Monólogo de Alsina: "Primera sentencia: la situación provocada por la pandemia era previsible y evitable"

El dieciocho de marzo de este año, al comienzo de los peores días de la epidemia en España, la consejera de Sanidad del gobierno de Aragón compareció ante los medios acompañada del gerente del Servicio de Salud, Javier Marión.

Un momento de aquella rueda de prensa alcanzó difusión nacional porque reflejó la presión emocional, el estrés, que sufrían no sólo los profesionales sanitarios que estaban tratando a los enfermos de coronavirus sino a los responsables políticos de que los hospitales tuvieran los recursos necesarios. El momento en que el señor Marión se rompió.

Al gerente se le quebró la voz y tuvo que seguir la consejera Ventura. La entonces consejera Ventura, porque acabaría dimitiendo semanas después por haber soliviantado a los colegios de médicos y enfermeras al decir que les había servido de estímulo fabricarse sus propios equipos de protección.

Lo que se le había preguntado al gerente antes de que su voz se rompiera era cuántas mascarillas de las que había anunciado el gobierno central le iban a corresponder a Aragón. En su respuesta, tanto él como la consejera admitieron que los recursos disponibles estaban al límite.

Era 18 de marzo. La curva de contagios no había hecho más que empezar. Vinieron días mucho peores y la falta de material de protección se hizo patente en los hospitales y centros de salud de Aragón y en los hospitales y centros de salud de medio país.

Antes de que terminara aquel mes el sindicato de médicos de primaria de Aragón acudió al juzgado a reclamar que el gobierno autonómico garantizara la seguridad de los profesionales de la salud. Aquella primera iniciativa acabó dando pie a la instrucción de un caso que llegó a juicio a final de mayo, en el que la fiscalía se sumó a la tesis de los demandantes y del que ayer se conoció la sentencia. Condenatoria. La juez considera probado que la administración incumplió su deber de proteger a los médicos y enfermeras. Condena al gobierno aragonés a cumplir con la protección garantizando los EPI y el resto del material.

No tiene más la sentencia. No va más allá la condena y el gobierno aragonés la va a recurrir. Pero lo relevante de la sentencia (por lo que pueda tener de anticipo de lo que está por venir) es cómo llega la juez a su conclusión. La administración lo que ha alegado es que el coronavirus es una pandemia imprevisible e inevitable. Nadie podía prever que iba a tener tanta gravedad luego no cabe culpar al gobierno autonómico de que escasearan las batas y los guantes. La juez sostiene lo contrario. Y lo hace basándose –-esto es lo relevante— en la mera cronología de los hechos. Pone uno detrás de otro los documentos de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Europeo de Alertas Sanitarias, las declaraciones de sus responsables y las declaraciones del ministro Illa y concluye que por supuesto era previsible que la epidemia alcanzara nuestro país y que, por tanto, debió asegurarse la existencia de EPI para el personal sanitario. Y esta conclusión la comparte la fiscalía: página 95 de la sentencia, 'el ministerio público afirma, tras la práctica de la prueba, que la situación era previsible y evitable'.

La conclusión de esta juez la pueden revertir, por supuesto, los tribunales superiores. Pero uno de los pocos datos sobre la epidemia en España que nadie cuestiona es que aquí hemos tenido más profesionales sanitarios contagiados que en casi todos los demás países. O en todos.

Hay un aluvión de denuncias y querellas presentadas contra las distintas administraciones, gobiernos autonómicos y gobierno central. Las que afectan al gobierno, en el Supremo. Y lo que se denuncia son, en resumen, dos cuestiones: la falta de medios de protección, es decir el riesgo para la salud de los profesionales; y la desatención en las residencias de ancianos, es decir, la discriminación y abandono de mayores a los que no se trasladó al hospital negándoles, de hecho, la atención médica a que todos los ciudadanos tenemos derecho.

Familiares de residentes fallecidos tienen presentadas querellas en varios juzgados. Una de ellas en Madrid, contra el gobierno regional de Díaz Ayuso y los responsables de diez residencias. Y en esa investigación judicial acabará el documento que varios medios han publicado días atrás y que recoge los criterios que debe reunir un residente para ser trasladado al hospital y, por tanto, quiénes son los que no deben ser trasladados. Sobre este documento dijo ayer el consejero de Sanidad madrileño que era un borrador que llegó a los centros por error.

Léanse bien el papel es lo que les dijo ayer el vicepresidente Iglesias a los diputados de la oposición que le responsabilizaban a él de lo ocurrido en las residencias.

En esto último tiene razón Iglesias: el mayor problema para Ayuso –-y el mayor problema que podría tener que afrontar ante un juez de instrucción— es el consejero de Asuntos Sociales y lo que está diciendo sobre la gestión de las residencias. Prohibir, no se prohibió el traslado de ancianos. Pero tanto en Madrid, como en Cataluña, como en otros lugares, ocurrió esto que nos contó aquí una de las patronales de las residencias catalanas.

Llamas y no vienen. Nos lo dijo un 19 de marzo. El día siguiente a la voz quebrada del gerente aragonés por la falta de protección de los médicos y enfermeras.

Hay un aluvión de iniciativas judiciales en marcha por la gestión de la epidemia. La de la juez Medel sobre el delegado del gobierno por el 8M no es la única. Y ni siquiera la más preocupante para los gobiernos, en plural: el de Sánchez y los gobiernos autonómicos. Sobre todo si otros jueces y fiscales hacen suyo el criterio de la juez y el fiscal del juzgado de lo social de Teruel. Página 95: la situación era previsible y evitable.

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