Monólogo de Alsina: "Griñán defiende que fraudes sí pero plan para defraudar, no. Esta es la clave del juicio de los ERE"

Y cada vez que, desde el PSOE, se subrayaba la ingente fortuna amasada por la trama Gürtel a base de intercambiar favores con políticos, desde el PP se denunciaba que en el caso de los ERE había más de mil millones de euros de fraude. Y que si en Gürtel eran cuarenta los imputados, en los ERE eran más de doscientos cincuenta.

En 2009 empezó esta competición en el fango. Quién se corrompió más. Ese año, en Madrid, un juez llamado Garzón empezó a tirar del hilo de la trama gurteliana. Ese año, en Sevilla, una juez llamada Alaya empezó a tirar del hilo de Mercasevilla, punto de partida de lo que luego sería —y es— el caso ERE. El del fondo de reptiles. El caso que, como Gürtel, por fin ha llegado a juicio. Ocho años después.

Aunque han ido de la mano en el aprovechamiento político que de ellos se han esforzado en hacer los adversarios políticos, en realidad ambos casos son bastante distintos. Coinciden en una cosa principal: personas que disfrutan de un poder derivado de su posición política y que tienen capacidad para decidir sobre el uso que se da a dinero público. Y deciden usarlo no para lo que legalmente estaba destinado sino para favorecer a quienes consideran afines.

De la Gürtel no hace falta recordar mucho porque el juicio lo tenemos bien reciente —declaración de Rajoy incluida— y porque Bárcenas es una de las personas más conocidas de España. Usada ya como icono de la corrupción, acabe lo que acabe diciendo el tribunal que lo juzga.

De los ERE se sabe más enAndalucía, claro, que en el resto de España. Tuvo sus días de gloria mediática (o de bochorno) Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta repudiado por su partido y sus superiores, Juan Lanzas, el conseguidor de la UGT que pronunció aquella frase mítica —"tengo dinero para asar una vaca"—, Trujillo, el chófer de Guerrero que contó el dineral que se gastaban en cocaína.

Quedó para la historia aquella primera valoración de la portavoz del gobierno andaluz, "es un caso que no tiene recorrido", o aquello que dijo Manuel Chaves al principio, que era un tema de "cuatro o cinco golfos". Pero el foco, desde hace años, quedó puesto en los dos ex presidentes autonómicos, Chaves y su sucesor, Pepe Griñán, que antes había ejercido como consejero de Economía. No porque fueran los sospechosos de haber cometido los actos más graves, sino porque fueron los que más alta responsabilidad tuvieron en la pirámide de poder de la Junta. De Griñan se dijo que dejó el puesto a Susana Díaz cuando vio que los ERE le iban a acabar salpicando también a él. Y de ella, que nunca fue beligerante en la limpieza de la casa y el esclarecimiento real de lo que allí había sucedido.

¿Y qué es lo que de verdad sucedió?

Pues ésta es la tarea que desde hoy asume el tribunal. Confirmar o desmentir cada una de las conclusiones a que han llegado los jueces que han hecho la instrucción previa.

¿El nudo del asunto? La utilización ilícita de una parte de los fondos públicos destinados a financiar expedientes de empleo: sólo una parte, no los mil doscientos millones del presupuesto, sino unos 140. El departamento de empleo decidía qué empresas recibían los fondos y en muchos casos la decisión no respondía a criterios objetivos, sino a la afinidad política con el beneficiado, al deseo de evitar conflictos laborales o de contentar a alcaldes de municipios donde esas empresas estaban instaladas. Dinero público para ganarse el favor de empresarios, trabajadores y votantes.

Que hubo irregularidades parece fuera de duda. El propio Griñán admitió que fraudes sí se produjeron. Fraudes sí, plan para defraudar no, dijo. Y ésta la otra clave del juicio: a los cargos más altos de la Junta se les acusa de haber puesto en pie un sistema que permitía la arbitraridad y diluía los controles. Ésta fue la tesis principal de la juez Alaya: se pudo defraudar impunemente y durante mucho tiempo porque se había creado un sistema que lo hiciera posible. Un sistema que diera tanto margen a los cargos políticos para usar fondos públicos que permitiera alimentar el régimen clientelar: empresas que dependen de la Junta y que trabajan luego para que el color político de la Junta nunca cambie.

Para Chaves pide la fiscalía delito de prevaricación. Para Griñán, prevaricación y malversación, el delito más grave, el que se paga con la cárcel.

A ninguno de los dos se le ha acusado nunca de haberse enriquecido con dinero público. No está entre los cargos que a partir de hoy se ventilan. Prevaricación y malversación. Hasta ahí llega la posible responsabilidad.

Naturalmente es prematuro afirmar que alguno de ellos, o los dos, delinquieran. Lo veremos. Es menos prematuro, a la luz de lo que ellos mismos contaron, admitir que, como poco, desatendieron los avisos, despreciaron las señales y dejaron de vigilar lo que merecía ser vigilado.

Chaves y Griñán abandonaron sus escaños, abandonados por su partido, y dejaron la vida política. Poco se ha vuelto a saber de ellos desde entonces. Ciudadanos reclamó sus cabezas para hacer presidenta a Susana Díaz y ella, que ya había anticipado su disposición a dejarlos caer, aceptó sin dudarlo la exigencia.

Y por cierto, el PSOE andaluz criticó repetidamente a la juez instructora, Alaya. De manera sistemática trató de desacreditar su labor y de sembrar la duda sobre sus verdaderos motivos. Y en eso siempre estuvieron empatados el PSOE y el PP. Los argumentos (por llamarlos así) era tremendamente parecidos a los que usó Génova para intentar descraditar al juez Garzón. A saber, que era una causa general contra el partido; que se soltaban los autos judiciales coincidiendo con fechas relevantes para perjudicarle; que militaba ideológicamente en el partido de enfrente; que hacía política, no justicia. Nada Nada distinto de lo que dijo Convergencia sobre los jueces que imputaron a sus dos tesoreros. Ojo al caso Palau, cuya sentencia está al caer. Y nada distinto, en fin, de lo que dice ahora el independentismo sobre la Justicia española en su conjunto.

Lo de los presos políticos, o los políticos presos por ser políticos, créanme, no es nuevo.