No lo sé, director. No lo sé, pero solo puede haber tres explicaciones. Una, que el gobierno entiende que con la legislación actual no es preciso cambiar nada. Con el estado de alarma y en el futuro, tras lo dicho por el Tribunal Constitucional, quizá con el estado de excepción, se combate cualquier pandemia. Esa voluntad inmovilista quedó demostrada con la encomienda de la gestión a las autonomías: para sorpresa general, el gabinete entendió que las comunidades tienen recursos legales suficientes. La dimensión del error la ponen de manifiesto las resoluciones judiciales contradictorias que vemos estos días.
La segunda explicación es que el gobierno está encorsetado en las soluciones sociales: lo prioritario es el escudo social, nosotros no somos la derecha, nosotros tenemos otra forma de superar la crisis, y los aspectos legales no merecieron mayor atención. Acertaron en el principio de solidaridad, se equivocaron, no hay más que verlo, en lo legislativo.
Y la tercera es una sospecha: ¿de dónde proceden las iniciativas de hacer una legislación sanitaria específica? De la oposición política. Y en concreto, del Partido Popular. Y no diré yo que a Sánchez le produzca urticaria aceptar algo que provenga de un despacho de la calle Génova, pero se la produce. No es solo por discrepancia ideológica; es que al PSOE actual le parece que aceptar algo del PP supone una insoportable contaminación y algo impresentable para sus socios de coalición.
