Y como ahora ya está todo suspendido, es ahora cuando aquel que utilice su cargo para intentar que se realice incurrirá en desobediencia al Tribunal Constitucional, que eso sí que es un delito.
Ayer la salmodia del gobierno catalán —lo comprobamos aquí en conversación con su portavoz Turull— era que convocar un referéndum no es delito. Este juego permanente de estar promoviendo la ilegalidad pero proclamando, a la vez, que no que no, que no se está haciendo. Convocar un referéndum no es un delito, pero promover un referéndum ilegal cuando el Constitucional ha dicho que no puede realizarse sí lo es. El consejero de ese gobierno que tenga dudas, que le pregunte a Artur Mas. O mejor, que se lea la sentencia por la que fue inhabilitado.
Desde anoche, quien trabaje para el referéndum, quien ceda locales públicos para el referéndum, quien gaste dinero de todos para el referéndum, ya sabe a lo que se expone: denuncia de la fiscalía, procesamiento, juicio y posible inhabilitación. Y además, por la parte contable, embargo de sus bienes. La treta que algunos andan urdiendo por ahí —declarar el primero de octubre jornada de puertas abiertas en los colegios sin mencionar expresamente el referéndum— es eso, una treta, que la fiscalía también contempla.
Y desde anoche, por tanto, debería dejar de emitirse en la radiotelevision pública catalana la campañita ferroviaria de promoción del referéndum que colocó ahí el matrimonio Puigdemont-Junqueras. Emitirse, de momento, la siguen emitiendo.
Son 947 los alcaldes que ejercen como tales en Cataluña y a cada uno de ellos le va a notificar el Constitucional a qué se expone si atiende la petición (llamémosla así) de Puigdemont y Junqueras para que abran los colegios electorales el primero de octubre.
El presidente catalán dijo anoche esto, que tiene la seguridad de que hay 560 alcaldes que abrirán sus locales para poner urnas. El mapa. Le gusta mucho el mapa pintado de colores porque parece que casi toda Cataluña esté apoyando el referéndum. En realidad, y aunque los alcaldes pro-referéndum ilegal son mayoría gobiernan localidades en las que no vive la mayoría de la población.
Intentarán consumar la desobediencia los alcaldes de Esquerra y el PDECAT, todos aquellos que acudieron en formación con el bastón en alto a jalear a Artur Mas el día que declaró como procesado. En el PDECAT había algunos reacios, pero se da por hecho que acabarán abriéndose de… abriendo los colegios para no ser tachados de traidor a la causa.
En principio, los 120 alcaldes que tiene el PSC, algunos en gobiernos de coalición con el PDECAT independentista, están comprometidos para no ayudar a que se celebre el referéndum. Veremos. La presión sobre ellos va a ser máxima. Al alcalde de Mataró, socialista, le hicieron ayer una manifestación 300 vecinos y le aprobó el pleno una declaración de apoyo al referéndum. La CUP le está exigiendo que aclare lo que piensa hacer. Para redoblar la presión si no se rinde.
Ya se acuerdan de lo que dijo aquí el alcalde de Blanes, también socialista: que él no abrirá el ayuntamiento porque su partido no le deja, pero que no ve problema en ir a votar. Y que él acudirá, pero no como alcalde. Justo lo que Miquel Iceta sospecha que acabará haciendo Ada Colau.
El fiscal general del Estado ha cursado instrucciones a los Mossos d'Esquadra, como policía judicial que es, para que requisen, caso de detectarlas, las urnas que el gobierno catalán dice que ya tiene. Las urnas, las papeletas, los formularios para hacer el escrutino.
La pregunta que más se le hace al Gobierno estos días es cómo retirará las urnas una vez que estén puestas. Si habrán de emplearse los Mossos d'Esquadra para abrirse paso y requisarlas. Pero la idea es no esperar a que las urnas estén colocadas. Localizarlas antes e impedir que lleguen a su destino.
El gobierno catalán presume de ser una tumba. Los pocos que están en el secreto no le chivarán a nadie dónde las tienen escondidas. Veremos. Es probable que, ya a estas horas, en el gobierno central tengan mejor información sobre dónde están o dejan de estar las urnas que el mismísimo Puigdemont, tan sobrado estos días en sus declaraciones públicas.
Puigdemont, el amante de las urnas. Siempre invocando el derecho de los catalanes a pronunciarse votando. En realidad, y en los veinte meses que lleva gobernando, no ha convocado ni una sola vea a los catalanes a decidir sobre aquellas cuestiones para las que sí tiene competencias. Tan amigo como es de las consultas y no les ha consultado nunca nada.
Repetición de la jugada en el Parlamento catalán. De nuevo bronca en el debate sobre la llamada ley de transitoriedad, de nuevo la tramitación a última hora son que los grupos pudieran estudiarla previamente y de nuevo la ausencia del dictamen preceptivo del Consejo de Garantías Estatutarias. Y la señora Forcadell diciendo a los portavoces de la oposición que del Parlamento no se sale hasta que no esté aprobada la ley de ruptura.
Aplausos en la sesión de ayer de los grupos de C’s, PSC y PP al portavoz de Cataluña si que es pot, Joan Coscubiela. Por su defensa de los derechos políticos de todos los grupos frente al abuso de poder de la mayoría absoluta independentista. Aplausos que no me incomodan, dijo.
Qué candorosa la forma que algunos medios catalanes tienen de referir la queja formal del Consejo de Garantías Estatutarias por el ninguneo a que lo está sometiendo el independentismo.
El Consejo regaña a la mesa, decía ayer 'La Vanguardia'. Y anteayer: el Consejo tira de las orejas. Quejoso, pero poquito.
Éste es el mensaje de Rajoy a quienes le están reprochando tibieza y lentitud en la respuesta. Sabe lo que se hace.
