Rajoy corrige el criterio, afloja el pulso con el Parlamento, y acudirá al Congreso a contar como fue la última cumbre europea y el acuerdo que finalmente se ha alcanzado con Turquía para la devolución de inmigrantes y refugiados. El pacto que fue enmendado —o remendado— por los mismos jefes de gobierno que diez días habían bendecido el primer borrador. Aquello que, al parecer, no vieron el 7 de marzo, que habían abierto la puerta a las devoluciones colectivas de inmigrantes y refugiados, lo vieron el 18, iluminados en buena medida por España y empujado el gobierno de España, para corregir el criterio anterior, por los grupos parlamentarios. Muy críticos con el pre acuerdo euro-turco y en sintonía, por cierto, con el ministro de Asuntos Exteriores.
El gobierno tuvo entonces el acierto de hacer suyo el criterio de los grupos de la Cámara y promover la corrección del preacuerdo para ajustarlo a la legalidad internacional. Pero perseveró en su negativa a explicar, de regreso de Bruselas, lo que finalmente se firmara en el Parlamento. O en rigor, perseveró en su negativa a que fuera el presidente Rajoy quien lo explicara. Informar, informaremos, dijo el presidente, pero de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, es decir, delegando las explicaciones en el secretario de Estado para la Unión Europea. Esta declaración es del pasado día 18.
Y ésta, la respuesta que dio al periodista que le preguntó si eso significaba que iría el secretario de Estado y no el presidente del gobierno.
Esto que el día 18 parecía inamovible —que el presidente no cedería a las presiones— cambió de pronto anoche, cuando el propio gobierno solicitó la comparecencia de Rajoy. ¿Por qué? Luego se lo preguntaremos a él, pero igual tiene algo que ver el hecho de que la junta de portavoces fuera a afearle hoy la conducta al gobierno echando así más madera a este pulso que mantienen el Congreso y el gobierno en funciones. O que, en último término, éste es un pulso del que la sociedad no saca fruto alguno y el gobierno, seguramente, tampoco. Ni siquiera Patxi López, que se ha abonado a esta pelea con bastante más entrega que la que viene manifestando para lograr que el Parlamento cumpla su tarea más inmediata: investir un presidente de gobierno.
El gobierno rectifica y el PSOE hace saber que no le basta. Insiste en elevar la controversia al Tribunal Constitucional, institución sobradamente conocida por la celeridad con que emite sus resoluciones y que acostumbra a lamentarse de que los grupos políticos la carguen innecesariamente de trabajo. En un mes no se acuerda de esta tormenta, como diría Rajoy, ni el tato.
El PSOE también rectifica. El calendario. Fracasada la investidura de Sánchez, en puertas del esperado vis a vis con su ex futuro vicepresidente Pablo Iglesias, oliéndose ya los socialistas —como nos olemos todos— que esto termina en nuevas elecciones precedidas de dos meses de campaña, ponerse a discutir sobre quién debe dirigir el PSOE podía generar aún más confusión. El argumento, trasladado ya por el núcleo duro pedrista a los barones del partido, tiene lógica interna, bien es verdad que ya lo tenía el pasado mes de enero y el comité federal impuso mayo contra el criterio de Sánchez y los suyos. Impuso mayo porque temían que el secretario general, con la coartada de la repetición electoral, tratara de blindarse al frente del partido. O sea, lo de siempre, dejar pista libre a Susana Díaz por si en algún momento del presente siglo se animara a disputarle a Sánchez el bastón de mando.
La historia interminable de esta convivencia a palos que mantienen los dos dirigentes más visibles del PSOE —esta bicefalia imperfecta, nunca reconocida pero latente— vivirá hoy su nuevo capítulo, cuando la ejecutiva socialista apruebe sugerir al comité federal que se aplace el Congreso para no tener que ponerse a recoger avales a quince días de que, presumiblemente, se disuelvan las Cortes.
Llegados a este punto, y visto lo visto, la única fórmula que puede evitar esa disolución es el casamiento, de aroma picapiedra, entre Pedro y Pablo que venga acompañado de la abstención entusiasta de la Esquerra de Rufián, más preocupada aún por reinterpretar las autonómicas catalanas que por la gobernabilidad de España; los independentistas de Francesc Homs, el delegado de Artur Mas en Madrid y brazo ejecutor de la consulta del 9-N; y los nacionalistas vascos de Urkullu, embarcados ahora en el alumbramiento de la confederación de estados vascos y el autogobierno con guarnición. ¿Posibilidades de que Sánchez e Iglesias acaben consumando? Anoche le preguntó David del Cura a quien quizá es el más socialista más partidario de ese pacto, Pérez Tapias, el tercer hombre (con Madina y Sánchez) de la última carrera por la secretaría general del partido. Ésta fue su respuesta.
Posibilidades de que haya un gobierno PSOE-Podemos, pocas tirando a ninguna. La celeridad que han mostrado Pablo y Pedro por verse estos días es una buena prueba. Verse, salvo que hoy cambien de idea, se verán. Cede Podemos al tragar que se presente Sánchez sin haber roto su compromiso con Albert Rivera, y cede el PSOE al sentarse a hablar con Pablo sin que éste haya renunciado al referendum de autodeterminación en Cataluña. Cediendo, que es gerundio. Pero sin nada nuevo a la vista. La única esperanza de Sánchez es que Podemos acabara absteniéndose para que gobernaran el PSOE a la naranja. Errejón, entretanto, sigue en modo mute. Enmudecido ante la adversidad (interna). Iñigo a lo Harpo y sin bocina. De momento. Porque el silencio, hoy, se acaba.
