El mosqueo del rey emérito. Ésta es la comidilla de la jornada. Lo fue ya ayer, en la cámara baja, y lo sigue siendo hoy, cuando el propio don Juan Carlos ha querido que se sepa —porque ha querido— que está como una hidra porque no le hayan invitado. Y con razón, oiga, porque tiene poco sentido rendir tributo a quienes estuvieron en la primera línea política de aquel momento tan relevante de nuestra historia y hurtarle ese tributo —dejar fuera— a quien estuvo no en la primera línea, sino escribiendo algunas de las líneas que luego interpretaban otros.
El rey de antes hace saber que está dolido por el ninguneo. Deslizando esta frase que confirma que la fuente última de cuanto se está contando es él, a través de terceras personas allegadas o de su entorno. Esta frase campechana: "Invitan a la nieta de la Pasionaria y a mí me dejan fuera". La casa del rey se ha esforzado en encontrar una razón creíble para dejar al emérito fuera —que si el protocolo, que si el lugar en el hemiciclo, que si el protagonismo necesario del monarca de ahora—, pero no ha podido refutar la convicción generalizada de que si el rey Felipe hubiera visto oportuno que estuviera allí su padre, habría estado. Diga el protocolo lo que diga. Hagamos normal en el protocolo lo que a pie de calle ya es normal, que diría Suárez.
A quien tomara la decisión de dejar fuera al rey de antes hay que invitarle a admitir el patinazo. Se trataba de que el foco permaneciera encendido en el discurso del rey presente pero acabó sucediendo lo contrario. Cada vez que Felipe de Borbón hacía un punto y aparte y sonaban los aplausos, alguien se estaba preguntando por el rey emérito.
Fue un error marginar a quien pilotó el proceso —por más que se le puedan cuestionar decisiones o comportamientos en el trono— y fue un acierto que el rey de ahora llamara al régimen anterior por su nombre: dictadura. La dictadura cimentada sobre una guerra civil, pero con actores internacionales decisivos, que aguantó casi cuarenta años sojuzgando la libertad en España. Cuarenta años. Los mismos que ahora cumplimos votando en libertad.
Al rey le pareció más pertinente, en este momento de nuestra historia, recordar que democracia no es sólo votar, sino también (o sobre todo) respetar las reglas que rigen para todos. Sólo con eso ya estaba justificado que los diputados independentistas se pusieran de morros: no encajan de buen grado que se les hable de legalidad porque lo consideran la coartada para arruinarles el derecho a decidir que ellos mismos se atribuyen.
Ésta es la razón, en el fondo, de que Puigdemont no quiera que se someta a debate —mucho menos a votación— su argumentario para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es más fácil de vender que Rajoy es un autócrata inmovilista que evidenciar que es la sociedad española, representada en su parlamento, la que refuta el argumentario y recuerda cuáles son las decisiones que competen a todos los ciudadanos, no sólo a los de una parte de su territorio.
Como el rey habló de normas pero no habló de plurinacionalidad, ni de trama, ni de mafia, ni del pasteleo del 78, a Podemos tampoco le agradó el discurso. Lógicamente. Es un acto de coherencia. Podemos lleva tres meses predicando que vivimos un estado de emergencia democrática, que España no puede esperar para echar al PP de las instituciones, que esto ya no aguanta más…luego es lógico que diga que el discurso del rey no está a la altura del momento histórico. Sólo el discurso de Pablo y de Irene Montero lo estuvo, hay que comprenderlo. Iglesias debe de pensar que el repaso que hizo el rey por los últimos doscientos años de España no fue tan riguroso ni tan esclarecdedor como el que hizo él mismo en su investidura fracasada. Bien es verdad que en favor del rey Felipe hay que decir que éste suyo fue más corto.
Visto lo visto, en fin, queda claro que la asignatura que la transición dejó sin rematar fue la cuestión de las nacionalidades. Cuarenta años después, sigue este debate interminable sobre qué es la nación, qué es nacionalidad, qué es soberanía, qué es derecho de autodterminación y qué derechos tienen aquellos cuya pretensión última es que España deje de ser lo que es hoy y pase a ser, territorialmente, otra cosa.
Ahí seguimimos, cuando los niños que el día de aquellas elecciones tenían diez añitos hoy tienen cincuenta. Ahí seguimos.
Venezuela
Que el gobierno quiere hacer con la fiscalía lo que intentó hacer con la Asamblea Nacional. Vaciarla de competencias para que las asuma un órgano controlado por el ejecutivo. Intentó que el Supremo se quedara con las competencias del Parlamento y ahora intenta que el Defensor del Pueblo se quede con las de la Fiscalía general, Luisa Ortega Diaz.
