Qué tal, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 19 de marzo de 2025.
Y lo estamos haciendo en Valencia. Agradecidos a la comisión fallera del Parque Alcosa de Alfafar por habernos hecho un hueco en la carpa que este año hace las veces de casal o sede y centro de reunión (porque al casal de verdad ya imagina usted lo que le sucedió aquella maldita tarde del veintinueve de octubre).
Desde primera hora (lo habrán comprobado aquellos de ustedes que más madrugan) esto es un ir y venir de integrantes de la comisión, familiares, amigos, vecinos, conocidos ---personal de este programa de radio--- que han ido dando cuenta ya de los primeros churros y los primeros buñuelos del día. Madrugando, a pesar de haber disfrutado hasta tarde de la nit del foc, que hay que aclarar a los ingleses que nos visitan que es la noche del fuego, foc es fuego, nada que ver con lo que significa en inglés, foc, aunque alguno de ellos se haya empleado a fondo para tener fuck además de foc.
Iniciamos el último día de las Fallas de este 2025, día grande. Este ajetreo se termina hoy, pero empezó hace semanas y semanas. Y si hay que hacerle un reproche a alguien es a Konrad y a Laurence, o sea, a las borrascas. ¡Al tiempo! Ya les he contado que hoy se presenta nublado y, quizá, con algún chubasco corto. Pero es que ayer sufrimos aquí el día más lluvioso de la historia de las Fallas. Se salvó la ofrenda a la virgen en la capital, pero en muchos de los municipios de la provincia se tuvo que aplazar la liturgia. En Alfafar, por ejemplo, ha quedado para el domingo, como en Sedaví; en Paiporta y Albal se celebrará el sábado; en Benetúser, el viernes; en Catarroja y Aldaia, esta mañana.
Ya podía habernos regalado 2025 una semana grande de cielos despejados y temperaturas cálidas —qué fue del caloret faller—, aunque sólo fuera para compensar el daño que la lluvia acumulada en poco tiempo, un barranco que sigue sin estar preparado y una sucesión de negligencias causó en esta tierra hace ahora cinco meses.
Son muchos los municipios valencianos en los que hoy, excepcionalmente, se juntan la ofrenda floral, con sus falleras y falleros trajeados, sus bandas de música; la misa dedicada a San José en todos los templos; y, entrada ya la noche y como gran colofón festivo, el momento de la verdad: la quema de los monumentos —con permiso de la lluvia en la cremá—. El fuego. La exaltación de lo efímero y ese mensaje que dice que mañana, de nuevo, hay que volver a empezar: cuando parece que no ha quedado nada, lo que queda es el aprendizaje para poder volverse a levantar. Cuando parece que no ha quedado nada es que queda todo por hacer.
Son las primeras fallas después de la riada. Las del hermanamiento entre comisiones falleras y ayuda prestada por las grandes a las pequeñas. Y son las primeras fallas para nuevos valencianos que han nacido fuera y se han instalado recientemente aquí. Inmigrantes, sí, deseosos de ganarse aquí la vida en paz y con los papeles en orden.
Veinticuatro horas después de que Vox, Partido Trumpista Putinista Español, le hiciera un monumento (no precisamente fallero) a Mazón por hacer suyo el grito de ‘ni un solo mena más en la Comunidad Valenciana’ (mena es la forma deshumanizada de llamar a un menor de edad que no tiene un adulto que se haga cargo de él), el gobierno aprobó la reforma de la Ley de Extranjería que dice que las comunidades autónomas tendrán que acoger, asistir y tutelar a los menores llegados a Canarias y Ceuta que les correspondan conforme a los criterios pactados con el Partido Puigdemónico. Lo más embarazoso —para el gobierno— del acuerdo anunciado ayer es la forma en que Junts presentó el decreto, con ese aroma tan puigdemónico de ‘hemos ganao, hemos ganao’ y presumiendo de que a Cataluña sólo serán enviados veinte o treinta menores mientras que a Madrid le tocarán setecientos. ‘Hemos frenado la llegada de menores’, dicen los de Junts pletóricos. Números, números. Hablan del reparto de menores como si hablaran de la quita autonómica. La quita de menas, qué edificante todo. Y precisamente por eso, por el tono, por la fijación por los números —o por el marcador, Cataluña, 20, Madrid, 700— es porque lo que ha cundido la sospecha de que primero se pactó cuál debía ser el reparto y después se crearon los criterios oportunos para saliera la cuenta pactada, no al revés. Por eso, y porque estamos hablando del partido que reclama saber catalán para poder tener papeles en Cataluña (no sé si a los niños de ocho años se lo quieren exigir también, igual Turull se inventa que en Zamora ya pasa).
