Mira por dónde ahora dice Correa, por escrito en su ofrecimiento a la fiscalía, que era del 3 % la comisión que cobraba a empresarios por adjudicaciones de contratos públicos. Y que a él fueron a buscarle para que ejerciera de comisionista. Seis años y medio después de ser detenido y en puertas del juicio de la Gurtel, el capo de la trama se rebaja él mismo la categoría y se presenta –-en este documento que hoy difunde eldiario.es--- como un peón al servicio de Luis Bárcenas: en el 96, sostiene, siendo Bárcenas gerente del PP –--aún no tesorero--- le recluta como intermediario entre el partido y los empresarios. No era Bárcenas, según esta nueva tesis, quien cobraba comisión por los servicios prestados a la Gurtel, era Correa quien recaudaba las comisiones para Bárcenas. Pelea de gallos por achicar condena. ¿Es cierto esto que ahora dice Correa, su “confesión” (póngase la palabra entre comillas). A decir del juez que instruyó la causa, y que expuso sus conclusiones en el auto de procesamiento hace ahora un año, no: el capo era Correa y su objetivo era hacer dinero para él y sus colegas. A los cargos políticos, incluído Bárcenas, les pagaba él las comisiones acordadas.
Francisco Vito Correa tiene a la vista un horizonte penal que él sabe crudo. Juzgado, ya está siendo juzgado en Valencia en una de las piezas del puzzle Gurtel: los contratos del gobierno Camps para Fitur. Pero lo gordo llega a primeros de año: el juicio del grueso de la Gurtel, donde aparece él, procesado, como principal responsable de la compraventa de favores políticos entre cargos públicos y las empresas de su trama. Más de cien años de cárcel pide para él la fiscalía. Desde hace al menos cinco meses está buscando cambiar el paso, o su estrategia, ofreciéndose a las acusaciones particulares primero, y ahora a la fiscalía, como arrepentido que tira de la manta. En las películas de la mafia el jefecillo que acaba colaborando con la justicia a cambio de que le aligeren los cargos es un personaje recurrente. En los procedimientos judiciales españoles los pactos de este estilo abundan menos. Y se descartan cuando no se da crédito a la acusación, tardía y con la pena en los talones, de quien durante siete años ha mantenido una versión distinta.
Tres por ciento, en su versión original. O sea, la corte artúrica.
Sinopsis de esta biblia del acarreamiento de dinero, vulnerando la ley, a un partido político que decide a quién adjudica, y a quién no, contratos públicos. Sinopsis presunta: el empresario afín, que sabe cómo funciona esto y es actor esencial de la trama, paga la mordida para asegurarse la adjudicación del contrato. El dinero se camufla como donación, no al partido (que la ley no lo permite) sino a la fundación vinculada a ese partido. He aquí al empresario aportando su granazo de arena al soberanismo con el que, por interés o convicción comulga y al que financia. La fundación, a su vez, paga al partido por servicios ficticios camuflando así la llegada de la mordida a su último destino. La caja de Convergencia. Éste es el procedimiento, presunto. La fundación como puente o coartada. El fundamento la máquina de hacer dinero al por mayor. La ubre pública que exprime el partido. Si además el tesorero de la fundación instrumental es el mismo que el del partido en el poder, oiga, no dirá que no se simplifican las cosas. Con la mano izquierda poniendo el cazo y con la derecha formalizando el ingreso.
Una investigación judicial como ésta es lo más parecido a un cesto de cerezas. Tiras de una cereza (unos folios recuperados de la trituradora de papel, por ejemplo) y te van saliendo nuevas pistas. En julio fue la detención de Sumarroca, en agosto el registro en Convergencia y la fundación CatDem y en octubre ha sido la detención del tesorero de ambas entidades junto a otros cargos del partido y seis empresarios afines. Andre Viloca, el tesorero que relevó al tesorero anterior, Osácar, cuando éste fue también detenido y encausado por el caso Palau, otra pieza de este mismo puzzle. El tesorero que, según los estatutos de Convergencia, es el máximo responsable de la gestión económica del partido: el cortafuegos que permite a Artur Mas repetir que él se ocupa de la dirección política, no de cómo se financia el partido que hiperlidera. Esta tesis de Mas no es obligada creérsela.
Enterado de la detención del tesorero —una tradición en Convergencia—, el rey Arturo ha cumplido con otra tradición: entonar la letanía que dice esto es una operación política, van a por mí, soy caza mayor, no pararán hasta que acaben conmigo. ¿Quiénes? Ah, ahí ya, cuando le preguntas, Mas se bate en retirada. Nombres a los cazadores nunca les pone. La conjura universal no requiere de autores conocidos. A la vez que lo interpreta todo como una cacería política defiende, faltaría más, la profesionalidad del juez que ordena las actuaciones: él respeta la independencia judicial, hasta ahí podía llegar la broma. Pobre juez de El Vendrell, utilizado malvadamente por la fiscalía.
Bautícese como la doctrina Calimero. La misma que han hecho siempre los responsables máximos de los partidos cuando un juez les ha enviado a los guardias a buscar papeles y detener tesoreros. Caza mayor. El trabajo de la justicia es abatir a la fiera si ésta es corrupta.
