Tienes toda la razón. Desde el año 2017, fecha de la primera sentencia que matiza este impuesto, todos los años hubo algo: otra sentencia para que el pago no sea mayor que el beneficio, que solía ocurrir, una propuesta de reforma del PP, otra deCiudadanos y no sé si alguna más.
Pero en este país últimamente, nada de lo que proponga la oposición merece ser escuchado, mucho menos atendido, porque le puede dar votos. Así que no se hizo nada, Hacienda pensó que cualquiera se mete ahora en el lío de hacer un impuesto de plusvalía más objetivo y así estamos: los alcaldes con el agua al cuello, preguntando cómo cuidan ahora las rotondas y el alumbrado público y espero que alguno preguntando también cómo paga la labor asistencial.
La anulación de la plusvalía es una gran noticia para quien tenga algo que vender, una faena para quien lo hizo hasta hoy, un motivo de cabreo para quien vendió con pérdidas y el ayuntamiento archivó su recurso y un golpe muy serio para las arcas municipales, que son las más próximas al ciudadano. Un bajonazo de 2.500 millones. O más, si es cierto que vuelve la fiebre del ladrillo.
Lo sufren las urbanas y es indiferente para la España vaciada, porque allí ni se compra, ni se vende, ni hay plusvalías que engorden. Y la verdad política de fondo, que quienes legislan con eficacia en este país son los tribunales, auténticos defensores del pueblo. Unas veces, la Justicia ordinaria; casi siempre, como ahora, el Constitucional.
