Intento entenderlo o entenderla, director, pero tampoco hoy debe ser mi día. Es que la decisión de la presidenta Batet entra en el capítulo de lo insólito, de lo impensable, de lo inusitado o, cuando menos, de lo original.
Como la señora Batet es política, y tercera autoridad del Estado, debe pensar que goza de ese extraño privilegio de los políticos de hoy, que es considerar la ley como un trámite de no obligado cumplimiento. Pero lo más tremendo es que su decisión haya sido amparada por los Letrados del Congreso, que ya ignoro también si actúan como gentes de leyes u obedecen a intereses políticos. En todo caso, debe pasar a la historia cómica de las democracias que una sentencia de un Tribunal Supremo, sea el que sea, resulte susceptible de ser reinterpretada por otro de los poderes del Estado.
Decíamos ayer que, si un particular hiciera eso, le aplicarían la permanente revisable. Al reclamar el Alto Tribunal que se le informe de cómo se aplica al diputado Rodríguez la inhabilitación, la presidenta Batet solo tiene dos salidas: u obedece a los jueces, o abre otro conflicto institucional de gran calibre. Y atención al síntoma siguiente: en el desbarajuste de este país, si alguien pide que se cumpla la condena de alguien de Podemos, ya se encargará Podemos de calificarlo como fascista que busca y defiende la represión de los que no piensan como él. Espero, querido Alsina, que ese miedo no haya condicionado a la señora Batet.
