Madrid |
Ónega piensa que quien piensa así dice en parte la verdad. Los señores fiscales no tenían por qué deducir que el Gobierno tiene intención de indultar a los presos, cuando lo único que hizo hasta el momento ha sido tramitarlo como manda la ley.
Y tampoco tenían por qué dar por hecho que la concesión de ese indulto será el pago por el voto de los independentistas a los Presupuestos. Si lo hacen, espero que tengan las pruebas y en ese caso el trueque de indultos por votos sería más que una deformación del diálogo; sería un escándalo.
También veo alegato político en su negación de que el indulto tenga utilidad pública. Eso es opinable, porque se desconoce –y creo que los fiscales también—cuáles serán los efectos del indulto en la política catalana y en su relación con el Estado.
Diré, en defensa de los fiscales, que la política es inevitable en la consideración de unos delitos que no son políticos, pero sí fueron cometidos en el ámbito político. En lo demás, las razones jurídicas son irrefutables.
Es evidente que no hay arrepentimiento en los autores, que esa sí es una causa objetiva para que un fiscal se oponga al indulto. Es también evidente que hubo deslealtad democrática.
Y está claro que los fiscales han sido coherentes con sus acusaciones en la vista oral. Lo sorprendente sería que apostaran por la medida de gracia después de sentirse defraudados por la condena por sedición, cuando ellos sostuvieron y sostienen que el delito fue de rebelión.