No sé si el juez García Castellón toma vacaciones, pero el día que las toma se va a quedar a gusto. Será por casos. Y por causas.
Ayer tuvo delante a Marjaliza, el ex colega de Francisco Granados (caso Púnica). Que fue a explicarle los numeritos que dejó apuntados en unos libros contables que ahora ha entregado al juzgado. Los apuntes contables. La corrupción siempre acaba plasmada en las cuentas que alguien llevó de cuánto y a quién pagaba. O con cuánto y a quién untaba.
Si el caso Gürtel ganó peso cuando Bárcenas hizo llegar sus papeles al juzgado (negando al principio que fueran suyos, ¿se acuerdan?), el caso Púnica gana datos ahora que Majarliza le ha llevado al juez sus papeles. En los que reflejó las comisiones que fue pagando a los políticos con los que trataba (o mejor, con los que traficaba favores) en los municipios de su ámbito geográfico: por supuesto en Valdemoro, patria de Paco Granados (ahijado político de Esperanza Aguirre), pero también de Getafe, de Pinto...
...no hacía ascos a ninguna sigla el corruptor y no hacían ascos al dinero del corruptor las agrupaciones políticas locales. El mangoneo transversal. Y el menudeo de la corrupción, un millón a repartir entre PP, PSOE e Izquierda Unida. Para recalificaciones y viviendas. O como dijo Marjaliza al juez, para pasar de cosechar patatas a cosechar ladrillos. Le preguntó el juez por qué colabora con la Justicia en el esclarecimiento de sus propios delitos y dijo: 'no me quiero pasar veinte años en la cárcel, señoría'.
En manos de García Castellón está la investigación del caso Villarejo, por cierto a pesar de las maniobras de algunos imputados para intentar apartale. Villarejo, en realidad, es una constelación de casos el más nutrido de los cuales, hasta ahora, es el Tándem, que incluye la policía patriótica, la corrupción (presunta) de la cúpula policial en tiempos de Fernández Díaz y la kitchen y, de propina, el caso Dina.
Ya hemos contado que este último se investigó como una presunta operación de Villarejo y compañía para espiar a Podemos robando el móvil de esta señora, pero que en el último año de instrucción judicial el juez García Castellón ha ido viendo que esa tesis flojea. En este caso concreto del móvil robado, no en otros aspectos de la Tándem.
Del caso Dina hemos hablado las últimas semanas precisamente por los autos del juez y las dudas que éste tiene sobre quién robó el móvil, quién hizo llegar a Interviu la tarjeta de memoria y qué peripecia siguió luego ese soporte hasta acabar aportada por la propia Dina al juzgado en estado de deterioro, digamos.
El vicepresidente segundo intenta ahora volver a convertir este episodio en un debate sobre si los periodistas pueden ser criticados por los políticos y por las jaurías tuiteras perfectamente adiestradas. Entre que el caso ahora le incomoda y que hay unas elecciones el domingo a las que su partido con cara de estar desinflándose, hay que entender que intente reeditar sus grandes éxitos de hace un año. En las dos campañas anteriores.
Ayer disfrutó del escenario que proporciona la rueda de prensa del consejo de ministros para dar el mismo mítin que ya había dado en Euskadi y en Galicia, pero con tres ministros socialistas como si fueran siluetas de cartón, allí plantadas para que al mitinero no se le viera solo.
Sobre el estilazo del vicepresidente, hay poco que decir. La argucia, burda, de fingir que no comparte lo que se ha dicho de un periodista sólo para ponerle voz a las descalificaciones en la sala de prensa de la Moncloa. Esto de 'a Vicente Vallés le han llamado de todo, déjenme que repase algunas de las cosas que le han llamado, y con las que por supuesto no me identifico'. De primero de impudicia.
A saber qué entiende el vicepresidente por 'naturalizar el insulto'. Que el periodista puede ser objeto de crítica no va a venir a descubrirlo ahora el vicepresidente segundo. Faltaría más que no pudieran (o pudiéramos) ser criticados. Ha sido toda la vida así, no se equivoque este hombre joven de cuarenta y pico años. Sabemos que estamos expuestos a que un partido político emplee los recursos de que dispone para organizar campañas de denigración, somos todos mayores.
Podemos ser criticados incluso por el poder. O sea, por un vicepresidente. Criticados, señalados, advertidos, por el poder ejecutivo. El poderoso gobernante que quiere naturalizar el insulto. Aquí cada cual asume lo que es y a lo que aspira. Iglesias hoy es el poder. El activista que soñaba con asaltar los cielos ya alcanzó su cielo particular: tiene cargo de vicepresidente, sueldo de vicepresidente, aforamiento de vicepresidente, coche oficial de vicepresidente y poder de vicepresidente. Ya no es un profesor de universidad que hace tertulias en televisión y predica que el miedo tiene que cambiar de bando, sufrido líder emergente perseguido la casta. Iglesias ya está en la sexta temporada de sí mismo. Ahora el poderoso es él. Y el que usa su posición de fuerza política para reproducir en la Moncloa campañas contra periodistas.
