Procedo al indulto de Juan Carlos I de Borbón y último de Arabia, toda vez que el exilio en el Golfo puede llegar a convertirse en su última morada. Un destino inmisericorde para un español que nació en el exilio, Roma, y que puede agonizar también en el exilio.
Allí padece una condena preventiva que le despoja de cualquier derecho. Se trata del destierro. Que no figura en el código penal. Y que se le ha administrado como una medida de emergencia, no solo para satisfacer la indignación de la opinión pública, sino para evitar que el escándalo de las fechorías del rey emérito y demérito se propaguen en la corona.
El escarmiento es elocuente. Porque Juan Carlos I de Borbón gozaba de todos los privilegios, empezando por la inviolabilidad. Y ahora se resiente de cualquier expectativa redentora. No es que celebrara el martes su octogésimo tercer cumpleaños en estado de decadencia o de decrepitud -ahí están las imágenes robadas. Es que se ha quedado sin patria, sin familia, sin corona y sin prestigio.
Culpa suya, en primer lugar. Por haberse creído impune e inmune. Culpa de los cortesanos. Que consintieron y protegieron las anomalías. Y culpa de la corriente antimonárquica. No ya patrimonio de los partidos soberanistas, sino instalada en el propio Gobierno. A Iglesias y a Garzón les gustaría jugar al baloncesto con la cabeza del Juan Carlos I.
De Borbón y de bribón, pues se diría que el nombre del yate de competición donde operaba el monarca ya presagiaba la temeridad de los comportamientos que luego se han verificado, cuentas en Suiza, sociedades en Bahamas, amantes despechadas, comisiones multimillonarias, amistades peligrosas en las satrapías del Golfo.
No es cuestión de trivializar la figura de Juan Carlos I, ni despojarle de los méritos derivados de su puesto como timonel de la transición, pero ha sido él quien más ha conspirado contra la corona y quien ahora pasa los Reyes, los Reyes, en la distopía de Abu Dhabi.
