La delegada del Gobierno en Madrid tiene coartada, disculpa o, cuando menos, atenuante: los extremistas homófobos la engañaron. Convocaron la manifestación para protestar contra las Agendas 2030/2050 porque consideran que atentan “contra la cultura y la identidad de los pueblos de España”.
Como el derecho de manifestación es sagrado y se aplica incluso para recibir a criminales etarras que cumplieron condena, a ver quién se niega en este tiempo a autorizarla. Visto cómo la Justicia y el Gobierno se la cogieron con papel de fumar para no impedir el homenaje a Parot; visto también cómo se hicieron medio centenar de actos en protesta contra una cadena perpetua que no existe, me temo que las solicitudes de manifestación se tramitan sin mirar ni investigar, y se autoriza todo.
España es un país libre y los derechos constitucionales son sagrados. En esas condiciones se cuelan los falsarios y se pueden colar las incitaciones al odio. Yo no suscribo la petición de dimisión de la delegada porque su ingenuidad o imprevisión no me parecen razones suficientes. Si acaso, la suscribo por no haber mandado a los guardias a deshacer la manifestación, en vez de protegerla, y detener a los cabecillas, cuando se descubrió la verdad y se detectaron la gravedad y el atentado contra los derechos y la libertad de otros ciudadanos.
Y elevo una protesta: ya está bien de que los más extremistas e intolerantes se apropien, como se apropiaron ayer, de la bandera nacional.
