Y mira que la ley ha sido previsora: a ese Consejo se le da una duración de cinco años, para mantenerlo al margen de los vaivenes políticos y los cambios de gobierno. Pero, como los vocales son negociados por los partidos, si la renovación coincide con un bloqueo como el actual, a nadie se le ocurre ni intentar mover un nombre, por mucho que los plazos se hayan cumplido y se esté rozando la ilegalidad.
Y así, el Consejo y su presidente están también en funciones, que es como decir que están atascados y maniatados. Si hacen un nombramiento, se echan encima las asociaciones perjudicadas. Si no lo hacen, son criticados por inactividad. Tampoco pueden tener un programa de renovación de la Justicia, porque no tienen un mandato definido para ejecutarlo.
Pero que nadie se preocupe, porque todo puede empeorar. Y puede empeorar si una de las mercancías del pacto político es ofrecer a Podemos vocalías o la propia presidencia de la institución para comprar la continuidad de Sánchez en La Moncloa. Es brutal que eso se pueda plantear, pero es lo que se acaba de hacer. Y las vacantes son una oportunidad. Desvergonzada, pero oportunidad.