Mire, cuando Iglesias (que aún no era vicepresidente) declaró ante el juez García Castellón en marzo del año pasado, el juez, en efecto, le dijo que había implicaciones del ministerio del Interior (presuntas) muy serias.
Porque esto es lo que se investiga. Lo resumió muy bien una crónica del diario de Ignacio Escolar en febrero de este año: 'La Audiencia Nacional si el robo del móvil se hizo por encargo del gobierno de Rajoy'. El gobierno, el ministerio del Interior, la policía patriótica.
El día que declaró Iglesias y exigió que se llegara hasta el final en esta investigación, aquí mismo le dimos la razón. Mire, voy a conectar con Onda Cero a esta misma hora del 28 de marzo de 2019, a ver qué estábamos diciendo.
Investigar y esclarecer hasta el final. Y lo que ha pasado es que, a base de investigar y esclarecer, el juez se ha encontrado con cosas que no encajan en la tesis del gobierno espiando a Iglesias a través de Dina. Y no ha quedado acreditado que lo de Dina sea como lo de Pisa.
Por eso Iglesias tiene que mezclar cosas (declaraciones judiciales con comisiones parlamentarias, pen drives con tarjetas de memoria y el informe Pisa con los pantallazos de Dina) para armar un relato que parezca que sí lo acredita. Repito: es posible que llegue a haber, algún día, una sentencia que diga que periodistas concertados con Villarejo y Pino incurrieron en delitos gravísimos, pero a día de hoy esa sentencia no existe. Por más que los voceros lo pregonen como si fueran hechos probados. Las conclusiones de una comisión parlamentaria no son una sentencia judicial. Este gusto del líder por decir que las cosas son evidentes y que nadie puede dudar de ellas.
Dudemos. Que la duda es el primer paso para alcanzar la verdad.
Veamos este interesante de relato a medias que hizo ayer el vicepresidente. Sobre los hechos probados.
No, no es un hecho. Son dos. Y lo que no es un hecho es que el segundo demuestre que el primero fue cosa de Villarejo. Contado como lo hace el vicepresidente ---le roban el móvil y aparece la tarjeta donde Villarejo--- podría parecer, ¿verdad?, que es un hecho que el robo lo encargó Villarejo. Ésa es la tesis que sostuvo el hoy vicepresidente en el juzgado y eso es justo lo que el juez no ve que esté acreditado. Es decir, que sea un hecho. A Villarejo le pasa el material el director de Interviu –-una copia en pen drive--. Porque Villarejo no lo tenía.
A ver. Villarejo tiene el pendrive que le ha dado Interviu y se lo pasa a otras personas. El 29 de junio del 16, según nota del propio comisario, se reúne con Inda y Urreiztieta. En otras notas habla de reuniones con otros periodistas, como publicó El Diario de Ignacio Escolar en febrero de este año. Pero eso no prueba que el robo lo encargaran las cloacas. Ni que fueran las cloacas quienes se lo enviaran a Interviu.
Hay otros hechos que el vicepresidente, en su relato escogido, se salta.
Es un hecho que a quien le entrega Zeta la tarjeta de memoria (no un pendrive) es a él, siete meses antes de que salga a la luz el contenido. Es un hecho que él sabía a quién pertenecían las fotos y los vídeos. Es un hecho que se quedó la tarjeta. Es un hecho que Dina Bousselham declaró la primera vez que Iglesias le dijo que le habían intentado venderle fotos de ella. Es un hecho que la segunda vez cambió la versión y dio la que había dado él, que le explicó que Asensio se la entregó sin pedirle nada. Es un hecho que Dina declaró por dos veces que nunca pudo leer el contenido de la tarjeta una vez devuelta. Y es un hecho que cambió de versión una última vez para decir que sí había podido abrirla después de que el juez le explicara que si la recibió destruida hay que saber qué hizo con ella su jefe durante el tiempo que la retuvo.
Los hechos. Cuyos protagonistas no terminan de aclarar, a pesar del amor por la verdad y la transparencia que manifiestan.
Por la verdad, la transparencia y la naturalización del insulto.
Por cierto, hay otra sentencia que desmiente esa tesis tan de la órbita morada según la cual el poder judicial en España está controlado por la derecha. La cantinela de que la izquierda tiene el gobierno, pero la derecha tiene siempre el verdadero poder. Para ser de derechas, o incluso de ultraderecha, el Tribunal Supremo, como antes la Audiencia Provincial de Zamora, a quien ha condenado es al eurodiputado de Vox (que en otro tiempo ejerció de periodista) Hermann Tersch por vulnerar el honor del abuelo de Pablo Iglesias. Doce mil euros a la familia por haber dicho que el abuelo fue un criminal que participó en las sacas de Madrid, afirmación que, como dice el Supremo, no es veraz y no fue contrastada. La ley es ley para todos.
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