Yo creo que es al revés: el Gobierno y todos los españoles tenemos la fortuna de que el gobernador del Banco de España sea un hombre independiente. Si no lo fuese, esa institución sería una extensión del poder político, es decir una aberración, o un brazo de golpeo de la oposición, es decir, otro descarrío.
Hernández de Cos no hace proclamas políticas, sino diagnósticos a partir de los datos. Donde hay aciertos, los reconoce, donde hay errores los denuncia y donde hay peligros los advierte. Y de todo ello surgen retratos de dureza, advertencias obligadas y recomendaciones honestas.
El gobernador del Banco de España no es estrictamente una persona: es un equipo de estudios de máximo nivel. De ahí su credibilidad. En su último informe hay dos aspectos de impacto. Uno, la descripción del panorama que no coincide con la euforia gubernamental, la opinión pública debe saberlo y el poder ejecutivo debe tenerlo presente para no vivir en un mundo onírico.
El otro es su diagnóstico del sistema público de pensiones. Ahí se produce un choque de mentalidades: la técnica, que hace números y le sale que ligar la subida a una inflación altísima supone meter al país en un déficit de lustros o en un riesgo de quiebra. La otra, humanitaria, dice que no se puede empobrecer al pensionista.
¿Por cuál se decide el poder político? Ese es el dilema. A quien sepa resolverlo sin arruinar el Estado ni empobrecer al pensionista, hagámoslo presidente. Pero vitalicio.
