La noticia de la Conferencia Episcopal francesa tiene dos aspectos muy positivos. Uno, que en Francia se hizo una investigación promovida por la propia Iglesia, que descubrió esta penosa realidad: desde 1950 a 2020, los religiosos de profesión cometieron 216.000 abusos a menores.
El segundo, que la decisión de indemnizar a las víctimas no es fruto de una sentencia judicial, sino de la voluntad de la jerarquía de reparar de alguna forma a las víctimas, que nunca olvidaron las agresiones. Al no exigir responsabilidades penales, siempre quedará la duda de que se indulta a los agresores. Quizá muchos de ellos han fallecido, porque hablamos de hechos recientes, pero también de hace setenta años.
Aquí la Iglesia no promovió esa investigación ni se le ven ganas de hacerla. Los datos conocidos son de personas que rompieron el silencio o de investigaciones periodísticas
Alsina me plantea una comparación con España, y es importante hacerla, porque aquí la Iglesia no promovió esa investigación ni se le ven ganas de hacerla. Los datos conocidos son de personas que rompieron el silencio o de investigaciones periodísticas. La jerarquía reconoce agresiones, pero con la boca pequeña.
Cuesta trabajo creer que los abusos hayan alcanzado el nivel numérico de Francia, pero cuesta también creer que seamos una excepción, dado que esa perversión tuvo carácter universal, como se desprende de las palabras de perdón del Papa Francisco.
En el aspecto religioso, la nueva “revolución francesa” es esa: investigación, confesión, propósito de enmienda y reparación. Es lo que la Iglesia nos exige a los pecadores en los actos de contrición.
