Es que con este asunto pasa algo bastante habitual: los titulares de la noticia no se corresponden exactamente con lo ocurrido. Los titulares dicen: “la Justicia paraliza el rescate de Plus Ultra”. Y eso es una verdad a medias. Como los 53 millones de euros otorgados a la compañía están marcados por la sospecha, perdón, por multitud de sospechas, se interpreta que se ha descubierto el escándalo del siglo. La verdad auténtica es que el Juzgado le da a Plus Ultra un plazo de cinco días para justificar que necesita el dinero que habría que entregarle dentro de esos cinco días para completar el rescate.
Y lo que hizo Nadia Calviño, que no suele mentir, ha sido pedir al juzgado que haga esa labor de investigación. A mí, dentro de lo poco explicable que ha sido esa generosidad del Estado para un regalo poco y mal justificado, esto que hace el gobierno me parece correcto. ¿Hay dudas? Que decida el juez. Única pega: la Administración del Estado, con su potencial de altos funcionarios, abogados, economistas y policías, debería haber investigado la necesidad del rescate antes de concederlo. Si ahora hay que ir al juez, es, insisto porque antes no se hizo bien. Y si todo se deja en manos de los jueces, que no tienen ni la milésima parte de recursos técnicos y humanos, que nadie se extrañe de que se judicialicen hasta las decisiones administrativas. Y algo más: si en el caso Plus Ultra la vicepresidenta económica tiene dudas, algo oscuro tiene que haber.
