La gota malaya. Cada sesión parlamentaria, un golpe más de martillo. Golpe a golpe. Lo llamarán proceso constituyente pero es un proceso de deconstrucción, de demolición, de derribo.
Para cualquiera que estuviera al tanto de la hoja de ruta del independentismo tenía fijada lo de ayer—esta declaración de inicio del proceso de secesión que ha sido registrada en el Parlamento—- no puede considerarse una sorpresa. La duda era si procederían a parir el texto antes o después de investir nuevo presidente autonómico, pero no que lo acabarían haciendo.
A primeros de septiembre —se lo recuerdo— le preguntamos aquí a Artur Mas: qué vendría después de unas elecciones en las que el independentismo obtuviera la mayoría absoluta. Él dijo: lo que no vendría es una declaración de independencia por las bravas —-esto que llaman unilateral—, y lo que sí vendría la declaración de comienzo de un proceso constituyente. Es decir, y esto es lo que empezó ayer, una sucesión de textos del Parlamento encaminados a negociar con el Estado español la independencia por la vía de la desobediencia a las leyes, que es lo que eufemísticame llama el independentismo desconexión. No es un “ya nos hemos independizado, adiós”, es un “ya hemos empezado a hacerlo y más vale que usted, estado español, más vale que ustedes, resto de catalanes, resto de españoles, lo asuman y negocien con nosotros las condiciones”. A esto le llamó Artur Mas en aquella entrevista “buen rollo”.
Los ganadores de las elecciones de septiembre, que son incapaces de acordar quién debe presidir el nuevo gobierno, se sienten capaces, sin embargo, de alcanzar la independencia por la vía de la gota malaya. Inventando un proceso (ilegal) en el que se ponen a elaborar una supuesta Constitución catalana y, a la vez, van a probando leyes autonómicas que sustituyan a las que rigen en toda España. Leyes propias que sirvan de coartada para dejar de cumplir la que hoy existen. Por ejemplo, una ley de la Seguridad Social catalana. Por ejemplo, una ley de la Hacienda pública de Cataluña. Por ejemplo, una ley contra el 3% en Cataluña (ah, no, ésa no está en la hoja de ruta). En palabras llanas, desobediencia.
Convirtiendo, de paso, el nuevo parlamento en una cámara atada de manos que sólo sirve para hablar de esto, no de registros policiales en casa de los Pujoles, o en las sedes de Convergencia, no de condiciones laborales de los ciudadanos, no de impuestos, no de nada. Sólo de aquello en lo que la mayoría de los diputados están de acuerdo y la mayoría de los votantes que acudieron a las urnas hace un mes, como saben todos, discrepa: el proceso constituyente, la independencia.
A Rajoy también le preguntamos aquí hace un mes: una vez que el Parlamento catalán apruebe una declaración como ésa —el proceso de desconexión—-, ¿qué está obligado a hacer usted y qué tiene en mente hacer usted? Su respuesta fue: cumplimiento de la ley. O traducido, impugnación ante el Constitucional de cualquier cosa que pueda alumbrar ese parlamento autonómico y que al gobierno le parezca ilegal. La secesión, en efecto, lo es. Ayer, sin esperar a que el Parlamento catalán apruebe esa declaración (basta con haberla presentado la mayoría parlamentaria independentista) el presidente del gobierno anunció que será impugnada. Ésa y todas las resoluciones o leyes que, ignorando la Constitución, apruebe esa cámara. Tampoco habrá podido sorprender a nadie que ésta sea la postura del presidente: él mismo lo anunció en aquella entrevista. Hacer cumplir la ley, promover la anulación de cualquier proceso ilegal.
De acuerdo —en esto— con Sánchez y con Rivera, Rajoy encomienda a la abogacía del Estado que se ocupe de examinar e impugnar cada una de las gotas malayas que se vayan produciendo. Sánchez y Rivera reclaman más iniciativa política pero en lo sustancial coinciden —en esto—- con el presidente. Rajoy no está solo, dijo ayer Susana Díaz. Porque no es un problema de Rajoy, es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos de España y que tendrá que gestionar el próximo Parlamento que salga de las elecciones de diciembre. Y el próximo presidente.
El Parlamento catalán —-los 72 diputados independentistas, 48 % del voto—- irá aprobando leyes que llamará legítimas porque las bendice un Parlamento cuya legitimidad procede precisamente de la Constitución que ahora pretende ignorar. El parlamento catalán irá aprobando leyes que pretenderá que sean de cumplimiento efectivo en Cataluña. Y es ahí donde, en última instancia, y además de las impugnaciones, el gobierno español —o el Parlamento español—- habrá de tomar una decisión última: cómo evita que en un territorio que es España dejen de regir las leyes españolas. Qué hace para asegurar, en la práctica, el cumplimiento de la Constitución.
Ése es el escenario —-se llame 155 o se llame de otra manera— al que, gota a gota malaya, tacita a tacita, golpe a golpe, nos vamos acercando. Setenta y dos diputados de 135, 48 % del voto, juegan alegremente…con fuego.
