Este cronista siempre supone buena voluntad y limpieza en los gobernantes. Supone, por tanto, que si hubo muchos decretos-leyes ha sido por lo excepcional del tiempo vivido. Es que fue constituirse la coalición, darse Sánchez e Iglesias el abrazo de Moncloa, ver incorporarse a gigantes del Estado como Alberto Garzón, y estalló el coronavirus. Quizá no hubo más remedio que acudir al decreto-ley.
Es cierto que han sido muchos, algo así como medio centenar en año y medio. Descontadas las vacaciones, salen casi a uno por semana. En condiciones normales, sería un clarísimo abuso. En medio de una pandemia como la sufrida y con unas gravísimas heridas económicas y sociales, por lo menos hay una apariencia de justificación. Lo que no tiene un pase es justamente el decreto que ayer tumbó el Tribunal Constitucional, y así lo dijimos en su día.
Eso de colar de tapadillo a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, es decir, el CNI, en unas medidas sanitarias urgentes, ha sido como colar un alijo de cocaína en envases de vacunas con el cartel de gobierno de España. Y eso de hacerlo acompañar por Iván Redondo para disimular la presencia del jefe de Podemos en los secretos de Estado, ha sido de una osadía que rozó la desvergüenza y de una jeta que pocas veces habíamos visto. Pero se hizo desde la soberbia y la creencia de que aquí cuela todo. Pues no cuela. Aunque tarde, todavía nos queda y nos salva el Tribunal Constitucional.