Pero este pacto con Junts no es equiparable al que le firmó el PSOE para la cesión de competencias migratorias. No es el por el origen del asunto y no lo es por la forma en que se ha llegado hasta él. Lo de la cesión de competencias se lo aceptó Sánchez a Puigdemont para que le convalidara un decreto anticrisis que nada tenía que ver con aquel asunto, enero de 2024. Era el peaje y se le pagó. Esto de ahora —la distribución de menores por el resto del país a la vista de que ni Canarias ni Ceuta tienen medios para sacarlo adelante solas— surge del S.O.S. que lanzaron la primavera pasada dos gobiernos autonómicos del PP. El de Canarias, que es de coalición con Clavijo, y el de Ceuta. A ambos territorios llegan muchos más menores no acompañados que a cualquier otro sitio por razones geográficas fácilmente comprensibles. Si se ha llegado a tener que reformar la ley para obligar a los gobiernos autonómicos a asumir una parte de estos menores es porque sin obligación de hacerlo, ya se ha visto que permanecen todos en Canarias y en Ceuta. Fue con el aliento de estos dos gobiernos con el que empezó la negociación entre el gobierno y el PP para dar respuesta a la emergencia. En esto sí hubo una negociación, o apariencia de, entre los dos grandes partidos. No sólo porque el PP gobierna la abrumadora mayoría de las comunidades autónomas. También porque el suyo es el grupo parlamentario más numeroso, y una reforma de la ley acordada por PSOE y PP no necesita más para entrar en vigor de inmediato.
Al gobierno central lo que se le reprochó a comienzos del verano es que, si claramente era una emergencia, no respondiera tomando medidas de emergencia. En este programa le pregunté al ministro Torres por qué no aprobaba el gobierno por decreto (la fórmula para las emergencias) el reparto de menores y respondió que no serviría de nada porque después el Parlamento no se lo convalidaría. En aquellos días aun parecía posible el entendimiento entre gobierno y oposición. Hubo una cumbre de gobiernos autonómicos en Canarias y todos dijeron sí a recibir más menores —por eso rompió Vox con el PP— lo que no hubo es concreción sobre cuántos y con qué financiación estatal añadida. Miento, hubo un gobierno autonómico que no quiso comprometerse. Adivine cuál. El de Cataluña, que aún era de Esquerra.
Junts, para el gobierno, en este asunto ha sido el plan B. Naufragada la negociación con el PP, acusándose mutuamente de sabotear el diálogo, el plan B era amarrar apoyos para la convalidación del decreto. Estaba hecho ya con el PNV y apareció, como de costumbre, el Partido Puigdemónico a ofrecerse. A cambio de diseñar él las condiciones.
El PP tuvo la oportunidad de organizar una cumbre de barones, como aquella en la que se armonizó la política fiscal de sus regiones, o aquélla otra en que se armonizó la política de vivienda, para armonizar la política sobre acogida de menores llegados a Canarias y a Ceuta. Doce comunidades autónomas ya hemos pactado el modelo, aquí lo tiene usted, gobierno central, para que proceda. No sucedió. Ahora llega el desenlace y consiste en que los gobiernos autonómicos del PP tendrán que cumplir con lo que les toque ---incluido Mazón, salvo que a sus muchos problemas quiera añadir el de insubordinación a la ley--- sin que hayan llegado a incluir lo más mínimo en el nuevo texto. Y añadiendo que el PP de Canarias y el PP de Ceuta están a favor del decreto. Quizá debería revisar la dirección nacional del partido su estrategia en todo este asunto porque no parece que le haya resultado muy fructífera. Con el remate de que Mazón se apunte al ‘ni un mena más’ de Vox mientras el PP canario se hace cruces.
Y no, no parece que sea el PSOE, o el gobierno, el más autorizado para cuestionar los pactos que hacen los demás y el precio que pagan por ellos. Después de todo, las dos personas con las que más ha negociado y pactado el gobierno (y en ello sigue) son las dos que llevaron este país a la mayor crisis institucional desde el año 81, o sea, Junqueras y Puigdemont, que ahí continúan, atornilados al machito y dando lecciones a los demás sobre estabilidad, financiación y acogida de extranjeros. Puigdemont las da desde el extranjero, precisamente, que es donde él está arraigado eludiendo la acción de la justicia española en un caso claro de evasión judicial. Pero aleccionando a los sin papeles.