Monólogo de Alsina: "Si los VTC renuncian, los taxistas conseguirán una victoria mucho mayor que la que nunca soñaron"

El pasado día ocho, en este programa, Pablo Casado anunció que la candidata de su partido a la presidencia de Cantabria sería una de las deportistas españolas más populares y de mayor éxito en lo suyo, Ruth Beitia.

Cuando le pregunté a Casado qué razones le habían llevado a escoger a Ruth y no a la presidenta del partido en Cantabria,Sáenz de Buruaga, él repasó el palmarés de triunfos de la elegida. Palmarés deportivo, que no político.

Si Casado hubiera sido el seleccionador de un combinado deportivo, su respuesta habría tenido todo el sentido. Pero siendo, como es, el seleccionador de un combinado político, fue revelador que se ciñera a currículum, muy brillante, de Beitia en el salto de altura.

Cuatro días después, viernes 11, la candidata ofreció en este programa su primera entrevista. Usted ya sabrá que la respuesta que dio cuando le pregunté si compartía el discurso deVox sobre la ley de violencia de género levantó una notable polvareda. Esta respuesta.

Ella misma admitió luego que se había expresado mal y que dijo algo que, expresado así, resulta absurdo. Con toda humildad aceptó que su estreno había sido bien poco afortunado.

Anoche anunció el Partido Popular que Ruth Beitia deja de ser su candidata. Ella ha alegado razones familiares para esta retirada. Que es verdad que deja en situación apurada a quien la eligió, Pablo Casado, porque lo hizo en contra del criterio de quien ahora va a asumir la candidatura, la señora Sáenz de Buruaga. Después de aquella entrevista en este programa, y de la que se lió, es lógico (e inevitable) pensar que la razón de esta caída fue aquel estreno desafortunado. Tiene sentido pensar así. Sin embargo, yo tengo razones para pensar que los motivos familiares que menciona Ruth Beitia son motivos muy ciertos y poco gratos.

En efecto, y a raíz de aquella entrevista, fueron muchos los que concluyeron que ser una atleta consumada, una mujer popular, admirada, querida, no equivale a tener unas dotes políticas prodigiosas. Ojo, tampoco a no tenerlas. La política es una actividad resbaladiza en la que ni siquiera una buena gestión te salva de meter un día la pata de forma sonada en una entrevista radiofónica. Ruth le habrá dado muchas vueltas a eso en esta dos semanas. Pero vuelvo a lo de antes: que todo eso sea así no significa que los motivos familiares que ahora menciona no sean ciertos y que no se acoja con respeto la decisión, honrada, que ha tomado.

Los taxistas de Madrid, sus asociaciones patronales, tienen derecho a presionar al gobierno autonómico para que ponga todos los obstáculos posibles a la actividad de Uber y Cabify, a lo que no tienen derecho es a sabotear la principal feria que se celebra cada año en Madrid, FITUR, el Salón del Turismo de un país cuyo primer sector económico es el turismo. Los taxistas pueden hacer huelga y no llevar pasajeros al Ifema, lo que no pueden es erigirse ellos en dueños y señores de los accesos a la feria. Es obligación de las administraciones —la municipal, la autonómica, la estatal— garantizar que a FITUR se pueda entrar y salir con normalidad esta mañana. Como es obligación de las administraciones garantizar que las vías públicas puedan ser transitadas: las calles, las avenidas y las autovías. Las manifestaciones se convocan y se pide la autorización correspondiente para ocupar la vía pública. Los cortes de carreteras por las bravas no son una manifestación, son una alteración del orden público. Y aquellos que se están reivindincando como servicio público no pueden convertirse, envueltos en la bandera de la defensa de sus intereses, en un desorden público.

Los gobiernos autonómicos de Cataluña y Madrid han respondido de manera diferente a la exigencia de las asociaciones del taxi. Éstas reclaman que el usuario que contrate un Uber o un Cabify tenga que hacerlo con varias horas de antelación, de manera que el servicio inmediato sólo puedan proporcionarlo los taxis. En Madrid el gobierno regional ha dicho que por ahí no pasa.

Mientras que en Cataluña el gobierno autonómico empezó ofreciendo una demora de quince minutos obligatoria para las VTC y ayer aumentó a una hora. Cediendo a la pretensión del taxi y provocando que Uber y Cabify anuncien que dejan de prestar servicio en Barcelona.

Si los VTC renuncian a operar en Barcelona o en Madrid, los taxistas conseguirán una victoria mucho mayor que la que nunca soñaron, pero a costa de que los conductores que se ganan la vida con los VTC se queden sin trabajo y de que un servicio demandado por miles de usuarios y que está presente en otras grandes capitales quede proscrito en España. A cuatro meses de unas elecciones municipales y autonómicas, el cálculo en el que están los partidos es dónde hay más votantes en juego: si entre los taxistas o entre los VTC. Y sus clientelas respectivas.