Anduvo coqueteando el diputado Homs con el peligro, persuadido (gracias a su formación de jurista) de que su condición de cargo público —primero en la administración autonómica, luego en las Cortes españolas— le serviría como traje protector, impermeable a los devastadores jugos gástricos de la serpiente. Calculó mal la parsimonia letal de la criatura y a estas horas Francesc Homs, deglutido, ya es un señor común y corriente, sin empleo, sin sillón, sin el billete de AVE pagado, imposibilitado para desempeñar cargo público alguno. Si es que alguien en su partido, que no es el caso, tuviera intención de recolocarlo en algún puesto mullido y pensionado. A él nadie le ha ofrecido ejercer de embajador volante del procés ante los gobiernos de Surinam y Camboya.
¿Cómo fue aquello que dijo el señor Homs al comienzo de su juicio?
"Si me condenan, será el fin del estado español”, dijo el reputado abogado. Unas semanas después fue condenado, ayer le fue retirada su acta de parlamentario, sin que conste que el Estado español haya dejado de existir.
El jurista alguacilado.
Condenado pero feliz. Lo que siempre se llamo ser "condenadamente feliz". Compartamos con él su felicidad. Que en todo caso es felicidad recurrible ante el Tribunal Constitucional: "estimados magistrados del órgano político contra el que llevo cinco años predicando, cúbranme con su manto protector que si ustedes me absuelven, prometo defender a todas horas que esta sentencia suya sí debe cumplirse caiga quien caiga".
Ejecutada la sentencia del Supremo, se acabó la carrera política del señor Homs.
¿Reacción en las calles, las avenidas, las plazas de Cataluña? Ninguna en absoluto. ¿Próximo destino del mártir? Su casa. ¿Próxima ocupación? Sus labores. Pasear por las mañanas. Mirar obras.
El PdeCAT no tienen mayor interés en buscarle alguna tarea.
No ha habido manifestación por los derechos civiles en la explanada de Washington.
Por más que intente hacerse pasar por negro, Homs se parece tanto al doctor King como su colega Puigdemont a Nelson Mandela. A lo más que llega es a cantor de jazz, su blanca cara embadurnada de betún, un actor pasado de vueltas con los cosméticos.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una declaración de condena del asalto cupero a la sede del PP en Barcelona. La iniciativa fue de Esperanza Aguirre y la hicieron suya los demás grupos: el PSOE, Ciudadanos y la marca de Podemos en la capital, Ahora Madrid.
Sólo que en este último grupo se borraron de la declaración ocho concejales que en lugar de pedir la palabra para decirle a su portavoz, la señora Maestre, que en esto no les representaba optaron por el escaqueo. Dejación de funciones en solidaridad, y por afinidad con los antisistema anticapitalistas y anti todo de la CUP. Cómo voy a repudiar un escrache a la CUP si me muero de ganas por escrachearle yo mismo.
Los mismos a los que incomoda que Carmena reciba a la familia de Leopoldo López se niegan a condenar el asalto a la sede de un partido democrático. Luego vendrán a dar lecciones de libertad, de tolerancia y de actitudes democráticas. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que el escrache es la forma más moderna y refinada que adquiere la tolerancia política. Y que nadie es más respetuoso con las opiniones ajenas que aquel que acude a montarle un pollo en casa. Y que nadie encarna mejor la libertad de pensamiento que los activistas afines a determinadas marcas políticas que inundan cada día la red con sus zafiedades y sus simplezas.
Y la Audiencia Nacionalcondenó a la tuitera. Cassandra Vera, la estudiante de historia murciana que publicó varios tuits en los que hacía chanza de la forma en que acabó la vida de Carrero Blanco, el hijo político de Franco al que la banda ETA mató en el año 73 haciendo estallar una bomba bajo el asfalto al paso de su coche oficial, que acabó en la cornisa del edificio de al lado.
¿Hace un chiste cuarenta años después de aquello es humillar a las víctimas del terrorismo y sus familias? El tribunal que ha jugado el caso entiende que sí. La defensa de Cassandra, y otros jueces, y otros fiscales, y otros profesores de derecho penal, sostienen que no. Que ni el delito de enaltecimiento del terrorismo se pensó para comportamientos como éste —bromear sobre un atentado mortal que en buena medida sentenció al régimen franquista— ni el perfil de la procesada responde al de alguien que celebre o exalte la actividad terrorista. Ella alegó que sólo estaba haciendo humor, negro si se quiere, pero no pretendía presentar el terrorismo como algo deseable. El tribunal —se conoce el fallo, aun no la sentencia— atiende por el contrario el criterio de la fiscalía y, como en casos similares que ya juzgó —y citando al Tribunal Supremo— condena por enaltecimiento.
Este artículo del código penal permite, claro, una interpretación como ésta. Entender que hacer guasa sobre el vuelo del coche del almirante menosprecia a las víctimas del terrorismo porque fue una bomba etarra el origen del vuelo. Pero que el artículo pueda intepretarse así no obliga al tribunal a hacerlo. Las circunstancias de la acusada, el contenido de los tuits, los motivos que tuvo para difundirlos, quedan muy lejos —opino— de lo que el legislador tenía en mente cuando introdujo ese artículo. El objetivo era perseguir a quienes sintonizaban con la actividad terrorista participando activamente en su justificación como instrumento legítimo bajo coartadas políticas y sin respeto alguno a sus víctimas. Es de eso de lo que hay que defenderse. No de estudiantes sin vínculo alguno, ni afinidad alguna conocida con grupos violentos, que hace bromas de mejor o peor gusto sobre un magnicidio ocurrido hace cuarenta y cuatro años y bajo el régimen, liberticida, de Francisco Franco.
La condena a esta tuitera es un dislate.
