Una reflexión alarmada, que no salva a ninguno de los agentes de la reforma. No salva al PP, origen de todo, porque no es defendible el obstruccionismo. Vetar a Podemos en la negociación es desconocer el voto de los ciudadanos. Si trata de mantener su mayoría, que hubiera ganado las elecciones.
Y no puede justificar esta proposición de ley por una simple y escandalosa razón: si para elegir a doce jueces como vocales solo se requiere la mayoría absoluta, los elegidos serán los que decida la mayoría gubernamental. Y eso será crear un Poder Judicial del gobierno.
El Consejo nació con todas las garantías de independencia. Para ello se le otorga un mandato de cinco años, que no coincida con la legislatura y no le afecten los vaivenes políticos. Ese era también el espíritu de la Constitución al marcar una mayoría de tres quintos para elegir a ocho vocales entre juristas de prestigio. Ese espíritu constitucional desaparece y con él sufre un golpe mortal la separación de poderes.
No hay tal separación si la mayoría del Poder Judicial es la misma que la del poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos ante un retroceso en algo tan necesario de salvaguardar como es la Justicia. Si había que cambiar la ley, era preferible que se cambiase para que los jueces sean los electores. Así, por lo menos, terminaba la imagen de penetración de la política. Pero no se ha querido hacer. Lo que interesa de la Justicia a la mayoría gobernante se resume en una sola palabra: control.
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