Este lunes tienen los convergentes reunión de su ejecutiva. Y en esto tiene razón el número dos de Artur Mas —-y aspirante a heredero— Josep Rull: quien no esté conforme con la declaración que desobediencia que “Juntos por el Sí” ha registrado en el Parlamento es hoy cuando tiene la oportunidad de decirlo abiertamente. Con todas las letras. Si hay un sector crítico en Convergencia Democrática, si de verdad hay dirigentes que opinan que se ha ido demasiado lejos, hoy lo sabremos. En caso contrario, habrá que concluir que todos los convergentes está no sólo en el independentismo —que tampoco en eso hubo discrepancia pública alguna cuando se parió la candidatura conjunta y el programa electoral—- sino en la desobediencia a la legislación en vigor y al Tribunal Constitucional. Que toda Convergencia, reducida al papel de “sí bwana” a todo lo que Mas y Rull digan, se ha declarado en rebeldía. Que Convergencia, en fin, ha pasado a llamarse Insurgencia.
“La Vanguardia” informó la semana pasada de que los consejeros del gobierno autonómico (prebostes, muchos de ellos, de Convergencia) se enteraron a la vez que usted y que yo de que su partido había pactado la declaración de desobediencia con la CUP y la había registrado en el Parlamento. Estaban reunidos como gobierno cuando se produjo el acelerón independentista. Como en las películas: empezaron a sonar las alertas de móvil y el consejero de Economía, el más desvinculado de la vida de partido, Mas Collel, dijo aquello de “pero ¿esto qué es?” Algunos se molestaron bastante por no haber sido avisados y otros opinaron allí que se había ido demasiado lejos sólo para tener contentos a los antisistema cuperos. Aparecían en esa información nombres como Jordi Jané, Santi Vila, Felip Puig o Germá Gordó. , que en teoría representan al sector llamado “moderado” del partido —-“moderado” a estas alturas en Convergencia significa poco más que guardar las apariencias en el empeño por separar Cataluña de España—-. A ninguno de ellos se le ha escuchado decir nada contra el arreón insurgente. Una cosa es hacer saber, hablando con periodistas, el disgusto enorme que tienen porque ven a Artur Mas perdiendo el norte y otra que lo digan con una cámara y un micrófono. El silencio de los floreros.
El gobierno sigue confiando en que a Artur Mas lo acaben destronando los suyos. Reconfortó en Moncloa la información de La Vanguardia sobre las discrepancias internas porque sigue creyendo el ejecutivo —-quién sabe si confundiendo la realidad con sus deseos—- que caído Mas el proceso se detendría. Como sigue creyendo que, de haber nuevas elecciones en Cataluña, el resultado sería mucho menos favorable a las candidaturas independentistas. Cree el gobierno, en fin —-tal vez acierte—- que la respuesta jurídica del Estado a cualquier paso más que pretendan dar los independentistas bastará para neutralizar la desconexión de España. “Todo está estudiado”, es el mensaje que transmite Moncloa a los dirigentes de los partidos que visitan al presidente y a los demás interlocutores con los que conecta la vicepresidenta. “Todo está estudiado”, el Constitucional estará en su sitio y el temor a afrontar responsabilidades penales disuadirá a las Forcadell y los funcionarios del Parlamento a llevar adelante plenos encaminados a aprobar normas ilegales.
Garcia Albiol —-que estará aquí a las nueve de la mañana—- intentará pactar con Ciudadanos y el PSC la petición de amparo al Constitucional para que suspenda la convocatoria del pleno que, previsiblemente, realizará en los próximos días la mesa del Parlament. Objetivo: evitar que ese pleno se produzca y que el rodillo independentista pueda llegar a bendecir la declaración de desobediencia. Cabe pensar que este primer paso conjunto lo hablaron ya, la semana pasada en Moncloa, Rajoy, Sánchez y Rivera. Y que si Albiol anuncia que propondrá hoy el texto a los otros dos es porque tiene garantías de que será bien recibida la propuesta. No se puede arriesgar el recién nacido bloque constitucional a dar un gatillazo a las primeras de cambio.
