El mejor camino habría sido que la Iglesia tuviera la iniciativa de investigar y depurar. Tenía razones muy importantes. La primera, espiritual: combatir el pecado, que es uno de sus fines en este mundo, y malamente se combate si se disculpa o se oculta el cometido en su seno. La segunda, práctica: evitar un gravísimo daño reputacional que afecta a la captación de fieles. Y la tercera evitar el escándalo, tal como advirtió Jesús de Nazaret: “Ay de aquel que escandalizara”.
Sin esa depuración interna, se renunció a la ejemplaridad y el pecado se convirtió en delito. Un delito nefando.
En España, el portavoz de los obispos redujo los abusos sexuales en el ámbito religioso al 0,8 por ciento de los cometidos en España en los últimos 20 años. Ante ese empeño negacionista, tienen que actuar los poderes públicos. Hay dos vías, la judicial a través de la Fiscalía, y la política.
La judicial seguirá su curso. Nada que oponer. Si hay un delito extendido, investíguese y punto. La vía política tuvo la tentación de la comisión parlamentaria, que solo aportaría el desfile morboso de personas y una verdad ideológica y partidista proclamada por número de votos. Nada recomendable.
La comisión de expertos presidida por el Defensor del Pueblo tiene nivel institucional, espero que tenga nivel técnico y Ángel Gabilondo, además de fraile antes que cocinero, es hombre de principios.
Como tu pregunta, Alsina, es qué me parece, respondo con tres palabras: la mejor solución.
