros de agosto, esto va bien, y el número de fallecimientos diarios también va descendiendo, aunque estamos sólo un poco por debajo de los doscientos al día, la cara más amarga, como contamos cada mañana, de la estadística oficial. Según el acumulado de Sanidad, desde marzo hasta hoy son 48.000 los fallecidos de coronavirus en España.
Pero ese dato sólo incluye quienes habían sido diagnosticados de covid. El Instituto Nacional de Estadística, que ayer publicó el registro oficial de defunciones(y causa de las mismas) de los primeros cinco meses del año eleva el número de muertos sólo hasta final de mayo a 45.000 personas. Muy por encima de la estadística de Sanidad.
¿Por qué? ¿A qué se debe la diferencia? Pues a lo que tantas veces explicamos en primavera: que la forma más fiel a la realidad de contabilizar las defunciones por covid es incluir no sólo a los diagnosticados, sino a quienes presentaban síntomas compatibles con el coronavirus. Aunque no hubiera diagnóstico como tal, todo indica que no habrían fallecido de no ser por el virus.
Ésta es la forma que recomienda la Organización Mundial de la Salud y ésta es la forma que emplea el INE. Y el ministerio de Sanidad lo sabe. Sabe que es el reflejo más exacto del impacto mortal de la epidemia pero sigue resistiéndose, a día de hoy, a elaborar así su estadística. De tal forma que para Sanidad tenemos en diciembre el número de fallecidos que en realidad superamos ya en junio. Con el criterio del INE, hoy las vidas que el coronavirus se ha llevado este año en España están más cerca de las 70.000 que de las 48.000 mil que dice el gobierno.
El gobierno sigue suspendiendo en transparencia.
Ahora el mismo Consejo reclama al ministerio del Interior que informe del motivo por el que fue destituido en marzo el jefe de prevención de riesgos laborales de la policía nacional. Le recuerdo la historia: este señor, José Antonio Nieto, empezó en enero a proveer de mascarillas y guantes a los policías en los puestos fronterizos. El ministerio de Sanidad, según contó él mismo en este programa, le reprocha que esté generando una alarma injustificada.
En enero alerta a las comisarías del riesgo de este virus nuevo y recomienda mascarillas. En febrero Sanidad le acusa de crear alarma social. A primeros de marzo se publica que la policía lleva desde enero haciendo acopio de mascarillas (mientras el gobierno negaba el riesgo y la utilidad) y Nieto es destituido. En la notificación que le hace no figura la causa del despido.
Esto es lo que él ha reclamado ante el Consejo de la Transparencia, que se le comunique por qué se lo quitaron de en medio, y lo que motiva que el Consejo resuelva que Interior tiene ya que aclararlo.
