Monólogo de Alsina: "El ministro de Fomento se aparta y le pone una vela a la Virgen de la Estiba"
En castizo esto se dice "adelante con los faroles". Luis de Guindos, que es madrileño, la hizo suya ayer en el Parlamento. Si los grupos de la oposición quieren comisión de investigación sobre Bankia —que, en efecto, la quieren— sea. Que la haya. Pero una comisión de largo alcance. Que examine no sólo la salida a bolsa y el rescate con dinero público que se hizo un año después, sino lo que había sucedido antes. El desfondamiento de las cajas de ahorro, entrampadas con créditos irrecuperables al sector inmobiliario, y la forma en que el gobierno de entonces, el de Zapatero, se empeñó en poner parches y paños calientes que lejos de resolver el problema lo agravaron.
Si quieren comisión de investigación, no hay problema. El gobierno, por boca del ministro, aplaude que se cree.
A favor de ello sabiendo que volverán a surgir ahí asuntos incómodos para quien hoy gobierna —Rato, sobre todo, quién era Rato y quien lo colocó en Bankia; y el rescate, por qué se negó que el rescate bancario fuera un rescate— pero sabiendo también que quien lleva las peores cartas en una comisión como ésta es el gobierno de antes.
El martes, cuando recordamos aquí todo el expediente de la salida a bolsa, recordamos esta intervención parlamentaria de De Guindos hace tres años. En respuesta al grupo socialista que le apretaba por el rescate de Bankia.
Ésta fue siempre la tesis de De Guindos, coincidente —en esto— con la de UPyD, que llevó la iniciativa en los juzgados, y con coincidente con lo que han ido contando, a medida que fue pasando el tiempo, muchos de los involucrados: la salida a bolsa fue una operación política alentada por el gobierno de entonces, con los supervisores cerrando a conciencia los ojos y con el principal partido de la oposición (ésta parte De Guindos se la salta) apoyando también la operación porque al frente estaba, después de todo, uno de lo suyos, el ex vicepresidente milagroso Rodrigo Rato.
Si quieren investigación, adelante con los faroles. Podemos y Ciudadanos podrán jugar el papel de los nuevos que llegan limpios de polvo y paja y el PP y el PSOE podrán reverdecer sus trifulcas por la crisis financiera. La comisión boomerang: a ver con qué cara se oponen los socialistas a la comparecencia de Solbes, de Salgado, de Rodríguez Zapatero.
Justo ahora que Zapatero estaba feliz porque el grupo socialista —sin Sánchez— había consumado su rehabilitación política ensalzando sus leyes sociales de la primera legislatura, la comisión de investigación volverá a recordar al otro Zapatero, el que negó la crisis, el que aupó a Fernández Ordólez, el que presumió de la fortaleza imbatible de nuestro sistema financiero, el que dejó el gobierno un año antes de lo que le tocaba, acuciado por una situación económica pésima, una prima de riesgo de infarto —el marcapasos del presidente, el marcapasos— y unas encuestas que lo dejaro k.o.
Era ministro de Fomento José Blanco. En septiembre de 2011. Cuando aprobó el gobierno el decreto que refundía la ley de puertos y la de la marina mercante. Traducido: la nueva regulación de los puertos y de la carga y descarga de los buques. La estiba. Que de nueva tenía poco porque los requisitos para contratar trabajadores no se tocaban.
Era aún ministro Blanco cuando la comisión europea envió el primer aviso: aquella norma incumplía la liberalización exigida por las normas europeas. Cambió el gobierno pero no cambió la regulación de la estiba. Y un año después llegó el siguiente aviso: la comisión insistía en que aquello había que cambiarlo. El ministerio de Fomento, la ministra (Pastor) respondió con una serie de razones que no colaron y acabó llegando el recurso judicial de la comisión europea y la sentencia: la condena a España de diciembre de 2014. Tercer año del gobierno Rajoy y tercero de Ana Pastor en Fomento.
La sentencia había que cumplirla. Había que reformar la estiba y acabar con el blindaje sindical a las nuevas contrataciones. Diciembre de 2014. Hoy es febrero de 2017. Y sigue sin hacerse.
El avispero de la estiba fue uno de las asignaturas pendientes que Íñigo de la Serna heredó de su antecesora, hoy en el Congreso. Cuando hace un par de semanas el ministro anunció que llevaría el decreto de reforma al consejo de ministros de este viernes invocó los argumentos que conocemos: la sentencia hay que cumplirla, va de suyo, y hay que hacerlo ya porque nos arriesgamos a una multa de narices por cada día que pase sin hacerlo. De pronto, la urgencia. Con un cambio significativo respecto a los cuatro años anteriores: que antes el gobierno tenía mayoría absoluta y ahora no la tiene. Que antes le convalidaba el congreso cualquier decreto y ahora y no tiene garantías de que eso suceda.
Más bien al revés. De lo que ahora tiene garantías el ministro es de que no sacará adelante la reforma si el PSOE y Ciudadanos no se dejan. Y no están por dejarse. Ambos han transmitido su oposición a la reforma y han colocado al ministro en una situación imposible: aprobar un decreto que no será convalidado por las Cortes y pagar el precio de una huelga, agitada, en los puertos. El ministro levantó ayer el pie y aceptó la sugerencia de Ciudadanos: aparcar el decreto una semana —una, de momento— e instar a patronal y sindicatos a sentarse de nuevo a hablar de los suyo, las condiciones laborales de los estibadores una vez que se abra la puerta a la contratación directa en el mercado.
El ministro se aparta un rato y le pone una vela a la virgen de la Estiba.
Cinco años y medio después del comienzo de esta historia, no te van a entrar ahora las prisas.