Lo contó Isabel Coixet en El País, noviembre de 2017. Aquel otoño del 17, convulso, en Cataluña.
Lo contó así Isabel Coixet:
‘Rosa María llevaba tiempo meditándolo y aquella mañana, ante el café con leche, mientras echaba de menos los cigarrillos decidió que ya era el momento. No se lo dijo a nadie porque sabía que intentarían disuadirla y ella no se sentía con energía suficiente para discutir. Llegó hasta la plaza de Sant Jaume, entró en el Palau de la Generalitat y preguntó a la funcionaria de turno. Ésta le rogó que esperara e hizo una llamada. Apareció un funcionario que, amablemente, estrechó la mano a Rosa María y la condujo a un pequeño despacho. ¿En qué puedo ayudarla, señora Sardá?, le dijo. Es por la cruz de Sant Jordi, respondió ella, quiero devolverla. De hecho, aquí la tiene. La condecoración dice que el día que fallezca la Generalitat publicará una esquela, por favor tengan a bien ahorrársela. El funcionario recogió la carpeta, nervioso, sin saber muy bien qué hacer con ella. Rosa María le pidió un recibo. Sí, un recibo, la prueba de que la he devuelto. El funcionario abandonó el despacho y regresó con un albarán. Se dieron la mano. Antes de irse, Rosa María le dijo: ¿Lo de la esquela está claro, verdad? Sí, sí, respondió él. Al salir a la calle se sintió triste y se sintió libre. Coherente, aunque le costara amistades, insultos e incomprensión.
He repasado las esquelas que hoy se publican de Rosa María Sardá. Confirmo que el funcionario hizo su trabajo. No hay esquela de la Generalitat.Ella no quiso que la hubiera porque esta Generalitat no la reconocía como suya. Aun llamándose Generalitat de Cataluña.
Qué tal, cómo están, bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 12 de junio de 2020.
A las diez de la noche de ayer volvió la diversión.
El entretenimiento más popular de España: la liga de fútbol. El Sevilla recibió al Betis a grada vacía con la emoción de la primera vez y la sensación de que faltaba algo. Bueno, no era una sensación. Faltaban los espectadores. Y se oía a los vencejos.
Faltaban los espectadores y van a seguir faltando. Esta tarde en Granada, esta noche en Valencia. Mañana el Leganés, en Vigo, en Palma, en Cornellá. No se hagan ilusiones los abonados que están en fase tres porque para el fútbol no hay más fase que la que decida el gobierno. Y, de momento, la fase es de estadios desploblados y sin regreso de las aficiones.
Manda en las condiciones de celebración de los partidos para lo que queda de liga la secretaria de Estado Irene Lozano. Y para la temporada que viene, veremos. Porque el fútbol, y el resto de los eventos deportivos, no va a ser ajeno a las nuevas normas sanitarias. Volverán, alguna vez, los espectadores pero habrá que ver en qué condiciones.
Como pasa con los colegios y como pasa con las universidades.
Los planes para el curso que viene siguen en el aire. Como viene recordando el gobierno estos días cada vez que se habla de las residencias y los hospitales, las competencias de Educación siguen siendo de los gobiernos autonómicos. De modo que ayer escucharon con educación a la ministra Celaá, le pidieron alguna explicación sobre sus cambios de criterio y su idea de encapsular a los alumnos más pequeños en grupos que no se relacionen con los demás, y le recordaron que organizar las escuelas es cosa de las autonomías, no del gobierno central. Todo lo más que han acordado es que la meta es que vuelvan a las aulas todos los estudiantes (nada de andar turnándose unos en clase otros en casa), que funcione el transporte escolar (la ruta) y que haya comedor. Se atenderá a lo que establezca el ministerio de Sanidad, el metro y medio de distancia, siempre que se pueda. Que significa que hay colegios en los que no hay espacio suficiente para separar tanto a los alumnos. Y que en esos colegios habrá que encontrar alguna alternativa.
Se dan las autoridades tiempo, hasta agosto, para ir cerrando todos los flecos pendientes del nuevo curso escolar. Antes hay que terminar el curso actual y hay que resolver la Ebau.
Y hay que resolver también que hacemos con las homilías del presidente Sánchez. Si decaen con el estado de alarma, como anhelan los programadores televisivos del fin de semana, que están hasta las pestañas de tener que levantar programas e informativos para emitir Tele Moncloa, o se ha aficionado tanto el presidente a la charla que la convierte en programa fijo, ya para siempre.
Todo indica que a Felipe González las homilías se le hacen largas. Ayer elogió a Angela Merkel por hablar corto.
Elogiar a Merkel para des-elogiar, sin citarle, a Sánchez. A quien hace llegar, como al resto del personal político, un consejo de veterano que participó en los pactos de la Moncloa de verdad, los del 77.
Hay un primer ministro que va a declarar hoy en la investigación judicial sobre la gestión de la epidemia. Con toda normalidad. El primer ministro es italiano, Giusseppe Conte. El gobernante que no lidera ningún partido político, que preside un gabinete de coalición, y que fue el primero en confinar a la población para romper las cadenas de transmisión del virus.
Pero la fiscalía quiere saber por qué se cerraron varios municipios de Lombardía cuando se detectaron los primeros focos (Codogno y otras diez localidades) pero no se hizo lo mismo con dos ciudades de la provincia de Bérgamo. Y si pudo pesar en la decisión de las autoridades la presión de algunos empresarios para que la actividad productiva no se viera alterada.
Conte no está ni acusado ni investigado. Los fiscales de Bérgamo le citan como persona con responsabilidades y, por tanto, enterada. Y lo probable es que el primer ministro atribuya al gobierno regional la decisión de cerrar unos pueblos y otros no, tal como el gobierno regional le achaca la responsabilidad al gobierno central. Y si a usted esta situación le resulta familiar o le recuerda a lo que estamos viviendo ya en España, pues no me extraña. En realidad, este camino aún está empezando a recorrerse en nuestro país. Tal como ocurre en Bérgamo, donde son familiares de fallecidos quienes impulsan la investigación judicial, en España hay denuncias presentadas por grupos de familias afectadas. Hasta hoy el foco mediático está puesto en la causa del 8M y el delegado del gobierno en Madrid, pero en breve se irá desplazando esa atención a otras denuncias, por lo ocurrido en los hospitales y en las residencias, que afectan a todas las administraciones.
El 19 de marzo, primera vez que compareció Pablo Iglesias desde la declaración de la alarma, anunció el vicepresidente (como viene recordando él mismo estos días) los trescientos millones que el gobierno había puesto a disposición de los gobiernos autonómicos para dotar de personal las residencias de mayores. En aquella comparecencia se produjo un momento un poco embarazoso: cuando el vicepresidente declaró su sorpresa al comprobar que la ministra de Defensa era sensible a la situación de los desfavorecidos.
Sorprendido y emocionado. Nunca pudo pensar que a la señora Robles le preocuparan los sin techo. Ayer le preguntaron en Antena3 a la ministra Robles por Iglesias: por su insistencia en que el gobierno de Madrid ha podido tener un comportamiento criminal con los ancianos de las residencias.
Seguramente sintoniza más con Robles que con Iglesias el líder de la oposición madrileña, Ángel Gabilondo, de cuya forma de entender la política forma parte, sin duda, la rendición de cuentas (y el examen de lo que se ha hecho y de las negligencias que hayan podido cometerse) pero no forma parte ni la satanización del adversario ni el verbo grueso.
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