A última hora de anoche, la revista Time (o el portal informativo Time, porque ahora es más cosas aparte de revista) avanzó una información exclusiva: “Altos cargos del gobierno Obama disfrutaron de vacaciones familiares baratas en una cabaña pública”. No es un hotel de cinco estrellas, o un palacete de patrimonio nacional, no es siquiera una mansión, es esta construcción de madera que lleva en pie más de medio siglo y que está declarada de interés histórico: el refugio Brinkerhoff.
La información, presentada como denuncia, empieza por citar un nombre: Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. “Biden, su señora y once personas de su familia pasaron cuatro noches de agosto en la cabaña”. Dices: ¿y qué? Ah, el periodista lo explica: esta residencia, por rústica y modesta que parezca, pertenece al Servicio de Parques Nacionales, un departamento público, y desde 1992 rige la norma de que sólo pueden alojarse en ella empleados de la administración que la requieran para alguna actividad oficial derivada de su cargo. Ninguna persona, ni siquiera el vicepresidente del país, o el presidente, puede usar la cabaña para unos días de vacaciones. Si es eso lo que quiere, descansar, ha de solicitarlo formalmente y pagar el alquiler que rige para todos.
Time, naturalmente, ha preguntado al gabinete del vicepresidente Biden si es verdad que durmió allí con su familia cuatro noches de agosto. La primera respuesta que le dieron fue: “sobre eso no podemos informar, confidencial por razones de seguridad”. El periodista, perseverante, preguntó entonces al servicio de parques nacionales: “oiga, ¿ha estado alojado ahí el vicepresidente?”
La portavoz del departamento, con criterio propio, no sólo confirmó la presencia de Biden en agosto, sino que decidió buscar la lista de las personas que han utilizado el refugio los últimos tres años. Y ahí aparecen el ministro de Educación, el ex ministro de Transportes, el ex ministro de Interior, entre otros. De inmediato ha hecho saber la portavoz de parques que van a requerir a estos altos cargos que aporten una de estas dos cosas: o la agenda oficial que pruebe que el uso que hicieron de la cabaña era consecuencia de su actividad como ministros o...el dinero del alquiler que, en su momento, se ahorraron by the face.
Preguntado de nuevo el gabinete del vicepresidente, ha confirmado ahora que sí, que allí estuvo la familia cuatro días de agosto, y que Biden ya ha dado instrucciones para reembolsar al Parque los 1.200 dólares que cuesta alquilar esta cabaña junto al lago y con vistas a las cumbres nevadas del monte. Ser vicepresidente de los USA no te da derecho a alojarte en un parque nacional de gorra.
Es una historia pequeña, no alcanza la categoría de gran escándalo (no hay tartejistas cargándole la cuenta de la ferretería a los clientes de su banco ni adjudicaciones amañadas de contratos púnicos) pero da idea de lo escrupuloso que uno debe ser para no confundir el desempeño de un cargo público con el abuso de ese cargo en beneficio propio. Y también, de cómo el clima de corrupción que se respire en una sociedad guarda relación con el umbral de dolor que se fija ella misma, hasta dónde tolera las pequeñas corruptelas y a partir de dónde las considera ya escándalos inadmisibles.
La corrupción es responsabilidad directa del corruptor y quien se deja corromper, pero cuanto más tragaderas tengan quienes están a su alrededor -por afinidad, por no meterse en líos o porque aspiran a pillar también ellos- más fácil es que un primer brote corrupto se extienda. No es un secreto que muchas de las denuncias iniciales que permiten destapar concursos y adjudicaciones fraudulentas parten de empresas que presentaron sus ofertas pero se resistieron a acompañarlas del maletín con dinero negro, empresarios discriminados por entrar por el aro de lo que ha sido procedimiento habitual en cientos de municipios españoles durante años y años.
Como no es un secreto que, teniendo que elegir entre quedarse sin contrato o untar al concejal de urbanismo, muchos empresarios optaron por lo segundo. “Engrasar el sistema”, lo llamaban, el Plan de Ordenación Urbana estaba atascado y la forma de desatascarlo era pagar más comisión o comprar más concejales.
En la operación que esta semana nos ocupa, la Púnica, el papel de corruptor corresponde, con la información que hasta ahora tenemos, a los ejecutivos de una empresa llamada Cofely, filial de la compañía francesa GDF Suez, que se acercaba a los gobiernos municipales ofreciéndose a gestionar el mantenimiento del alumbrado del pueblo.
Primero el ayuntamiento debía aprobar la externalización del servicio y luego se preparaban, presuntamente, la condiciones del concurso de tal manera que el resultado estuviera atado: no sólo porque la adjudicataria debía ser esta empresa, sino porque se apañaban los cálculos de consumo eléctrico y número de bombillas para que el beneficio de la compañía fuera más alto. El procedimiento, se sospecha, era en cada nuevo municipio captado para la causa un clon de lo que se había hecho en Móstoles, donde Cofely había obtenido su contrato más gordo.
Al cabo de dos días de calabozo e interrogatorio de la guardia civil, hoy han empezado a desfilar los detenidos de la púnica por el despacho del juez Velasco. Que ha querido empezar por el francés, Didier Maurice, director general de la empresa presuntamente corruptora. Después, los alcaldes presuntamente corruptos, el primero el de Parla, José María Fraile, este hombre cuya detención colocó a Tomás Gómez al borde de las lágrimas porque es “como un hermano”. Y después, el pelotón de alcaldes del PP, partido que, como están lamentando sus afiliados de base, lidera el ránking de detenidos en esta trama.
¿Y Granados? ¿Y Marjaliza? Presuntos cerebros de la cosa a decir de las informaciones publicadas. Pues el juez, que aún no ha hecho su croquis de quién estaba en lo más alto de la pirámide y quién en lo más bajo, el juez a Granados y Marjaliza se los reserva para mañana.
