Monólogo de Alsina: "La llamada "ley" del referéndum no es una ley sino una patraña"

Un bloque donde residía mucha otra gente: cuatro familias por piso, ocho pisos en el bloque, total: 32 familias distintas. De vez en cuando todos los residentes celebraban junta de vecinos, la reunión, fastidiosa, de la comunidad donde se discutía sobre la contrata de limpieza y el horario de sacar la basura. Se discutía, se votaba y se decidía entre todos qué se hacía. La única familia que nunca iba era la de los dos padres y el cuñado cantante.

Una tarde de julio, los dos padres se encerraron en el despachito que tenían en casa y se pusieron a escribir unos folios secretos. Los hijos adolescentes, tirando a gamberros, les metían prisa desde fuera: vamos, vamos, decían, que el papelito urge. Cuando lo tuvieron terminado, le colocaron al texto un título y salió la familia en pleno al balcón. El cuñado cantante hizo de presentador —puso un disco de Els Segadors— y dio paso a los chavales para que fueran leyendo con cierto engolamiento aquellas parrafadas que habían parido sus padres. El título era Ley de esta comunidad de vecinos. Y establecía las nuevas normas de convivencia de todo el bloque, incluida la circunstancia de que, partir de entonces, el rellano del tercero pasaba a ser propiedad de la familia y el piso de ésta se constituía en portal propio, emancipado de la comunidad de vecinos y con la obligación legal de estos de tragar, sí o sí, con la ruptura.

Terminada la lectura de la nueva "Ley de mi bloque" las demás familias se dirigieron amigablemente a la autora de la ley para hacerle saber que no era quien para andar promulgando normas que afectaban a toda la comunidad de vecinos. Y que, en consecuencia, el piso seguirían formando parte del inmueble común y el rellano seguiría siendo de todos. "No señor, es mío", dijo uno de los padres. "¿Y eso por qué?" preguntó una señora. "Pues porque he hecho una ley, ¿le parece poco?" Con la misma cordialidad de antes la comunidad de vecinos hizo saber a los padres, Carles y Oriol, y a su prole de chiquillos cuperos que no vale inventarse leyes para darse la razón a uno mismo, ni aunque te traigas a Lluis Llach de cuñado cantante para hacerte los coros.

Una ley no lo es porque alguien le ponga ese título. Una ley lo es porque cumple con los procedimientos democráticos en su elaboración, su aprobación y, naturalmente, su contenido. Libremos, por tanto, la batalla diaria del lenguaje. La ley puigdemónica del referéndum no es una ley. Es una patraña. La patraña del referéndum de autodeterminación, es su nombre correcto.

Hay que agradecerle a sus padres que por fin se quiten la careta discursiva y le llamen a la cosa por su nombre: autodeterminación. Ni derecho a decidir, ni sentimiento de nación, ni autogobierno. Derecho de autodeterminación, lo que fue siempre. Es decir, arrogarse el derecho a desgajar de España una parte de su territorio. Porque sí. Porque para eso le están llamado "ley" a pasarse la ley por salva sea la parte. Autodeterminación es; el derecho no lo tienen; y la supuesta ley es una farsa.

Lo único que busca es que el Parlamento la apruebe. Para añadir peso a la coartada.

Éste es el plan. Con la ley suspendida y el decreto de convocatoria anulado, celebramos una consulta de cualquier manera, da igual cuánta gente participe, da igual que nadie reconozca el resultado,pero si gana el sí declaran la independencia. En 48 horas, oiga.

De truco en truco. Los convocantes del falso referéndum necesitan una participación abrumadora para que alguien se lo tome en serio y la única forma de disparar el número de votantes es hacer creer a los no independentistas que si dejar de ir a las urnas ganará el no y llegará la independencia. Aunque voten sólo Puigdemont y Junqueras.

El fiscal pide pena de prisión para los agresores como autores de hechos de extrema gravedad. En concreto, de delitos terroristas (lesiones, amenazas y desórdenes). No fue ni pelea de bar ni simple altercado. Los agresores, dice el fiscal, no son unos tipos cualesquiera que se enfrascan en una gresca, son activistas de un colectivo que hostiga a las fuerzas de seguridad porque quiere echar a la Guardia Civil de Navarra generando terror entre la población y asustando a quien se oponga a su campaña.

A este fiscal de la Audiencia, ¿lo incluirá Podemos en su lista de honrados profesionales de la justicia que actúan con independencia y en defensa del estado de Derecho, o pasará a ser un indocumentado al servicio del gobierno y la mafia del canapé?

El Tribunal Supremo estableció que le corresponde a la Audiencia Nacional juzgar el apaleamiento de los dos guardias civiles y sus parejas porque los indicios de delito terrorista están bien argumentados.

La Justicia, como dice Podemos.

“Al final los jueces dicen que…”

No, al final aún no hemos llegado.

Ya lo que diga el tribunal que juzgue es otra historia.