No le tocará hoy al PP salir a matizar lo que dijo Margallo o a subrayar que acudió a expresar únicamente sus opiniones particulares, no como miembro del gobierno. Ésta, si quieren, fue la única parte un poco boba de la cita de anoche, que la televisión anunciara el debate como cara a cara entre el ministro de Exteriores y Junqueras, el presentador aclarara que Margallo acudía como militante del PP y luego el propio Margallo acabara diciendo que como ministro del gobierno que es tiene una gran responsabilidad al hablar de cualquier materia.
Afirmaciones nuevas no se escucharon en boca de ninguno. El ministro se acoge a los tratados europeos para insistir en la evidencia, que un estado nuevo nacería fuera de la Unión Europea, y Junqueras se aferra al futurible voluntarista: que el pragmatismo de la Unión le llevaría a encontrar la forma de que Cataluña fuera estado miembro de inmediato.
Parte de una premisa falsa y todas las conclusiones son erróneas, dijo Margallo. Después de llevar veinte minutos dándole ambos la vuelta a qué consecuencias tendría para los ciudadanos una independencia no reconocida por ningún otro estado, el español incluido. Que aquí es donde el gobierno central incurre en lo mismo que le reprocha al independentismo: para describir este panorama de efectos negativos parte de una premisa que él mismo dice que es falsa, una declaración de independencia catalana que tuviera efectos jurídicos. Dado que ésta sería una declaración contraria a nuestra Constitución, su efecto jurídico tendría que ser….ninguno. Ciudadanía o nacionalidad de los españoles en Cataluña incluída.
En el debate se jugaba más —-cabe pensar— quien más empeño está poniendo en persuadir a sus potenciales votantes de lo decisivo que es acudir a las urnas este domingo. Y esa misión es la que se autoencomendó el ministro de Exteriores, porque los independentistas dan por hecho que su electorado vive ya en movilización permanente. Donde Margallo veía ejemplos históricos del perjuicio económico que tiene salirse, romper, con un estado sólido y próspero, Junqueras los veía de nuevos estados que mejoran su situación económica al no tener que contribuir al sostenimiento de otros territorios.
Remitió el ministro, para el votante que desee consultarlos, a la página web del PP catalán donde están publicados los gráficos y datos que él mencionó (pensiones, comercio, bancos) y remitió Junqueras a la noche del domingo para comprobar, prevé él, que el nuevo parlamento catalán reflejará un sentir mayoritario por la independencia. Y con eso, y un encadenado de citas a modo de concurso de talentos, terminó el cara a cara entre dos amigos con posiciones políticas enfrentadas.
Y prou. Fin. Así terminó el debate, último ya, de una campaña que ha permitido a los espectadores de televisiones diversas ver unos cuantos debates. Como precedente para las elecciones generales de diciembre no es mala cosa. Aunque habrá que ver si para entonces los líderes nacionales aceptan enfrentarse en un plató sin más norma previa que decir, y dejar decir, cada uno lo que piensa.
En Colombia es día de anuncio histórico y debate social y político al respecto. Anuncio con fotografía en La Habana: el presidente colombiano Santos estrechando la mano del jefe de la organización armada que ha combatido al estado con bombas, secuestros y narcotráfico, las FARC. El saludo que sella el compromiso de tener firmada la paz definitiva el próximo año.
Han sido tres años de negociaciones entre el gobierno colombiano y el principal grupo terrorista. Que desembocan en un cese de la actividad de las FARC, una paralización de las imputaciones judiciales contra su cúpula mientras entra en vigor el sistema judicial ad hoc que han pactado ambas partes. Serán sometidos al mismo militares, guerrilleros, policías y civiles implicados en delitos. Se perdonará a quienes hayan incurrido sólo en acciones políticas y se contemplarán penas reducidas de prisión para quienes sean culpables de delitos graves como secuestro, tortura o violencia sexual. El ex presidente Uribe, hoy senador, ha manifestado ya sus reparos a un acuerdo que, en su opinión, abre camino a la impunidad de los líderes guerrilleros.
Cincuenta años de violencia en Colombia. Doscientos veinte mil muertos y seis millones de desplazados.